El domingo pasado, ante todos los gobernadores y gobernadoras de Morena, precandidatos a las gubernaturas y la dirigencia nacional del partido guinda, así como funcionarios federales, estatales y municipales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que “en estos momentos de definición que no le quede a nadie ni la menor duda: tenemos Presidente de sobra, tenemos al mejor Presidente”.

Al inaugurar el “encuentro municipalista” que reunió a la mayoría de los 629 alcaldes de Morena de todo el país – evento realizado en el WTC de la Ciudad de México para analizar la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal al Congreso de la Unión y para que “siga la transformación”–, el titular de la Segob expresó que esta reunión de los ediles era muestra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo.

Desde hace más de un mes, a raíz del escándalo mediático por la mansión de un contratista de Pemex que el hijo mayor del Presidente ocupó en Houston, toda la nomenclatura de Morena ha salido en defensa del líder fundador de su partido. Sin embargo, las encuestas siguen mostrando una caída en los índices de aprobación y calificación popular del mandatario. El más reciente estudio nacional de opinión pública realizado por la organización civil México Elige revela que AMLO ha perdido 8.5 y 8.3 puntos porcentuales en ambas mediciones, al pasar de 58.3 a 49.8% su nivel de aprobación y la calificación de 55.2 a 46.9% de febrero a marzo.

Ahora está por verse también qué tanta mella hará en la credibilidad y confianza ciudadana hacia el Presidente el bochornoso caso de los grabaciones de las conversaciones telefónicas del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, con su incondicional fiscal de Control de Competencia, Juan Ramos, al evidenciarse el tráfico de influencia, la presión hacia los ministros de la Suprema Corte y el uso de los recursos de la FGR para litigar un asunto de índole personal con familiares de su hermano Federico Gertz, fallecido en 2015.

Ayer, para colmo, el gobierno de López Obrador recibió un duro mensaje desde Washington, pues un informe de las 17 principales agencias de inteligencia de Estados Unidos asegura que las organizaciones criminales mexicanas utilizan las multimillonarias ganancias del tráfico de estupefacientes para influir en los procesos electorales en el país a través de la intimidación de actores políticos.

En la edición 2022 de su Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo, se destacan por primera vez los efectos que los cárteles tienen en la democracia mexicana aunque evitan mencionar cifras o nombres de políticos intimidados.

“En partes de México, las organizaciones transnacionales criminales usan miles de millones de dólares de las ganancias de las drogas para intimidar a políticos e influir en elecciones”, asegura la evaluación de las agencias dada a conocer por la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia de EU, Avril Haines.

“(Las organizaciones) reclutan y arman a combatientes capaces de confrontar directamente a las fuerzas de seguridad del gobierno”, dice la evaluación preparada por 17 organismos, entre ellos la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En su evaluación anual, la comunidad de agencias de inteligencia estadounidense también destacó por primera vez que “las batallas entre las organizaciones transnacionales criminales mexicanas que luchan por las rutas de drogas y por territorio han resultado en tasas de homicidios altas y constantes desde 2018 y que son cuatro veces la tasa de homicidios en EU”, apuntó la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia de EU.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de homicidios en México por cada 100 mil habitantes tuvo un incremento importante al pasar de 47 en 2017 a 53.4 en 2018. Desde entonces, la tasa permaneció casi constante con 52.5 en 2019 y 52.4 en 2020.

En el reporte de la comunidad de inteligencia estadounidense, las agencias reiteraron que las organizaciones mexicanas son las productores y surtidores dominantes de drogas ilícitas en EU y pronosticaron que ampliarán su capacidad de producir fentanilo.

La Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo es un reporte presentado anualmente para el Congreso de EU desde 2006 en el que se repasan las principales preocupaciones para la seguridad estadounidense en los diversos continentes así como temas específicos como la amenaza de las drogas ilegales.

Además de la CIA y la DEA, otras de las 17 agencias que participan en la redacción de Evaluación de Amenazas Alrededor del Mundo incluyen a la Agencia de Inteligencia del Pentágono (DIA, en inglés), el Buró Federal de Inteligencia (FBI) y la Inteligencia de la Guardia Costera (CGI).

Sigala y Tania Celina buscan chamba en TEPJF

Este lunes 7 de marzo, en sesión privada, fue aprobada la lista de los aspirantes que presentaron solicitud en términos de lo previsto en el punto primero del Acuerdo General número 2/2022, de 15 de febrero de 2022, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el procedimiento para integrar cinco ternas de candidatos a magistradas o magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En total suman 110 los aspirantes, entre los que figuran dos magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz: Roberto Eduardo Sigala Aguilar, que por orden alfabético aparece en el sitio 98, y Tania Celina Vázquez Muñoz, colocada en el 104.

En términos de lo acordado por el Tribunal Pleno en dicha sesión del 7 de marzo, la lista fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en tres diarios impresos de circulación nacional, además de medios electrónicos.

Los aspirantes tienen un plazo improrrogable de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes lo deseen puedan formular mediante el buzón judicial del edificio sede de la Suprema Corte o por vía electrónica, de manera fundada y en forma comedida y respetuosa, las observaciones y objeciones que estimen procedentes apoyándolas, en su caso, con prueba documental, las que serán tratadas de manera confidencial.