Por Samuel Aguirre Ochoa
Dos de los ejes principales que el gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido planteando como parte fundamental de su Cuarta Transformación sufrieron serios tropiezos en la semana que recién termina: 1. la lucha en contra de la corrupción y 2. la reforma energética. Tropiezos que ponen de manifiesto su debilitamiento del actual gobierno y la poca viabilidad de sus planteamientos.
Tanto la lucha en contra de la corrupción, como la reforma eléctrica, se han empantanado y están a punto de naufragar. Veamos.
Desde que López Obrador era candidato puso en el centro de su discurso la lucha en contra de la corrupción, argumentando que este es el principal problema de los mexicanos, que él la combatiría a fondo y que con el dinero rescatado de dicho combate acabaría con la pobreza en México. Ya siendo presidente, retomó el caso de Emilio Lozoya Austin, que había sido denunciado en julio del 2018, cuando aún gobernaba Peña Nieto, ante la entonces Procuraduría General de la República, acusado de recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht por un monto de 10.5 millones de dólares. Inicialmente se tuvo conocimiento de este delito cometido por Lozoya como consecuencia de una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016.
En mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias y la Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de aprehensión en su contra, quien para esas fechas ya se encontraba fuera del país, anduvo en Alemania, Rusia y España. Fue detenido en este último país el 12 de febrero del 2020.
El 16 de julio de 2020 fue extraditado a México en calidad de testigo protegido. El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con Emilio Lozoya, en el que éste se acogió al criterio de oportunidad, es decir, se acordó que no pisaría la cárcel, a cambio de proporcionar a la FGR información con nombres y apellidos de los funcionarios públicos del gobierno de Peña Nieto y de diputados de distintos partidos que habían recibido parte de los 10.5 millones de dólares producto del soborno de la empresa brasileña, así como datos sobre los responsables de la compra a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados por parte de PEMEX a la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, quien también fue detenido en España.
A partir de este momento, Emilio Lozoya tenía que aportar los datos de prueba, sin embargo, sólo presentó un video en el que aparecen dos funcionarios panistas de tercer nivel recibiendo dinero, resultando uno de ellos encarcelado. Pero después pasaron 16 largos meses durante los cuales no agregó nada nuevo a la carpeta de investigación, solicitando prórroga tras prórroga para aportar la información que se comprometió a dar, información en la que según él se observa a altos funcionarios del PRIAN recibiendo dinero en efectivo y tampoco reparó el daño ocasionado al erario público, tal como lo marca la ley.
Dicha situación generó críticas de la opinión pública y de los analistas políticos, pues no estaban de acuerdo con la tardanza y los privilegios que recibía Lozoya. Pero lo que derramó el vaso, fueron las fotografías y videos que la periodista Lourdes Mendoza tomó a Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo de la ciudad de México, acompañado de empresarios amigos suyos y que fueron publicadas en las redes sociales. Esto último generó aún mayor descontento en la opinión pública, pues todo apuntaba a que se trataba de un show montado por el gobierno federal y Emilio Lozoya, con el que se está simulando combatir la corrupción para engañar al pueblo de México. Para atenuar estas críticas finalmente, después de 16 meses, el pasado 3 de noviembre decidieron encarcelar a Lozoya.
Ahora que el presidente López Obrador participará el próximo martes 9 de noviembre en el Consejo de Seguridad de la ONU con el tema del combate a la corrupción las cosas se le enmarañaron al gobierno de la 4T. Se les complicaron, debido a que el caso principal del combate a la corrupción en México ha resultado un fiasco, algo verdaderamente vergonzoso, que le quita toda autoridad para hablar sobre el tema en un foro internacional. Primer naufragio.
Todo esto, sin contar con los videos en los que aparecen los hermanos del presidente (Pío y Martín) recibiendo grandes cantidades de dinero en efectivo de manos de un funcionario del gobierno de Chiapas.
Respecto a la reforma energética, el gobierno de López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para revocar la reforma energética del 2013, según esto para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como la única instancia autorizada para prestar el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica. Es decir, el sector privado sólo podrá producir el 46% de la electricidad requerida en el país, pero necesariamente tendrá que vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad. También se contempla la eliminación de organismos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto significa que la CFE tenga el monopolio del servicio público de abastecimiento de electricidad.
Como era de esperarse, dicha iniciativa generó descontento entre el empresariado vinculado al sector, que en su mayoría producen energías limpias y son extranjeros, así como críticas de los analistas especializados en temas económicos y ambientales. El presidente y los diputados de Morena, en un inicio, afirmaron que la iniciativa se aprobaría a costa de lo que fuera. Sin embargo, debido a las presiones del capital extranjero y en particular del gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Ken Salazar, el pasado 3 de noviembre decidieron posponer la aprobación de la reforma eléctrica para más adelante. Aunado a esto, está el hecho de que no cuentan con mayoría calificada en la Cámara de Diputados lo que le dificulta la aprobación de dicha reforma. Segundo naufragio.
Estos tropiezos del gobierno de López Obrador son un indicador de que sus políticas están equivocadas: la corrupción no es un problema moral, se trata de un problema económico, que no se combatirá con simples prédicas, sino que es necesario un cambio en el modelo económico y, segundo, que México es un país dependiente de los países desarrollados y que, lo que debe hacerse, es construir una economía poderosa, organizar y concientizar al pueblo para conquistar la verdadera independencia.