La Comunidad Educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) “María Enriqueta Camarillo” de Teocelo denunció el peligro de embargo al que se enfrenta la institución debido a que el terreno fue utilizado como garantía de pago de un crédito de más de tres millones de pesos que no pagó la administración de Mario Antonio Chama Diaz, por lo que exigen a las autoridades municipales y estatales aclaren la situación del predio.
El CAM, con más de 15 años de brindar servicios a estudiantes con discapacidad múltiple, auditiva e intelectual, actualmente tiene matriculados a 54 alumnos, que acuden no sólo de Teocelo, sino de Xico, Ayahualulco,Coatepec, Úrsulo Galván, Pacho Viejo.
Al respecto, la doctora Rosa Olivia Pozos Vázquez, directora del centro educativo, detalló que esta es una “situación inesperada” pues desconocían que “se podía embargar una propiedad que brinda servicios educativos a una población escolar con discapacidad”, siendo este el primer caso de esta naturaleza que ocurre en el municipio de Teocelo.
Pozos Vázquez aclaró que “esta no es una situación que se haya propiciado por parte de la escuela, es una situación muy ajena, debido a un préstamo de más de 3 millones de pesos que solicitó la administración anterior y los que la representaba se atrevieron a poner nuestra escuela a cambio de pagar una deuda que no pagaron”, crédito y deuda que desconocían y que hasta el momento ignoran los motivos.
La directora del CAM también comentó que desde que se enteraron de la lamentable situación han recibido asesoría de la comunidad educativa y conocedores en materia jurídica, así como de la Secretaría de Educación, quienes esperan les ayuden a poner la documentación en orden que los acredite como dueños del predio:
“Los padres de familia están muy interesado en que lo más pronto posible tengamos una respuesta y el área jurídica es que en estos próximos días tendremos que con las áreas que nos puedan apoyar con los documentos necesarios, sobre todo la escritura, porque lo que tenemos hasta el momento es el acta de donación en donde se nos cede el espacio”.
No obstante, Pozos Vázquez destacó que este “es un proceso administrativo que tienen que resolver las autoridades municipales del actual gobierno municipal con SEFIPLAN y la Legislatura” y destacó que dieron a conocer los hechos a fin de evitar que otras instituciones educativas se encuentren en situaciones similares, así como garantizar el respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad y el derecho a la educación.
Finalmente, la directora del CAM explicó que por ahora continúan trabajando regularmente, pues esta situación no es impedimento para que tengan acceso a ingresar a la institución, aunque sí apuntó la preocupación de padres y madres de familia. Asimismo autoridades jurídicas municipales aseguraron que en próximos días la comunidad educativa tendrá que recibir una respuesta.
AVC
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