En los últimos años han venido proliferando los grupos que se dedican a despojar de sus predios a familias en varias entidades del país. Este delito se ha venido incrementando rápidamente y las autoridades encargadas de investigar y castigar a quienes los cometen se muestran omisas en su actuar, quedando impunes los invasores o defraudadores, que siguen adueñándose de lo ajeno cada día de manera más desvergonzada. Esta situación solo es posible porque seguramente, dichos delincuentes cuentan con el respaldo político de funcionarios encumbrados que están en contubernio con ellos en el negocio. No se está aplicando la ley para proteger a los afectados porque muchas veces éstos no cuentan con los recursos económicos ni con la fuerza política para recuperar sus bienes.

En lo personal, denuncié el pasado 14 de diciembre el intento de despojo de un predio de mi propiedad ubicado en la colonia Arroyo Blanco de Xalapa, Ver., por parte de Eduardo N, quien, con una burda maniobra legaloide, con el apoyo del notario público Octavio Escobar Pérez y de funcionarios de la actual administración, usurpó mi identidad, falsificó documentos oficiales y, con ellos, obtuvo un poder notarial falso, del cual se valió para enajenar mi terreno. Ya interpuse las denuncias penales correspondientes desde el mes de diciembre y hasta el momento casi no se ha avanzado en la investigación. Espero que los que violaron toda una serie de leyes sean castigados. En la capital del estado de Veracruz no es el único caso de este tipo, nos hemos enterado de varios muy similares.

El pasado 20 de enero, también denuncié a una banda de invasores de Poza Rica, banda encabezada por Rosa Inocencia Rodríguez Chegües, que se ha dedicado a despojar lotes, áreas de uso común y áreas verdes en la colonia Fraternidad Antorchista de dicho municipio, para luego venderlos en altas sumas de dinero a personas adineradas. También se interpuso la respectiva denuncia penal y tampoco se le ha frenado en sus ilícitos, por el contrario, hoy con el apoyo del delegado de la secretaría de Bienestar de Poza Rica, Emilio Olvera, está empecinada en despojar a los colonos de otra área verde con el pretexto de invertir en ella unos recursos del programa “La Escuela es Nuestra” del Jardín de niños, cuando dicha escuela ya tiene su terreno y sus instalaciones en otro lugar de la misma colonia. Aquí se trata de una carambola de tres bandas: apropiarse del área verde, robarse una parte del dinero del programa para la escuela y hacer agitación para promover que la gente vaya a votar el próximo 10 de abril. Alguna autoridad debe intervenir, pues Rosa Chegües está generando gran inconformidad entre los vecinos de las colonias de esa zona de Poza Rica.

En el diario La Opinión de Poza Rica, del 7 de marzo pasado se publicó una denuncia de un grupo de personas del municipio de Espinal, Ver. que se presentaron a pagar su predial y se quedaron sorprendidos cuando en las oficinas del ayuntamiento les dijeron que no les recibirían el pago, pues sus terrenos estaban a nombre de otras personas. Todo esto sucedió a pesar de contar con la documentación que los acredita como propietarios.

En el diario La Jornada del Estado de México del 31 de marzo, también se publicó una nota que dice “Habitantes buscan a la Fiscalía para frenar a grupos armados que se han dedicado a ocupar predios en Chimalhuacán argumentando ser los dueños.” Se describe como los invasores llegan a plena luz del día a los predios y sin importar que estén ocupados desalojan a los dueños con lujo de violencia, utilizando armas blancas y de fuego. Luego de apoderarse del terreno, lo fraccionan y lo venden a su conveniencia, “sin que hasta el momento haya intervención de las autoridades.

En el diario de circulación nacional EL DIA, se publicó el pasado 1 de abril una nota con el título: “Despojo inmobiliario: negocio millonario protegido por Morena en la CDMX”. Ya en el cuerpo de la nota se dice que la ciudad de México ocupa el segundo lugar en el delito de despojo inmobiliario y que las autoridades siguen dejando en la impunidad las casi 18 mil carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante su posible colusión con grupos delincuenciales dedicados a despojar a familias de su patrimonio. “Datos vía transparencia arrojan un total de 17 mil 866 carpetas de investigación abiertas por la FGJCDMX en los últimos tres años, de las cuales a mil 902 les han dado carpetazo por la posible corrupción de las autoridades a la hora de hacer justicia y por tener nexos con funcionarios públicos, ya que el despojo inmobiliario se vuelve un negocio altamente rentable bajo la protección del gobierno de la CDMX”.

Aquí en el estado de Veracruz, basta recordar al anterior director de Patrimonio del Estado, Belisario Domínguez, quien fue destituido junto con otros funcionarios al ser descubierto en actos de corrupción, precisamente despojando de lotes a familias para venderlos en su beneficio.

El abusar de los puestos de gobierno, para desde ahí confabularse con delincuentes como los que acabamos de mencionar arriba, es una acción no solo ilegal, sino también inmoral, que nos demuestra que la corrupción en lugar de disminuir va en aumento y que cada vez se vuelve más peligrosa pues se utiliza para despojar a familias de su único patrimonio. Todo esto nos debe llevar a abrir bien los ojos para no dejarnos engañar por los cantos de sirena de los partidos y políticos que dicen que acabarán con la corrupción, ya que una vez en el gobierno se vuelven más corruptos que los anteriores y para estar muy atentos y denunciar con rapidez estas acciones por los medios que estén a nuestro alcance. Algo muy importante, si no tenemos la fuerza que da el dinero, organicémonos para juntos potenciar nuestras capacidades y enfrentar a los ladrones y a sus cómplices encumbrados en el gobierno.