Prefacio.
Aunque pareciera un simple desencuentro entre autoridades de la fiscalía de Veracruz y los grupos de búsqueda de personas desaparecidas, lo cierto es que lo que debería ser un esfuerzo coordinado y una actitud de empatía, pende de un muy delgado hilo. *** Este martes, peritos de la Fiscalía de Veracruz chocaron con madres de personas desaparecidas, durante una diligencia de exhumación en el panteón Palo Verde, de Xalapa. *** Los trabajos de búsqueda se realizaron a partir de que un familiar obtuvo indicios de la posible localización de un cuerpo en una fosa común. *** Al abrir la fosa y comenzar los trabajos de excavación, los peritos de la Fiscalía encontraron los restos de cinco personas, inhumadas sin bolsas individualizadas y sin placas de identificación. *** Las madres que atestiguaban la diligencia, integrantes de los colectivos: Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Familiares Enlaces Xalapa; La esperanza del Reencuentro; y del Colectivo por la Paz Xalapa se inconformaron porque sin ningún criterio claro, los peritos se llevaron uno de los cinco cuerpos, y volvieron a inhumar los otros cuatro, descartando someterlo a procesos de identificación. *** “Vinieron, le echaron agua a unos restos y dijeron: ‘sí son’, y se los llevaron. ¿Cómo es que con una foto pudieron decidir cuál de los cuerpos podría ser la persona que buscábamos y descartar a los otros?, es una falta total al trabajo científico que deben hacer los funcionarios”, denunciaron las madres. *** No se trata sólo de la torpeza con la que actuaron los elementos del área de servicios Periciales, sino la falta de tacto y sensibilidad frente a ciudadanos que enfrentan el drama de buscar a familiares desaparecidos.
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El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, no ha dejado de enviar mensajes: O liberan al alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, o se van a tropezar con una piedra muy grande.
Pasiano Rueda ganó las elecciones municipales en Jesús Carranza el año pasado, pero fue detenido por elementos de Seguridad Pública del estado y se le imputó el delito de “ultrajes a la autoridad”.
Estando en prisión y, por lo tanto, sin hacer campaña, Pasiano Rueda volvió a ganar, ahora las elecciones extraordinarias ordenadas por los tribunales electorales. De hecho obtuvo mayor votación que en los primeros comicios.
Y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de “ultrajes a la autoridad”, contemplado en el Código Penal de Veracruz, era inconstitucional, las autoridades en Veracruz están decididas a mantener en prisión al alcalde electo, y para ello pretenden “variarle el delito”, esto es, sustitui9r la denuncia de “ultrajes a la autoridad”, por la de “tentativa de homicidio”.
Lo que sea, con tal de mantenerlo en prisión hasta que ya no esté en tiempo de rendir protesta como alcalde.
Pasiano Rueda contendió por la presidencia municipal de Jesús Carranza abanderado por el PT, organismo político que ha denunciado que su “aliado” el gobierno estatal de Morena está violentando las leyes por un capricho político.
El coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar, tiene claro que para que el gobierno estatal cometa tales abusos, es porque cuenta con el respaldo y la consigna de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la septuagenaria magistrada Isabel Inés romero Cruz, y es por eso que han enfilado sus baterías hacia el Poder Judicial.
Este martes Vicente Aguilar pidió que la magistrada Isabel Inés Romero sea revisada por un médico especialista en psiquiatría forense “a efecto de descartar una probable sintomatología de demencia y con ello, saber si está apta para continuar su función como magistrada”.
No hay que pasar por alto que en la carpeta de investigación 49/2021, a cargo de la Fiscalía Segunda, adscrita a la Dirección de Investigaciones Ministeriales, fue ratificada la denuncia en contra de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEV), Isabel Inés Romero Cruz, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra del abogado-hoy fallecido- Mario Santés Álvarez.
En esa denuncia el doctor Tomás Mundo Arriasa planteó ante el Fiscal la importancia de considerar la Teoría de la Imputación Objetiva para determinar que el ejecutor del acto ilícito no operó en carácter individual, sino como parte de un engranaje y, por lo tanto, les resulta responsabilidad a sus superiores jerárquicos.
Además, el jurista requirió a la Fiscalía para que se le practicara a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, una tomografía computarizada “con la finalidad de determinar si padece algún problema en la corteza cerebral”.
Dicha petición surgió a partir de indicios debidamente documentados, de que a la magistrada Inés Romero le detectaron síntomas que podrían significar la existencia de un caso de prosopagnosia, esto es: un trastorno vascular cerebral caracterizado por la incapacidad para reconocer caras conocidas.
“De confirmarse algún problema de carácter cerebral, se tendría que abrir un debate para definir si está en condiciones de atender la responsabilidad que le fue conferida”.
La Fiscalía, sin embargo, nunca requirió ese examen y las sospechas de un problema de carácter mental por parte de la titular del Poder Judicial del Estado han ido creciendo.
El representante del PT explicó que pidió el examen médico a la magistrada “a efecto de descartar que existan indicios de que desvaría, ya que no se debe de poner en riesgo por ningún motivo su salud”.
Si a la evidente ilegalidad de “dispensar” que siga como magistrada a pesar de que ya no cumple los requisitos que establece la Constitución, se agrega una incapacidad médica para ejercer el cargo, los días de Isabel Inés Romero al frente del Poder Judicial estarían contados.
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Epílogo.
Poco a poco, con mucha paciencia pero gran tenacidad, el político tuxpeño Rogelio Franco Castán ha ido derrumbando todo el entramado legal que le fabricó el gobierno estatal para mantenerlo en la cárcel. *** Esta semana sus abogados consiguieron un nuevo amparo en contra de la prisión preventiva que le fue impuesta dentro del proceso penal 248/2021, por su probable participación en el delito de extorsión en contra de Arturo Bermúdez Zurita, quien fuera Secretario de Seguridad Pública (SSP). *** El Juzgado 15 de Distrito en Veracruz otorgó el amparo al considerar que el juez de control Gregorio Esteban Noriega Velasco impuso la prisión preventiva a Rogelio Franco “con base en argumentos ilegales e, incluso, irracionales”. *** Este es sólo un paso hacia la libertad, y un avance importante en su lucha por demostrar que todas las denuncias en su contra tuvieron una motivación política. Bien. *** La presidenta de la Mesa Directiva en el Senado, Olga Sánchez Cordero, anunció una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la independencia de las fiscalías locales en todos los estados. *** Durante los diálogos parlamentarios “Independencia de las fiscalías locales: garantía de justicia cotidiana”, Sánchez Cordero destacó que el Senado está comprometido para resolver el gran problema de la impunidad y la falta de acceso a un sistema de justicia eficiente, que dé respuesta a todas las necesidades de la ciudadanía. *** Informó se revisa una iniciativa que faculta a las legislaturas locales a fortalecer la autonomía de las fiscalías locales, para mejorar y homologar los procedimientos específicos sobre los nombramientos, la carrera ministerial, la remoción de sus titulares, así como los periodos en el cargo y los mecanismos para su ratificación. *** Ojalá sea la receta que acabe con la simulación de los órganos autónomos.
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