Ya de las cuentas hechas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz se ha comentado mucho, de las malas y las buenas; pero esos números, proyectados en un plan de austeridad, no hubieran sido realidad sin el aval, consensos y operación política suficiente, al grado de haber cortado privilegios a los más altos perfiles de la Judicatura estatal.
La base trabajadora del PJEV, incluyendo a juezas y jueces, han visto con buenos ojos los ajustes, aunque sinceramente las reducciones de bonos, aguinaldos, personal a disposición de magistradas y magistrados es como “quitar un pelo a un gato”. El cabildeo entre el Poder Judicial y SEFIPLAN ya se había dado tiempo antes de que explotara la bomba del déficit presupuestal en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; con todo y un antecedente parecido, y en ese caso favorable, de inyección de recurso al PJEV en el último año de Edel Álvarez Peña como presidente del TSJEV, la actual presidenta Isabel Romero estaba contra la pared pues tuvo que esperar a que la anterior Legislatura Local autorizara un apoyo financiero días antes de terminar el periodo legislativo.
Ahora sabemos que el asunto, fuera de su carácter técnico financiero, sirvió para que algunos interesados en acumular poder al interior del PJEV aprovecharan el “río revuelto”, al grado de generar un Plan de Austeridad “patito” que no lograron consolidar, pero pusieron la mayor cantidad de obstáculos posibles entre la Magistrada Presidenta y su equipo de Administración, temiendo incongruentemente que la austeridad republicana les llegaría.
Resulta que la operación financiera se volvió también política, y la Directora de Administración del Poder Judicial, Joana Marlene Bautista Flores, también se encargó de “cabildear” la firma y puesta en marcha del Plan de Austeridad; ella, en lugar de quienes debieron abordar el asunto en lo político, afrontó el costo de tocar los sueldos y prebendas excesivas. Y como es costumbre en la puerca política actual, que no es diferente que antes cuando el PRI era hegemonía, a la joven economista la ha llovido sobre mojado.
La realidad, fría y objetiva, es que el 2021 va a terminar y el déficit presupuestal en el PJEV no provocó una catástrofe, la problemática se contuvo, pero desde el interior de la institución y desde fuera, Bautista ha sido tachada de poco y mucho, al grado de recibir críticas personales y familiares, lo cual refleja más de las o los autores de dichos ataques, que de la misma criticada. Es normal, se echaron abajo tratos preferenciales con proveedores, se cortó todo lo que representaba conflicto de interés, se puso en cintura a personal basificado por anteriores funcionarios que mantenían prácticas “chuecas” y todas las observaciones hechas por el ORFIS se responderán sin problema, pues son de forma y no de fondo.
Ahora, con los resultados por delante, la Magistrada Presidenta Isabel Romero Cruz reconoció públicamente, en su reciente informe de labores, el trabajo de su equipo de administración y la titular de dicha dirección. Vienen nuevos tiempos, un presupuesto con un incremento de 400 MDP, las bases del orden están puestas, ahora es justo que le den continuidad. Y Joana Marlene Bautista no decepciona a quienes depositaron su confianza en ella, y quienes la tomaban por una inexperta se toparon con pared, pues sus alcances de gestión llegan hasta el primer círculo político en el estado de Veracruz.