A diferencia de la Reina Isabel II, cuya partida, ya esperada desde 1960, ha causado gran dolor a sus súbditos británicos, la inminente conclusión del “reinado” de la magistrada Isabel Romero Cruz como titular del Poder Judicial de Veracruz generará seguramente sentimientos tanto de alivio como de alegría, pero menos de tristeza a sus pares y subordinados.

A escasos dos meses de ser relevada en el cargo que inesperadamente recibió tras la abrupta salida de la recién fallecida magistrada Sofía Martínez Huerta –defenestrada al año siguiente de su designación, en octubre de 2020, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura con el pretexto de una serie de irregularidades y ausencias injustificadas–, Chabelita Romero ha sido ridiculizada últimamente por los dislates que ha expresado en público, como ocurrió este lunes 5 en Coatepec, donde exigió a los jueces “inconscientes” a reparar y limpiar por su cuenta hasta los sanitarios de los Juzgados.

Una de las magistradas más resentidas con ella es Concepción Flores Saviaga, a la que primero, en septiembre de 2021, había removido como presidenta de la sala en materia de lo familiar, y luego, en agosto pasado, el mismo día en que cumplió los 70 años de edad, la obligó a cumplir con el retiro forzoso, sacándole inclusive sus cosas personales de su oficina. Lo mismo había hecho también en agosto del año pasado con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros al cumplir la edad límite, pese a que aseguró que el Congreso local le había otorgado la inamovilidad que la presidenta del Poder Judicial no estaba respetando.

En cambio, el 5 de abril de este año, Romero Cruz solicitó formalmente al Congreso local, mediante oficio, que le fuera “concedida una dispensa de ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a fin de poder continuar en el cargo de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad, en razón de que en fecha 19 de abril del presente año cumple 70 años de edad”.

En octubre de 2020, paradójicamente, la magistrada Flores Saviaga fue la que propuso separar de su cargo de presidenta a la magistrada Martínez Huerta, al referir que al no presentarse a la sesión y al haber estado notificada legalmente, se podía considerar el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en donde se establece la designación de un presidente interino a cargo del pleno.

“Primero tenemos que tomar la determinación de revocarle su nombramiento de presidente por el incumplimiento de un deber legal que es la situación más grave porque no nos representa y no ha cumplido con las facultades que la Ley establece sujetándose al marco jurídico, entonces tenemos que proceder y propongo que se le revoque su nombramiento como presidenta”, expuso.

Así fue como Chabelita sustituyó a Martínez Huerta quien acababa de ser nombrada presidenta del Poder Judicial del Estado el 12 de diciembre del 2019. Al momento de asumir el cargo, Sofía Martínez no tenía trayectoria judicial. Apenas el 14 de octubre de ese mismo año, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, había sido nombrada magistrada. Antes, se desempeñó como secretaria de acuerdos de la cuarta sala civil, pero nunca dictó una sentencia.

Romero Cruz, quien al igual que Martínez Huerta fue designada magistrada por el Congreso local en octubre de 2019, era juez retirada por contar en ese entonces con más de 65 años de edad. Este cargo lo desarrolló en Misantla y Poza Rica, pero en enero de 2018 fue notificada que debía dejar el cargo por alcanzar el límite de edad permitido. Sin embargo, la 4T la resucitó y hasta le prolongó el ejercicio de su magistratura durante siete meses más, hasta principios de diciembre próximo.

Congreso podría citarla por lengua larga

Por cierto, este jueves, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, dio a conocer que analizan llamar a Chabelita para que comparezca por los contratos otorgados en los últimos años, así como transparentar el manejo del presupuesto anual que ronda los 2 mil millones de pesos, luego de lo expresado por ella a jueces durante un evento en Coatepec, a los cuales reclamó sus exigencias al señalar que no tienen ni un peso del presupuesto para reparar o dar servicios de mantenimiento a los edificios, oficinas e instalaciones de los edificios del Poder Judicial del Estado.

Díaz Ávila comentó que serán los nuevos integrantes de la Comisión de Vigilancia quienes deberán llamar a cuentas a la titular del Poder Judicial, aunque también apuntó que esto se podría hacer con todos los entes públicos autónomos.