En el estado de Veracruz persiste un sistema de persecución penal para ejecutar venganzas políticas a través del aparato de justicia, señaló el abogado Adán Armenta, esposo de la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, acusada por presunto ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de recursos públicos.

En el trabajo “Crónica de una pesadilla judicial: Yolli García, extitular de Transparencia de Veracruz, lleva tres años presa pese a anomalías” de Animal Político y México Evalúa, el abogado asegura que la detención de su pareja en marzo de 2020, y todo el proceso judicial que ha seguido es una forma usada para castigar a funcionarios incómodos.

“El caso de Yolli es un claro ejemplo de que el sistema de persecución penal en el estado de Veracruz está a disposición de los intereses políticos del gobierno de Cuitláhuac García”, señaló Armenta.

Adán Armenta señala que para la detención de su esposa el 26 de marzo de 2019 la actual titular del IVAI, Naldy Rodríguez, fue pieza clave pues habría sido quien citó a Yolli “N” con el pretexto de solicitar su apoyo para comprender algunas cosas que no entendía y al momento de la reunión hizo una señal a los policías para que la detuvieran.

“Le habló y le dijo: ‘Ayúdame con unas cosas del instituto que no entiendo. Te veo en tal restaurante’. Y, como no debía nada, Yolli fue a verla. Y cuál fue la sorpresa que cuando iba llegando, la señora (Naldy Rodríguez) hizo una señal a unos policías y ahí mismo la agarraron. Es decir, ella (Naldy Rodríguez) la puso”, asegura Armenta.

Señala que Animal Político buscó a Naldy Rodríguez, quien por medio de un escrito rechazó tener responsabilidad alguna en la detención.

“Es claro que intentan desprestigiar a una servidora (el esposo y un amigo de la ex comisionada, quienes han vertido esa falsa versión) para desviar la atención del tema de fondo: la crisis financiera y jurisdiccional en la que se encontraba el IVAI y que dio origen a las denuncias que interpuso el OIC en su contra. Además, es evidente que fue un juez quien otorgó y giró una orden de aprehensión en contra de la ex comisionada al encontrar elementos para ello. Una servidora no ha tenido ninguna de esas facultades ni injerencia en un proceso judicial”, escribió Rodríguez, quien incorporó documentación sobre la mala situación financiera del IVAI que se encontró cuando llegó al cargo.

Hay que recordar que Yolli “N” lleva casi tres años privada de la libertad tras ser denunciada por presunto ejercicio indebido del servicio público en el nombramiento de dos funcionarios de la Contraloría interna del IVAI.

El reportaje señala que aunque los delitos que le imputan no ameritan prisión preventiva automática, esta le fue impuesta bajo el argumento de que la ex funcionaria contaba con un pasaporte y recursos para poderse abstraer de la justicia, a pesar de tener un arraigo en Veracruz por más de 15 años.

Tras una serie de amparos la justicia federal determinó por un lado que el juez de control veracruzano cometió irregularidades a la hora de decretar la prisión preventiva; y por otro, que esta medida no se justifica en el caso de una mujer cuyo riesgo de fuga es “mínimo” y que por tanto la justicia veracruzana está sometiendo a la ex funcionaria a una “condena anticipada” bajo el disfraz de la prisión preventiva.

A pesar de ello, “la pesadilla judicial no ha terminado, pues la fiscalía ha ido abriendo más procesos penales —por ahora suman tres— en contra de Yolli”, señala el trabajo firmado por Manu Ureste.

En el trabajo se destaca que la detención de Yolli “N” se dio luego de que el IVAI emitió su primera resolución incómoda para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues ordenó a las secretarías de Finanzas y de Seguridad y a la Contraloría que buscaran, localizaran y transparentaran la información solicitada sobre los costos de la compra de 160 patrullas de policía, misma que había sido negada y que derivó en 17 recursos de revisión de ciudadanos.

En el largo proceso judicial, Animal Político refiere que aunque el 25 de octubre de 2022 el juez federal, Fermín Santiago Santiago, revocó la prisión preventiva al considerar que el juez veracruzano que negó cambiar la prisión por otra medida no era un experto médico para determinar si una persona se recupera o no de una dolencia cardiaca, y lo más importante: señaló que la posibilidad de fuga era mínima en una persona que requiere “de cuidados extremos”.

Lo anterior pues Yolli “N” ha sido sometida a una cirugía de corazón por una afección cardiaca que su defensa afirma pone en riesgo su via.

“La sustracción de la quejosa implica un mayor riesgo que el que conlleva enfrentar la imputación de la fiscalía, ya que no afrontar la acusación y darse a la fuga podría poner en riesgo su salud y con ello su vida”, determinó el juez federal.

Sin embargo, pese a que se revocó la prisión preventiva la Fiscalía abrió otras dos carpetas de investigación por las que también fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva. En diciembre de 2020 se le acusó por un supuesto incumplimiento del deber legal al no dotar de presupuesto al órgano interno de control del IVAI pero su defensa ya logró el pasado mes de enero revocar también la prisión preventiva por las irregularidades en la determinación del juez. Aún así queda vigente la prisión de la tercera carpeta, en la que ahora se le acusa de un presunto uso indebido de recursos públicos.

AVC

Conéctate con Formato7:

Secuestran a joven embarazada, la matan y le extraen al bebé en Veracruz