El 16 de enero de 2019, siendo diputado federal opositor y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, di mi voto a favor de la creación de la Guardia Nacional propuesta por el Presidente López Obrador. La GN reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional.

Lo hice con responsabilidad absoluta porque el decreto de creación garantizaba el propósito de que habría una nueva fuerza de seguridad civil para que los soldados regresaran a los cuarteles. Las condiciones de inseguridad del país nos obligaban a apoyar al nuevo gobierno en su estrategia de seguridad. No seríamos un obstáculo.

Votamos a favor de la Guardia Nacional porque se trataba de una nueva institución de mando, fuero y naturaleza inequívocamente civiles, de un cuerpo de seguridad que aprovecharía la experiencia y las capacidades del personal y los mandos de origen militar, así como de la Policía Federal.

Una Guardia que debía cumplir los compromisos y las recomendaciones de organismos internacionales sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y una institución a favor del federalismo mediante el fortalecimiento de las policías locales, bajo un esquema de corresponsabilidad. Además, sería una corporación con contrapesos, sujeta al control parlamentario del Senado de la República.

Nada de eso ocurrió. Hoy, con la iniciativa del presidente de enviarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional podría convertirse en la única institución de seguridad pública del Estado mexicano que no logró sobrevivir siquiera al sexenio en la que fue creada.

La Guardia Nacional naufragó entre la improvisación, la falta de estrategia, recursos para el equipamiento y capacitación de sus elementos, la confusión de su naturaleza civil con mandos militares, pero, sobre todo, por su incapacidad operativa para proteger a la población ante la advertencia presidencial de no hacer frente a los delincuentes.

Hoy, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tiene varias lecturas: es el reconocimiento del fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública del Presidente López Obrador, es el endurecimiento del régimen mediante la militarización del país, es alejarnos del camino de la pacificación y es la traición definitiva a la promesa de regresar a los militares a sus cuarteles.

La pacificación de un país mediante la militarización implica necesariamente la cancelación de las libertades individuales y los derechos humanos de la población. Es la ruta más corta al autoritarismo. La historia no miente.

Militarizar a la policía civil no busca contener la violencia criminal desbordada en el país –el presidente ha confirmado que no cambiará su estrategia, que los delincuentes seguirán recibiendo abrazos y los ciudadanos, balazos-, sino que es la única alternativa que tiene Morena para contener la protesta social que vendrá a causa de la violencia, la corrupción y la pobreza.

La Guardia Nacional desaparecerá con un saldo ominoso: 130 mil ejecuciones en poco menos de cuatro años de gobierno. El fracaso del gobierno morenista es absoluto.

La semana pasada, México vivió una fuerte ola de violencia generada por grupos del crimen organizado en varios estados del país, donde ejecutaron incendios en establecimientos comerciales, quema de vehículos para bloquear vialidades y el ataque directo a la población civil, pues sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve personas inocentes fueron asesinadas. Hoy el país está, literalmente, en llamas.

Hace tres años, el PRI votó a favor de la creación de la Guardia Nacional porque sería una institución con un mando civil y no militar. Hoy, ante su evidente fracaso, el Ejército y la Marina Armada se tendrán que hacer cargo de la seguridad pública. El presidente mintió a los mexicanos. Los soldados no volverán a sus cuarteles.

Si se concreta la sinrazón de enviar a la Guardia Nacional al Ejército, ya sabremos los que está por venir: los militares podrán salir a las calles a reprimir la inconformidad y a convertirse en los persuasivos vigilantes de la elección presidencial de 2024.

Los delincuentes pueden estar tranquilos. Seguirán recibiendo abrazos hasta el fin de esta administración.

La puntita

La alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, pide a los delincuentes que cobren piso sólo a quienes “no pagaron sus facturas”. Morena no sólo abraza a los delincuentes, ahora se convierte en entusiasta cobrador de extorsiones.

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