En 2020, el Congreso de Veracruz determinó un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, que dejarían de percibir unos 177 millones de pesos al año.

El tema fue aprobado el 12 de mayo de ese año en la Legislatura local, y un mes después fue avalado por la mayoría de los cabildos de los ayuntamientos veracruzanos.

El artífice de dicha medida fue el coordinador de los diputados de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, quien con eso mostraba la disposición de la llamada 4T de reorientar el gasto público, para dar prioridad a los asuntos realmente importantes, como los programas sociales, la salud, la educación y la seguridad pública.

Sin embargo, dicha disposición quedó sin efecto en noviembre de 2020, dado que la Suprema Corte determinó invalidar las reformas electorales de Veracruz, que incluían, además del recorte a las prerrogativas de los partidos, la desaparición de los consejos municipales electorales y la reducción de los periodos de los Ayuntamientos de 4 a 3 años.

La Suprema Corte determinó que existieron violaciones al proceso legislativo, por lo que la reforma electoral aprobada en mayo de 2020 perdió vigencia.

En la resolución de noviembre de 2020, los ministros ordenaron al OPLE entregar las prerrogativas pendientes, de tal manera que las dirigencias estatales de los partidos recibieron una millonaria inyección de recursos.

El tema de la reducción de las prerrogativas al 50 por ciento quedó como un pendiente del Congreso local, que finalmente el pasado viernes votó una vez más por recortar el dinero que se gasta en las diferentes fuerzas políticas en Veracruz.

Los diputados aprobaron que el ahorro por ese concepto se destine a rubros como educación, salud, trabajo, seguridad e infraestructura.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo tras la aprobación del recorte que “ningún partido antes había pensado en la sociedad por encima de sus propios intereses, intereses mezquinos que siguieron defendiendo los legisladores del PRI, PAN y PRD, pues no quieren perder sus privilegios como en décadas han tenido”.

Apuntó el legislador de Morena que la medida implica un ahorro de más de 500 millones de pesos en lo que resta de la actual administración estatal; y sostuvo que la medida aprobada no violenta la ley o no vulnera los derechos de los partidos políticos, ya que éstos, adicionalmente a los recursos estatales, cuentan con financiamiento público federal, determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Lo cierto es que se trató de un tiro de tres bandas por parte de Morena y sus diputados, porque además de que se ahorran recursos que podrá ejercer el gobierno estatal, con la reducción de las prerrogativas se implementa una medida que resulta popular por el descrédito que enfrentan los partidos políticos; y de paso, se ahorca financieramente a la muy disminuida oposición.

 

Juego de vencidas

El caso de los seis jóvenes veracruzanos detenidos en septiembre pasado, señalados por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, significó una evidente confrontación entre el gobierno de Cuitláhuac García y el senador Ricardo Monreal, convertido en uno de los principales críticos de dicho delito.

Monreal denunció que la figura de ultrajes a la autoridad se presta a los abusos contra los ciudadanos y puso como ejemplo a los seis jóvenes recluidos en Pacho Viejo.

En un juego de vencidas, el gobierno era partidario de que los detenidos siguieran encarcelados pero un juez determinó que podían seguir el proceso en libertad, con el pago de una fianza.

Habría que recordar que luego de que el senador denunciara públicamente el caso e incluso visitara a los detenidos en el penal de Pacho Viejo, el secretario de Gobierno Eric Cisneros señaló que en vez de opinar sobre Veracruz, debería voltear hacia Zacatecas; y este fin de semana, el gobernador Cuitláhuac García aludió a Monreal Ávila al declarar que si alguien quiere defender delincuentes, allá él.

@luisromero85