Primero la reforma administrativa que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, y ahora la modificación al artículo quinto transitorio del decreto de la GN que extenderá hasta el año 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, es simple y llanamente un reconocimiento al anticipado fracaso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretendía, antes de que finalizara su sexenio en 2024, desmilitarizar la seguridad pública y crear una corporación civil incorrupta y eficaz para enfrentar a los grupos criminales que, de acuerdo con informes de inteligencia militar de Estados Unidos, ya tienen controlada la mitad del territorio mexicano.
Ayer, para tratar de convencer a los rejegos diputados federales del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y algunos priistas –como el representante popular del distrito electoral de Coatepec, Pepe Yunes Zorrilla, que siempre sí votó en contra–, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Rubén Moreira, declaró previo a la sesión que “yo me sentiría mal si regresamos el Ejército a los cuarteles, porque no habría quién defendiera al pueblo en los momentos más extremos, o estamos con el Ejército o están con el narco, tan sencillo”, mientras que el senador Ricardo Monreal –quien la semana anterior fue duramente criticado por el presidente al abstenerse de votar a favor de que el control de la Guardia Nacional pasara a la Sedena–, ahora consideró “inconveniente” acuartelar a los soldados ya que admitió que la inseguridad no se resuelve en año y medio.
El líder del Senado, en cuya entidad natal, Zacatecas –gobernada actualmente por su hermano David Monreal Ávila– no cesa el baño de sangre de las bandas criminales que se disputan el control del estado, se pronunció ayer también porque ambas cámaras aprueben la reforma propuesta por el PRI para ampliar hasta 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad.
Este miércoles, el periódico MILENIO documentó que el constante despliegue de elementos federales para reforzar la seguridad pública en distintas zonas del país y la falta de inversión de los gobiernos estatales en sus cuerpos policiacos ha provocado que en al menos 24 entidades federativas el número de marinos y militares sea mayor que el de los agentes estatales. La investigación del diario capitalino, basada en diversos informes obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes del Inegi, revelan que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desdoblado en conjunto a 192 mil 831 militares a lo largo del país, mientras que en las 32
corporaciones estatales se desempeñan 193 mil 890 agentes.
El incremento de la fuerza militar se ha dado principalmente en entidades con altos índices delictivos y una fuerte presencia de cárteles criminales, como por ejemplo Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero, donde según el informe “La situación de las policías en México”, de la organización Causa en Común, se ha triplicado en algunos casos el número de efectivos castrenses.
Por ejemplo, de acuerdo con el Inegi, en Jalisco se desplegaron 11 mil 763 militares y marinos en dicha demarcación, mientras que los policías locales registrados en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal apenas suman 4 mil 296 efectivos.
En Sinaloa la desproporción es mayor, pues los informes oficiales revelan que las fuerzas federales tienen desplegados 8 mil 110 elementos para apuntalar la seguridad pública; en contraste, las cifras estatales solo reportan mil 571 policías encargados del orden público.
Con lo anterior, se puede observar que en el estado donde opera el Cártel de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la presencia de agentes militares es de cinco a uno en comparación con los cuerpos de seguridad estatal.
En Guanajuato, considerado actualmente como el estado más violento del país, las fuerzas federales son mayores en 150 por ciento al tamaño operativo de la policía local. Cifras oficiales muestran que hay 10 mil 503 efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad, pero el Inegi señala que apenas hay 4 mil 100 policías bajo el mando del gobierno panista.
En otras demarcaciones como Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Baja California Sur, Chiapas, Durango, y Oaxaca la ventaja de las fuerzas federales oscila entre los 2 mil y 3 mil 99 elementos por encima de lo que tienen los cuerpos estatales.
Por el contrario, las únicas entidades que presentan policías estatales con mayor número de agentes son Ciudad de México (+64 mil 482), Veracruz (+4 mil 225), Nuevo León (+2 mil 294), Yucatán (+2 mil 028), Estado de México (+mil 51), Tabasco (+893) y Tlaxcala (+221).