A raíz del caso de los seis jóvenes xalapeños detenidos y encarcelados a principios de septiembre del año pasado por ultrajes a la autoridad –por el cual inició y fue creciendo la confrontación política entre el líder del Senado, Ricardo Monreal, y el gobernador Cuitláhuac García–, la administración estatal del morenista está siendo severamente cuestionada de utilizar la penalización de este delito para intimidar y perseguir a sus adversarios políticos con el supuesto fin de anular contrapesos para las sucesiones presidencial y estatal de 2024.

Para quitarse los golpes y evitar cualquier tipo de “sospechosismo” –como diría el panista Santiago Creel–, García Jiménez debió promover de inmediato ante el Congreso local una adecuación al Código Penal del estado para congelar políticamente este candente tema. Inclusive, en vez de descalificar a la Comisión Especial del Senado que investiga presuntos abusos de autoridad y violación de derechos humanos en Veracruz, el mandatario bien pudo nombrar a un representante de su gobierno para que sirviera de interlocutor y diera seguimiento y respuesta puntual a las denuncias que hasta ahora ha recibido el grupo de legisladores que originalmente se unieron para abogar por la presunción de inocencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta del Congreso de la Unión que ha sido implicado en el crimen de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones que fue ejecutado el 4 de junio pasado.

Y es que para entregarle buenas cuentas electorales dentro de dos años y cinco meses al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su sucesor o sucesora, Cuitláhuac García no necesita realmente de seguir echando mano de este polémico delito de ultrajes a la autoridad, pues la propia oposición está por quedar en una condición sumamente vulnerable por encubrir las raterías y abusos de poder de sus alcaldes que acaban de entregar los ayuntamientos, la mayoría de los cuales son presididos ahora por munícipes de Morena y del PVEM y PT, sus partidos aliados.

Por ello es que anteayer, al mencionar el caso del municipio de Rafael Delgado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, exhortó a los nuevos alcaldes a que denuncien todas las tropelías de sus antecesores. Y es que, por ejemplo, el titular de la Segob reveló que el alcalde Damián Hernández, de Redes Sociales Progresistas, tuvo que llevar hasta su propia silla porque ni eso le dejaron.

Cisneros Burgos dijo que la misma situación de Rafael Lucio se dio también en otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, de la Huasteca y del Totonacapan, pues afirmó que “convertirse en saqueador no es exclusivo de una región, es algo que estaba institucionalizado en el pasado y lo vamos a terminar”.

En Juchique de Ferrer, la ex alcaldesa Lizbeth Portilla Gumecindo, ex protegida del yunista Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno actualmente preso, es acusada por su sucesor Cruz Cuevas Hernández de evadir el pago de 10 millones de pesos al SAT y hasta de comprar champaña de 27 mil pesos.

El nuevo munícipe de Juchique, por cierto, es hermano de Ernesto Cuevas Hernández, (a) “El Gallo Bolo”, ex alcalde, ex diputado local por el distrito de Misantla y actual subprocurador de Protección y Supervisión Ambiental del gobierno del estado, quien en julio pasado fue víctima de un atentado sobre la avenida Xalapa, en la capital del estado.

Cruz Cuevas contendió contra Víctor Daniel Portilla Gumecindo, hermano de la ex alcaldesa que fue postulado por la alianza PAN-PRI-PRD. Ambas familias se han venido disputando el control político de este estratégico municipio ubicado entre la sierra de Misantla y Costa Esmeralda, lo que habría dado pie a una línea de investigación sobre el fallido intento de asesinato contra el funcionario estatal, ya que coincidentemente después de este trágico suceso, de manera sospechosa se desapareció de Juchique el comandante de la policía municipal, que según la versión de los lugareños, se habría ido a Estados Unidos.

Trágico porvenir

Este jueves 6, paradójicamente el mero Día de Reyes, se registró un violento asalto en el fraccionamiento residencial campestre El Porvenir, que hasta antes de este trágico suceso era considerado uno de los más seguros de Xalapa.

El empresario fraccionador Enrique Raúl Rechy Zárate se debate entre la vida y la muerte, pero su esposa lamentablemente falleció.

Ante este aberrante hecho que sacudió a la sociedad xalapeña, se esperaba un pronunciamiento fuerte del flamante alcalde Ricardo Ahued demandando mayores garantías de seguridad para sus gobernados, pero el senador con licencia y el ayuntamiento que preside sólo emitieron dos mensajes en las redes sociales este jueves, uno con motivo del Día de Reyes en el que se comprometen a seguir “luchando por un mejor futuro para nuestras niñas y niños”, y otro para felicitar en su día a las enfermeras y enfermeros.

Y la información que destacaron fue sobre la reingeniería administrativa en Medio Ambiente y Desarrollo Social.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, boletinó una fotografía en la que aparece partiendo la tradicional Rosca de Reyes en la Delegación Conurbación Veracruz y del C5i, para conservar “nuestras tradiciones y manteniéndonos unidos como corporación”.

Tampoco parece preocuparle la bronca política en la que sus abusivos policías metieron al gobernador Cuitláhuac García con el líder del Senado, Ricardo Monreal, con la arbitraria detención de los seis jóvenes xalapeños en la plaza El Tejar, de Xalapa, acusados falsamente de “ultrajes a la autoridad”.