En el marco de la toma de protesta de la nueva consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia para reducir a la mitad las prerrogativas; es decir el financiamiento público a los partidos políticos.

La Corte falló en contra de los partidos que promovieron juicios de inconstitucionalidad contra la reducción del dinero público que se les entrega mensualmente.

Es una medida que festinaron en Morena; y a los dirigentes de las fuerzas políticas opositoras les cayó como balde de agua helada.

Lima Franco apuntó que entre octubre y diciembre del presente año, los partidos verán una reducción de casi 40 millones de pesos; y que sólo se espera, para aplicar el recorte, la notificación oficial del fallo de los ministros.

El funcionario dijo que en breve, el gobernador del Estado dará a conocer en qué se aplicaran esos recursos que eran asignados a los partidos; lo más probable es que anuncie el ejecutivo que esos 40 millones de pesos servirán para la rehabilitación de escuelas, para salud o para desarrollo social, medidas que resultan mucho más populares que la entrega de esos recursos a los partidos; sobre todo porque las organizaciones políticas enfrentan un enorme descrédito entre la población, como lo indica la encuesta levantada por Mitofsky, sobre la confianza en las instituciones de México.

En ese trabajo difundido en diciembre de 2020 por la casa encuestadora encabezada por Roy Campos, los partidos políticos fueron los peor evaluados, con una calificación de 5.3. Debido a ello, nadie que no sean los dirigentes y la burocracia partidista está en contra de ese recorte en las prerrogativas; menos aun si se difunde que los 40 millones de pesos serán canalizados al campo, a educación, salud, seguridad o desarrollo social.

Como era de esperarse, los líderes estatales de PAN, PRI y PRD en Veracruz, Federico Salomón, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, respectivamente, se inconformaron contra dicha medida.

El del MC, Sergio Gil, advirtió que el recorte no garantiza un piso parejo en los procesos electorales; y se pronunció por eliminar el financiamiento público, dejarlo en cero. En tanto, sus pares lamentaron que la reducción de sus presupuestos podría orillarlos a despedir a personal de sus partidos.

Ramírez Marín negó que esos recursos se queden en los bolsillos de los líderes; y dijo que ese dinero es fiscalizado. Sin embargo, lo que más se le ha señalado a los partidos es precisamente la opacidad y la falta de rendición de cuentas con que se manejan algunos dirigentes.

Cualquier ex candidato a un cargo de elección popular –así sea en una pequeña alcaldía– sabe perfectamente que las dirigencias de los partidos no canalizan recursos para las campañas; por lo general, las prerrogativas se utilizan para el gasto operativo, para mantener los inmuebles y para cubrir la nómina de la burocracia partidista, pero no para impulsar la competitividad de sus cuadros.

En términos muy generales, los únicos que lamentarán ese recorte son los dirigentes y los burócratas despedidos; no los aspirantes ni los candidatos y mucho menos los ciudadanos.

@luisromero85