Aunque el gobierno federal ha expuesto que en 2023 habrá un incremento general de recursos para el sector salud, las “letras chiquitas” del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevén recortes en medicamentos y atención de las personas sin seguridad social.
Además, se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre enfermedades de alto costo, como cáncer o VIH, debido a que el gobierno solicitó transferirlo, antes de junio de 2023, a la Tesorería de la Federación.
Especialistas en salud advirtieron que estas decisiones profundizarán la crisis del sector salud público y afectarán, sobre todo, a las personas con menos recursos.
Un presupuesto opaco
Para el próximo año se prevé un aumento de 3.9% para el sector salud, pero no se tiene certeza de en qué se va a gastar porque la programación del gasto es opaca, aseguró Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa al presentar un análisis del Paquete Económico.
Explicó que, al descontar los recursos del sector que se destinan a fideicomisos y a inversión financiera, en realidad el presupuesto de salud tendría un aumento marginal respecto a lo aprobado en 2022, y sería de de 0.8% más, equivalente a 6.8 mil millones de pesos adicionales.
El problema de las transferencias a los fideicomisos, explicó, es que no se transparentan, por lo que no hay certeza de cómo se hayan ejercido.
El doctor Miguel Ángel González Block, investigador honorario del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó en entrevista que ahora el gobierno tiene menos posibilidad para garantizar el derecho a la salud, entendido como el acceso oportuno y a bajo costo o gratuito a todos los tratamientos.
Sin dinero para cáncer, VIH y otras enfermedades
De 2010 a 2018, el Fonsabi tuvo ingresos trimestrales promedio de 5.6 mil millones de pesos, y egresos por 3.6 mil millones de pesos, detalló la especialista Mariana Campos.
En el actual sexenio, los ingresos del fondo crecieron a 12.7 mil millones de pesos, pero las salidas alcanzaron los 18.5 mil millones de pesos, agregó.
“Esto hace que se esté mermando la reserva de este fondo. Sin embargo, no tenemos claridad y rendición de cuentas adecuadas, porque desde 2020 estamos teniendo carencias de información en gasto y casos atendidos”, subrayó.
En 2018 el fondo acumuló 110 mil millones de pesos, pero a junio de 2022 contaba únicamente con 37.8 mil millones de pesos, monto que el gobierno pretende depositar en la Tesorería de la Federación antes de junio de 2023.
“Y no nos queda claro en qué se va a usar y cómo se van a cubrir las enfermedades crónicas o catastróficas de la población sin seguridad social”, lamentó la experta.
Por ello, solicitó al gobierno y a la Cámara de Diputados esclarecer la información para entender cuál es el plan y qué se propone con estos movimientos.
“En cualquier escenario se habrá dado una estocada mortal al principal mecanismo para atender enfermedades de alto costo, como el cáncer y VIH/sida, capaces de ‘desfondar’ por completo las finanzas de una familia que tiene que enfrentarlas por sí misma. De paso, desaparecerá el instrumento destinado a promover inversión física en municipios con alto grado de marginación”, expuso México Evalúa en su investigación.
Judith Méndez, experta en salud y finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), agregó que también se ha considerado que el nuevo organismo IMSS-Bienestar absorba los recursos del Fonsabi.
“Esto implica algo sumamente preocupante, que es que se sustituyan los recursos de atención para padecimientos de alto costo o de especialidad, como VIH y cáncer, hacia la atención del primer nivel. No es que no se deba atender el primer nivel, el problema es que el bajo financiamiento nos está obligando a decidir entre niveles de atención”, expuso.
La reducción presupuestal a estas enfermedades es notoria. Por ejemplo, detalló que en 2015 se destinaron 2,275 millones de pesos a la atención de cáncer de mama, y en 2020 fueron 1,105 millones de pesos, una reducción de 51.4%.
“De ese tamaño es lo que estamos dejando de atender, no nada más porque no existan fondos, sino porque no sabemos a dónde se están destinando estos recursos”, señaló.
Agregó que una tercera parte de las unidades del sector salud tendrá aumentos presupuestales marginales, mientras que el Hospital Infantil de México tendrá un recorte de 4%; el Instituto Nacional de Pediatría, de 6%, y el Instituto Nacional de Cardiología, 2.5%.
“Aquí también nos preocupa el tema de la equidad intergeneracional: se concentran los recursos en la población de adultos mayores versus los recursos que van a la niñez», apuntó.
Menos para vacunas y fármacos
Mariana Campos explicó que el presupuesto del programa de vacunación tendrá un recorte de 56%, y el de medicamentos, de 15%.
“Se considera casi superada la pandemia, sin embargo, no está completamente superada. Como sabemos, hay esquemas de revacunación”, explicó.
El doctor Miguel Ángel González Block recordó que algunas decisiones improvisadas de este gobierno han agudizado el problema de desabasto de fármacos.
“Esto tiene repercusiones en el presupuesto, pero también en el bolsillo de las familias que se ven obligadas a hacer mayores compras”, explicó.
El recorte al gasto de medicamentos es mayor en la Secretaría de Salud, con 46.7% menos que en 2022, seguida del ISSSTE, con 26% menos recursos, agregó la especialista del CIEP.
Recorte a IMSS-Bienestar e Insabi
Aunque el gobierno decidió transitar del Insabi al IMSS-Bienestar, no apostó por brindar más recursos a esos organismos. En conjunto, indicó Mariana Campos, las dos instituciones tendrán un presupuesto 4.5% menor al de este año.
“Nos parece que el presupuesto todavía no es lo suficientemente alto para el reto que se avecina”, advirtió.
Por otro lado, el presupuesto del Insabi caería 1.2% frente a lo aprobado en 2022, y el gasto de los subsidios para la salud, que benefician directamente a las personas, serán 16% menores al promedio observado entre 2012 y 2018, lo que limitará la atención de las personas, detalló.
Si se considera que entre 2014 y 2022 se otorgaron menos consultas médicas a la población sin seguridad social, señaló, entonces se está pagando más por menos. En 2014, las consultas para ese sector sumaron 159 millones, y en 2022, 87 millones.
“Es una caída tremenda. Y lo que está pasando ahí es que se está dejando de diagnosticar a la gente, se está dejando de dar seguimiento. Nos preocupan especialmente aquellos pacientes con enfermedades crónicas y cómo va a repercutir esto en los indicadores de salud en el mediano y en el largo plazo”, mencionó.
El investigador González Block dijo que no se ven estrategias claras para considerar que el IMSS-Bienestar pueda resolver las demandas de salud de la población sin derechohabiencia.
“No hubo un buen diagnóstico. Es más, las decisiones que se han tomado han sido aceleradas, no ha habido una evaluación efectiva”, afirmó.