Con el voto en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, la mayoría del Congreso de Veracruz avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. La entidad fue la 11 que apoyó la reforma constitucional.
A diferencia de la comparecencia del titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, en la que no participaron, en esta ocasión subieron a tribuna los panistas Nora Jessica Lagunes, Verónica Pulido, Jaime de la Garza y Miguel Hermida Copado que alertaron que la minuta que se votó es una trampa para “militarizar” al país.
La votación fue de apenas 38 votos de Morena, PT, Verde y PRI, ocho en contra de Acción Nacional y una abstención, se validó la minuta que remitió el Senado al Congreso de Veracruz.
Durante el debate la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui aclaró que estaban en contra de la reforma, no en contra de las fuerzas armadas.
“Y es que hay que decirlo con todas sus palabras: El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, para extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal, constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia”.
Afirmó que no sólo el PAN, miles de ciudadanos, académicos e instancias internacionales ven con profunda preocupación la propuesta que ahora está en manos de los congresos locales de mantener a las fuerzas armadas en la calle.
Y es que, aunque los argumentos del partido en el gobierno estén vinculados a la necesidad de hacer frente a la delincuencia en el país, lo cierto es que a casi dos décadas de intervención militar en la seguridad pública del país, no se ha logrado poner fin a la violencia implacable que azota a las familias mexicanas.
Observó que la estrategia federal no ha podido lograr que la población viva tranquila, segura y protegida de los peligros que representa la delincuencia; ya que solo en lo que va de este sexenio, se cuentan más de 130 mil víctimas por la violencia, el secuestro, la extorsión, el robo en la calle y en el transporte público, el cobro de piso, entre muchos delitos más que las familias mexicanas padecen todos los días.
Anunció su voto en contra, pues la historia ha demostrado que conforme haya mayor presencia militar en espacios destinados para los civiles, mayor es el riesgo de violaciones y riesgo a la democracia de los países.
“Con esta reforma los militares estarían facultados de manera indefinida a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por las autoridades civiles de seguridad pública”, alertó.
La panista mencionó que los veracruzanos deben saber que con la reforma: las fuerzas militares podrán detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares.
Lo que hoy se pone a consideración de este pleno es justamente la fallida estrategia para hacer frente a la inseguridad del país, ya que al inicio de la administración federal actual, los partidos de oposición dieron su voto de confianza para que el ejército no regresará a sus cuarteles hasta el 2024, mientras se fortalecían a las demás dependencias de seguridad en los estados y municipios.
Sin embargo, se han recortado recursos a los estados y municipios, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), además otras partidas que persisten para fortalecer a policías locales, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
“Esto es una muestra que refleja la falta de estrategia, y quienes aquí estamos lo sabemos, solo es cuestión de recorrer los municipios de dónde venimos para conocer el estado en que se encuentran las policías municipales”.
AVC
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