El estado mexicano abandonó al campo y no solo a los campesinos y campesinas, sino también a los sistemas tradicionales de producción de alimentos, sustento de la gastronomía mexicana.
Javier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, expresa que uno de estos sistemas tradicionales de producción de alimentos es la milpa, que sintetiza el derecho a la identidad cultural, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al medio ambiente sano, y el derecho a la salud, por mencionar algunos.
Entrevistado en el marco de la VIII Feria de la Milpa, de la cual dicho centro forma parte del comité organizador, expresa que este evento abona a las raíces de México y reivindica el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades.
Sin política de estado
Relata que hace algunos años la gastronomía mexicana fue registrada como “Patrimonio intangible de la humanidad”, pero solo fue de “dientes para fuera” porque nunca se estableció una política de estado que buscara cuidar la milpa y reivindicar la lucha de los pueblos originarios y campesinos.
En este sentido refiere que el regreso presencial de la feria de la milpa, después de más de dos años de pandemia, tiene que ver con la apuesta de que la milpa sea presente y futuro y que la población cuente con alimentos sanos y culturalmente pertinentes.
“La milpa es un sistema de producción de alimentos tradicional, pero es mucho más que eso, es un lugar que congrega a la familia y a la comunidad que siembra y cosecha y celebra en comunidad”.
Tras casi tres años de pandemia, agrega que es necesario provocar a la gente a que se pregunte que come en este momento y si quieren que las recetas heredadas por las abuelas vuelvan a tener un presente y un futuro.
Violencias
El especialista agrega que cuando se mira al campo y a la milpa, es necesario entender una serie de violencias alrededor y que las personas están combatiendo y que el gobierno tendría que desarticular.
Entre otras está el impulso a la agroindustria y las compañías que reciben subsidios del estado mexicano, que reciben trato preferencial y tienen acceso al agua, la cual acaparan.
“Hay una violencia que tendría que ser combatida, está pendiente, la sociedad civil la hemos estado peleando a capa y espada”.
Otra violencia latente es la amenaza a las semillas nativas y la insistencia del gobierno en firmar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, UPOV-91.
“Las semillas nativas hasta como discriminatoriamente se les llama, las semillas de uso común, no están protegidas, no están siendo fomentadas, y la pregunta sería: ¿y eso como lo hacemos?”.
Además está la Ley nacional de fomento al maíz, a la que “en nuestra opinión le faltan dientes”, porque si lo que se desea es cuidar al maíz tradicional, la decisión no está en el estado, sino en las comunidades.
“La pregunta es: ¿Que puede hacer el estado para apoyar a todas estas comunidades, a todas estas personas que hacen milpa, esa es la pregunta que estamos haciendo desde estos espacios”.
Un espacio
Martínez Esponda concluye que a veces lo único que se requiere es que el estado habrá un espacio para atender las problemáticas, como en una escuela, lamentablemente en muchas ocasiones eso no pasa.
“Lo vemos aquí, a las señoras de Tlalnelhuayocan que bajan a vender y no se les permite un espacio digno, o de plano se les cierra la puerta para vender, las tortillerías, más allá del tema de Milpa Real o Maseca, si yo llegó con mi maíz criollo, de colores, no me lo aceptan porque me dicen que voy a pintar y ensuciar, imagínense como está la discriminación, entonces el ejercicio tiene que ver con visibilizar estas discriminaciones y compartirlas”.
AVC
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