La abogada Itzel Jurado Ortiz lamentó que es una “pesadilla jurídica” la que enfrentan los legítimos dueños de terrenos en el proceso para lograr el desalojo de integrantes de la Central Independiente Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) del sitio conocido como sierra alta en el municipio de Coatepec.
“Hemos luchado contra las autoridades que son quienes no han querido hacer las cosas. Nos ha costado mucho trabajo lograr este tipo de diligencia (…) Lo más triste para los justiciables es tener que forzar a la autoridad a que haga su trabajo”, criticó.
Al narrar que el sábado pasado fue la sexta ocasión en que se citó para realizar el desalojo, dijo que resulta sospechoso que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no haya acudido tal como lo ordenó la jueza.
“No se presentaron y no contestaron formalmente para justificar su inasistencia toda vez que fue requerimiento de un juez, por eso quedó suspendida la diligencia. Esta diligencia la tiene asignada la Fiscalía, la juez ordenó a la Fiscalía llevar a cabo esta diligencia y debía estar pendiente con antelación para realizarla”.
Comentó que en anteriores ocasiones quienes no acudían eran los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que en esta ocasión sí asistieron pero no así la CEDH, que tampoco justificó su inasistencia.
“Hacemos un llamado enérgico a la Secretaría de Seguridad Pública para que cumpla con sus obligaciones, lo mismo que las otras autoridades. Si no fuera la CEDH porque considera que no tiene facultades o atribuciones, las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos, así que la incomparecencia de la Comisión no cambia que las autoridades estén obligadas a respetar los derechos”.
En entrevista, dijo que tras el fallido intento de desalojo deben informar a la jueza para cite nuevamente a las autoridades, pero que en cada ocasión sus representados gastan entre 10 y 15 mil pesos para la renta de equipo que les fue solicitada como retroexcavadoras.
“Hay que volver a hacer una promoción, somos los que informamos al juez que no se llevó a cabo la diligencia y solicitamos nueva fecha (…) En esta ocasión la juez les pidió a mis representados que llevaran cazadores, cerrajeros, transporte cajas de cartón, bolsas de plástico; es decir, le encargo a las víctimas que gastaran en implementos para desahogar la diligencia, pagaron una retroexcavadora, un camión de volteo y todos los materiales, ellos sí gastaron para poder presentarse a la diligencia. Entre 10 y 15 mil pesos que la autoridad no se presenta la autoridad”.
Jurado Ortiz narró que normalmente no hay más de siete personas en la zona invadida pero que cada que hay cita para llevar a cabo el desalojo llegan hasta 30 personas para impedirlo.
“Cuando fue la diligencia se presentaron más de 30 personas, y hay que ser un monstruo para mandar a niños, mujeres y personas de la tercera edad para instalarnos durante el desarrollo de la diligencia para ponerlos como carne de cañón”.
AVC
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