Ciudad de México .-Servidores públicos y crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, por lo que se deben implementar acciones inmediatas contra la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta problemática, afirmó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión por parte de los servidores públicos; los Estados partes son responsables directos de las desapariciones forzadas cometidas por funcionarios públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, destacó el CED en su informe sobre su visita a México.
El comité concluyó que la impunidad, casi absoluta, facilitó el aumento de las desapariciones forzadas. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el dos y el seis por ciento, habían resultado en procesamientos, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y genera amenazas y zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a los desaparecidos e investigan sus casos, y a la sociedad como completo”, señaló.
Prevención central en la política nacional contra las desapariciones forzadas
En sus recomendaciones, el comité identificó medidas que el Estado mexicano debe tomar, para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas; no obstante, la presidenta del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, precisó que para el éxito de esta política México debe asumir cuatro condiciones mínimas:
- Todas las autoridades deben reconocer su obligación sobre las desapariciones forzadas.
- Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, visibilizar.
- Informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México.
- Aplicar el marco normativo en todo el país.
Villa Quintana resaltó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar), por violaciones graves de los derechos humanos; 15 de éstas estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
Además, durante 2021 tanto la Sedena como la Guardia Nacional se encontraban entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que requirió al Estado un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
En cuanto al marco normativo, reconoció la diversidad herramientas con las que se cuentan para hacer frente a esta problemática, sin embargo señaló que el CED encontró grandes deficiencias en su implementación, pues en 4 años no se ha publicado el reglamento de la Ley General.
Además, urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Panorama de las desapariciones en México
informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas en México; al 26 de noviembre había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas, de esas, 112 desapariciones sucedieron durante la visita del Comité (del 15 al 26 de noviembre de 2021). Además, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
Las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años. Sin embargo, las cifras oficiales del Registro Nacional muestran un aumento notable en las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres; el Comité constató que esta tendencia se agudizó durante la pandemia, pues víctimas y autoridades denuncian desapariciones con fines de trata y explotación sexual.
El CED mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones, así como por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de ellos ha sido localizado.
Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
En el caso de los migrantes destacó que son detenidos ilegalmente en lugares desconocidos y que los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
Sobre la crisis forense que enfrenta el país, el CED señaló que más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense y que a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Milenio Digital