En una ponencia clara y sin matices, el legislador federal José Francisco Yunes Zorrilla sentenció ante la Comisión de Presupuesto de la LXV Legislatura: “Derechos sociales que no van acompañados con su respaldo presupuestal, no son sino buenas intenciones, palabras huecas, demagogia” y puso un ejemplo. “Si queremos resolver la accesibilidad de los mexicanos en materia de salud, acompañémoslos presupuestalmente”.
Dijo que su partido irá en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación porque abandona la veta productiva del campo que ha sido tema de agenda del PRI a lo largo de su historia. Es importante –añadió- que los productores reciban transferencias directas, pero este presupuesto desconoce la posibilidad de acompañarlos productivamente con equipos tecnológicos.
A renglón seguido manifestó: “No hay dinero para políticas de comercialización. No hay recursos en este presupuesto para que los productores del campo puedan generar riqueza de la mano de su gobierno. Por eso vamos a ir en contra; porque no abona al desarrollo regional focalizado”.
Agregó que no hay forma de resolver los problemas de desarrollo regional en Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Nayarit o Sinaloa, si sus comunidades no se encuentran enlazadas con caminos rurales. Y este presupuesto cancela la posibilidad de invertir en infraestructura carretera.
Más adelante fustigó: “La vivienda no tiene un solo peso y forma parte de nuestra obligación por mandato constitucional. No hay un solo recurso para hacer valer el derecho universal de nuestros niños que puedan tener como obligación estatal la preescolaridad. No hay un solo peso que vaya en su avance”.
Pero por otra parte reveló: “Nosotros vamos a votar aquí, por poner un solo ejemplo, por darle 238 mil millones de pesos al Programa de los Adultos Mayores de Bienestar. Todos queremos que esos 238 mil millones lleguen a nuestros adultos mayores, pero ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a votar esa cantidad y posteriormente la Secretaría de Bienestar tiene que presentar las Reglas de Operación”.
José Yunes dijo que las reglas de operación vigentes prevén que el 3.61 por ciento se utilice para gastos de operación. Y ese 3.61 por ciento de 240 mil millones de pesos son 8 mil 500 millones de pesos que va a tener la Secretaría de Bienestar para operar un programa, cuando el programa no se expande de más.
Por lo anterior propuso que los gastos de operación para los programas sociales se sujeten a dos condiciones; a lo que se utilizaba en su operación en el 2018 o a lo que se ejerció en este año y que más recursos se conviertan en subsidios, en beneficio de más personas.
“Más dinero, 8 mil millones de pesos para beneficiar a más adultos mayores y no 8 mil millones de pesos para que queden en gastos de operación de un programa noble. No hacerlo invitaría a la suspicacia” dijo el legislador peroteño en diez minutos por demás sustantivos.