Si como comentábamos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio la instrucción al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, de coordinarse con el gobernador Cuitláhuac García porque él es el “jefe político en Veracruz”, entonces el mandatario estatal morenista debe asumir plenamente ese rol que le ha encomendado el líder de la Cuarta Transformación (4T).

Y ello implica, obviamente, ir propiciando la interlocución para fortalecer la unidad interna de su partido rumbo a las sucesiones presidencial y estatal de 2024, en las que además habrán de elegirse senadores y diputados federales y locales.

También habíamos apuntado aquí que si en este momento se realizarán ambas elecciones, muy difícilmente la oposición podría arrebatarle al obradorismo la Presidencia de la República y la gubernatura de Veracruz, pues en los comicios de junio pasado la alianza PAN-PRI-PRD apenas logró arrancarle en la entidad dos de 20 diputaciones federales y cuatro de 30 curules locales de mayoría relativa. Sin embargo, todavía faltan más de dos años para elegir a los sucesores de López Obrador y Cuitláhuac García, y si en este lapso Morena no procura la unidad de sus grupos y aspirantes presidenciales y a la gubernatura, la oposición, evidentemente con buenos candidatos, podría resultarle mucho más competitiva.

El comentario se hace porque en el nivel nacional cada vez son más evidentes los roces entre el presidente López Obrador y el senador Ricardo Monreal, que busca sucederlo. Hace 20 días, con el pretexto de que la senadora panista Lilly Téllez estaba organizando una protesta en su contra, el mandatario evitó asistir a la ceremonia de entrega de la medalla de honor “Belisario Domínguez” que el Senado otorgó a Ifigenia Martínez, compañera de lucha de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y AMLO. Sin embargo, luego corrió la versión de que en realidad el tabasqueño no acudió para no encontrarse con el zacatecano que lidera la bancada de Morena, con quien habría tenido días antes una altisonante discusión.

En la reciente embestida del mandatario contra la UNAM, Monreal, a quien López Obrador ha excluido deliberadamente de su lista de precandidatos, dijo que “no me voy a confrontar nunca con el Presidente, es una opinión que respeto mucho”, pero remarcó que él fue formado en esta universidad, de la que también es catedrático, y que “siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre”, expresión que contrastó con la de la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, la supuesta aspirante favorita de AMLO, quien respaldó el reclamo del líder de la 4T al afirmar que “como universitaria también tengo mis propias críticas a la Universidad”.

En Veracruz, al preguntarle sobre los recorridos y reuniones que desde hace un par de meses viene realizando el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna con empresarios, maestros, productores del campo y medios de comunicación, entre otros, este lunes el gobernador Cuitláhuac García descalificó al presidente de la mesa directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión al expresar que a este legislador que “se reeligió” por el Estado de México “no lo conozco, ni sé quién es, qué hizo, dónde estuvo”.
Ayer, en entrevista radiofónica, el diputado oriundo de Minatitlán descartó polemizar con el mandatario veracruzano al que aspira suceder, pues dijo que “los que estamos en la Cuarta Transformación debemos trabajar juntos, unidos por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

CRISIS CONTROLADA EN TSJE

Donde parece haber amainado la tempestad por el desbalance financiero que hizo crisis en este último trimestre del año es en el Poder Judicial del Estado (PJE) que preside la magistrada Isabel Romero Cruz, quien por lo que se ve busca retirarse dignamente en cuanto cumpla los 70 años de edad.

Y es que aunque hace ocho días la LXV Legislatura local sólo autorizó al PJE una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos de los casi 520 millones que solicitaba, dicha partida le permitirá de momento salir al paso de los compromisos financieros prioritarios.

A estos recursos habría que sumar también los que la Directora General de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, ha logrado ahorrar a través del Plan de Austeridad que de manera emergente ha venido aplicando descuentos a las percepciones de magistrados y altos funcionarios que accedieron a recortar sus ingresos.

La economista y maestra en Administración Pública, además, está por modificar los contratos de asociación público-privada de las 21 Ciudades Judiciales que comenzaron a construirse desde 2018, durante la administración del magistrado Edel Álvarez Peña, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.