Hace exactamente tres años, cuando Alejandro Moreno Cárdenas decidió solicitar licencia al Congreso del estado de Campeche local para separarse de la gubernatura con el objetivo de contender por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, toda la nomenclatura priista sabía del enriquecimiento inexplicable del mandatario campechano que lo haría vulnerable ante el discurso y la política anticorrupción emprendida desde diciembre de 2018 por el nuevo régimen morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su campaña, el diario Reforma exhibió, por ejemplo, que “Alito” Moreno era propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue gobernador, de septiembre de 2015 a junio de 2019.

No debieron dejarlo pasar entonces, pues ahora Moreno Cárdenas les ha dicho que no piensa renunciar porque a él no lo nombró ningún Presidente de la República –como a los 10 ex dirigentes que se reunieron con él este martes para plantearle su salida ante los desastrosos resultados electorales de su gestión–, sino la militancia tricolor que le aportó casi dos millones de votos.

El miércoles antepasado, a través de Twitter, ya les había enviado sendos mensajes para decirles entrelíneas a sus detractores que no piensa entregar el cargo partidista antes del 19 de agosto del año próximo, cuando formalmente se vence el periodo para el que fue electo. Y es que la semana anterior, “Alito” Moreno difundió por separado dos fotografías, una con Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal de Coahuila, y otra con Eric Sevilla Montes de Oca, dirigente del PRI en el Estado de México, en cuyas entidades se elegirán gobernadores en 2023, un año antes de la sucesión presidencial.

Ayer, los 32 dirigentes estatales del partido tricolor en el país –entre ellos Marlon Ramírez Marín, de Veracruz–, así como los líderes de los sectores obrero (CTM), campesino (CNC) y popular (CNOP) y de organizaciones y organismos especializados como la Red de Jóvenes por México, la Fundación Colosio, el Movimiento Territorial, la ONMPRI, Unidad Revolucionaria, Movimiento PRI.MX y el Instituto Jesús Reyes Heroles publicaron un desplegado en los principales medios impresos de la Ciudad de México para “cerrar filas” con Moreno Cárdenas y la dirigencia nacional que encabeza así como con la Coalición “Va por México”, que integra el Revolucionario Institucional con PAN y PRD.

Insistieron en que los adversarios del Revolucionario Institucional “están afuera del PRI, y no permitiremos que se inmiscuyan en nuestra vida interna y, mucho menos, que se apoderen de nuestro partido, alentando la división y el miedo”.

La reacción de la estructura partidaria era la esperada, ya que la suerte de la mayoría dependerá de la del presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

En el caso de Veracruz, por ejemplo, hasta al peroteño Joel Arcos Roldán, secretario de Alianzas y Desarrollo Político del CDE –cuyo nombre apareció en el tendedero de los acosadores sexuales en la última marcha feminista en Xalapa–, anda “zopiloteando” al presidente Ramírez Marín.

En contraste, hay casos como el del hiperactivo alcalde de Altotonga, Ignacio Morales Guevara, que por su afinidad política con el diputado federal Pepe Yunes Zorrilla, fuerte aspirante del PRI a la gubernatura de 2024, lo han comenzado a encartar para la dirigencia priista, menciones que el munícipe ha tomado con respeto y prudencia ya que ni Marlon –electo en abril de 2019, cuatro meses antes que “Alito”– ha renunciado, y él asumió apenas en enero de este año con la ciudadanía altotonguense el compromiso de “un nuevo comienzo” para su municipio.