Con el rechazo de 15 diputados del PRI, PAN, PT y MC, los diputados locales de Morena (33) determinaron mantener el polémico delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, solo se derogaron dos fracciones por las que se aumentaba la penalidad del delito contra quien agreda o amenace a alguna autoridad de seguridad.
En sesión extraordinaria en domingo por la tarde, los diputados desatendieron la recomendación 146/ 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la que se pidió eliminar el delito del código penal.
En marzo del 2021 los diputados de la 65 Legislatura aprobaron una serie de cambios al código penal para sancionar delitos como cobro de piso, extorsión, ultrajes a la autoridad y crearon el capítulo de delitos cometidos contra las instituciones de seguridad.
Por lo ambiguo de algunos artículos la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja que derivó en la recomendación que pedía desaparecer la figura, pues se usaba para violar los derechos humanos.
Además, diputados locales promovieron acciones de inconstitucionalidad que serán resueltos por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este lunes 28 de febrero.
Aunque existían al menos cuatro propuestas para emitir un dictamen, la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 Legislatura basó su dictamen en la propuesta que remitió Antonio Luna Rosales de Morena, lo que fue reprochado por la oposición, pues se dijo, el documento solo planteaba la visión unilateral de la mayoría, y no atendía la exigencia de los ciudadanos.
Incluso, se pidió retirar del orden del día el dictamen y poder integrar un nuevo documento con la visión de las cuatro propuestas que se remitieron a la comisión, sin embargo, la petición se desechó.
¿Qué se votó?
El viernes 25 de febrero se dio entrada a la propuesta de Morena, Antonio Luna en la que pedía quitar del código las fracciones II y IV que establecen que se agravaría la penalidad cuando: el ultraje se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
No obstante, se mantendrá la penalidad de hasta siete años de cárcel si se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia. o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.
Los integrantes de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 legislatura, Luis Fernando Cervantes Cruz y Rosalinda Galindo de Morena, firmaron el acuerdo; no así el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín.
Los legisladores calificaron la propuesta como Insuficiente, tramposa y aberrante, una simulación y un ataque de poder del ejecutivo y Morena, que pasaron por encima de expertos y ciudadanos.
Valoraron la reforma como una “farsa” para justificar la ineficiencia de la Fiscalía que no integra bien las carpetas, y usa ultrajes para fabricar delincuentes y tener a más de mil personas en prisión.
No es una necedad, es una necesidad mantener el delito: Morena
Al defender su propuesta el diputado Antonio Luna Rosales aseguró que se buscaba evitar ambigüedades y mantener la paz social que se ha logrado desde hace tres años, cuando Morena llegó al gobierno.
La reforma, dijo, es muestra del interés de garantizar los derechos humanos, “toda ley es perfectible y nos encontramos de cara una oportunidad de hacerlo”.
En su discurso reconoció que la normativa vigente iba contra la Constitución, era ambigua y entraba en el ámbito de competencia de otros delitos ya contenidos en el código penal, por lo que era necesario actualizarla.
“El objetivo de considerar este delito -en la legislación punitiva- no es una necedad, es una necesidad y muy concreta: fortalecer el ambiente de respeto y cuidado que debe imperar en la relación entre la ciudadanía y las y los servidores públicos que representan a la autoridad”, argumentó.
Aseguró que Morena no cae en desacato ante la recomendación de la CNDH, sin embargo, pidió mantener el delito, pensando en las familias de policías y elementos de seguridad que salen cada mañana a trabajar.
Morena cargará con la responsabilidad de mantener el delito de ultrajes: PRI
Por su parte el Partido Revolucionario, en voz de Marlon Ramírez Marín, recodó que él no avaló el dictamen, porque el acuerdo es violatorio de los derechos humanos, es insuficiente y no repara el daño a familias y personas detenidas por el delito de ultrajes.
Reconoció que cada diputado esta claro de su voto, sin embardo, destacó que aquellos que voten a favor tendrán que cargar con tres responsabilidades. Una, la jurídica porque la corte volverá a corregirle la plana a la mayoría del Congreso; dos, la política, porque significa la pérdida de confianza de los electores que en el pasado los apoyaron.
Y la principal, la social, porque ante los ojos de las familias de las víctimas, los diputados son responsables de la cadena de errores de lo que se votó en la Cámara, y que mantiene a cientos de personas en la cárcel.
El priista confió que este lunes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomarán cartas en el asunto y corregirán lo que se hizo mal desde la 65 legislatura.
“Seguimos en las mismas”: PAN
Al hacer uso de la voz, el diputado Jaime de la Garza observó que Morena no tomó en cuenta la propuesta que presentó en el mes de enero, e hicieron cambios al código penal a modo.
“Quieren darnos atole con el dedo a todo el pueblo, ya que según ellos se derogan dos fracciones, pero se mantiene el 371 quinquies, que sanciona los delitos contra instituciones de seguridad, y que representa el plan B de las autoridades estatales.
Lo anterior, dijo, porque las supuestas agresiones a los policías están sobre regulados en el código penal, y ese último artículo contempla penas de hasta 15 años a quien agreda a un policía.
El nuevo dictamen dijo, “es una burla al pueblo veracruzano, la cuestión era quitar el 331 y que tiene a mucha gente en la cárcel por la supuesta comisión de delitos, y en el caso de que fallara, bueno, porqué no, dejamos el 371. Ese no se toca, y ese es el que tiene las penas más altas”, expresó
El panista alertó del riesgo de que con la vigencia de los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad se obligue a los opositores a alinearse o “te vas al bote, como si fuera una gracia tener gente inocente en las cárceles de Veracruz”.
Por su parte los diputados de MC y PT lamentaron el actuar de la mayoría, y observaron que lo que no entiende el partido en el poder es que no puede usar las leyes para abusar de los ciudadanos, y no importa que por ahora controlen las instituciones, porque llegará el momento en que tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos.
Al debate se sumaron los diputados Verónica Pulido, Anilú Ingram Vallines y Enrique Cambranis Torres que rechazaron la reforma, pero Morena impuso su mayoría.
AVC