La recomendación 146/2021 emitida el 30 de diciembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el gobierno de Veracruz ha convertido el delito de ultrajes a la autoridad en un mecanismo permanente de ultraje al Estado de Derecho en perjuicio de cientos de personas, lo mismo adversarios políticos que ciudadanos que se convirtieron en víctimas del abuso policiaco.

El documento señala que en las observaciones y análisis de las pruebas sobre “la detención, retención ilegal y violación en el derecho de procuración de justicia” de los 6 jóvenes xalapeños acusados de ultrajes a la autoridad en Xalapa, se advierten “motivos ocultos” (sic) de la Fiscalía General del Estado para pedir su vinculación a proceso de un juez de control. (Al Calor Político. 07/01/22).

La recomendación confirmó que policías estatales detuvieron y retuvieron arbitrariamente a los procesados –como se han documentado decenas de casos más-, quienes también padecieron la imputación indebida de la fiscalía por presuntos ultrajes a la autoridad. Los policías mintieron y los fiscales aceptaron las mentiras.

No fueron los únicos. La Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el estado de Veracruz integrado en el Senado de la República ha recibido al menos 50 denuncias de ciudadanos en la entidad, mismas que se suman a los cientos de casos denunciados por abogados litigantes.

En consecuencia, el impacto social y mediático de algunos de estos casos no se trataba de la defensa de presuntos delincuentes, como intentó justificar el gobierno en su ignorante arbitrariedad, sino de una sistemática y premeditada violación al Estado de Derecho por parte del gobierno morenista en Veracruz.

Por ello, en su recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la derogación del delito de ultrajes a la autoridad para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos. En cosa de días, el gobierno estatal pasó de “allá ellos si quieren defender a delincuentes”, en referencia a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, a la aceptación absoluta de la recomendación emitida por la CNDH.

En el caso de la Comisión senatorial para investigar estas violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Morena y sólo algunos representantes en el Congreso han intentado cuestionar la legalidad de su integración y sus funciones en defensa del Gobernador, pero nadie de sus críticos ha tenido el tiempo de investigar cada caso que ha sido denunciado. La razón asistió al senador Ricardo Monreal y a los senadores integrantes de esta Comisión.

La aceptación sin reserva alguna por parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado –lo que implica una reforma para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, investigar y sancionar a fiscales y policías involucrados, así como la reparación del daño a los jóvenes e implementar medidas de no repetición-, confirma que se trató de un acto de complicidad sin castigo.

El frágil hilo de la ley se romperá por lo más delgado. Se sancionará a policías, agentes ministeriales y funcionarios menores, liberando de responsabilidad a quienes dieron la orden de detener, encarcelar y procesar a ciudadanos inocentes.

Es falso que el Congreso de Veracruz se haya extralimitado en su interpretación y haya modificado el sentido de la reforma propuesta por el Gobernador del Estado y aprobada por la mayoría parlamentaria de Morena. Todos conocemos –principalmente la Suprema Corte de Justicia- de la ignorancia jurídica de los legisladores morenistas, y lo que es peor, su incapacidad para cambiar una coma de lo que sale de la oficina del Gobernador.

La derogación del delito de ultrajes a la autoridad no debe ser interpretada como una victoria política para nadie, aun cuando hay quien se asuma como derrotado. Se trata de devolver a Veracruz el estado de Derecho que se había perdido a merced de los *motivos oscuros” señalados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hay que recordar que la CNDH también abrió una investigación sobre el caso José Manuel del Río Virgen, detenido el 22 de diciembre y vinculado a proceso en Veracruz por el presunto homicidio del candidato del municipio de Cazones de Herrera, sin que exista una sola prueba que lo impute, salvo conjeturas del juez Francisco Reyes Contreras.

Y mientras los tres poderes del Estado, maniatados por la voluntad del Gobernador del estado, dirimen la forma de atender la recomendación de la CNDH y devolver la libertad a decenas de ciudadanos inocentes, la entidad es testigo de uno de los inicios de año más violento. En los primeros trece se han registrado 52 homicidios dolosos, de ellos 20 son cuerpos que la delincuencia ha dejado en caminos y carreteras, algunos con mensajes.

Hasta ahora, Morena se ha dedicado a encarcelar a adversarios políticos porque ha sido incapaz de encarcelar delincuentes.

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda

Tweet: @HectorYunes