Subejercicio, desvío de recursos públicos, anticipos de sueldos y salarios sin amortizar o recuperar son inconsistencias constante de las administraciones municipales, lo que llevó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a emitir más de tres mil 705 recomendaciones, en el manejo de los recursos públicos del año 2020.
Además, se hicieron dos mil 814 observaciones, de esas mil 801 están vinculadas al presunto daño patrimonial de mil 671 millones 385 mil pesos que tendrán que ser reintegrados a las arcas municipales, en caso de que los Ayuntamientos no logren comprobar el gasto público.
Diez municipios concentran el daño patrimonial por 519 millones de pesos. Entre ellos se encuentran Veracruz con 88.9 millones de pesos, Tres Valles con 75.1 millones de pesos, Pánuco con 62.2 millones de pesos, Alvarado con 56.8 millones de pesos, Minatitlán con 56.3 millones de pesos, Santiago Tuxtla con 53.3 millones de pesos, Boca del Río con 34.1 millones de pesos, Ixhuatlán de Madero con 32.3 millones de pesos, Córdoba con 30.6 millones de pesos y San Andrés Tuxtla con 29.9 millones de pesos.
En general, según el informe del ORFIS, en su segundo año de administración los 212 municipios incurrieron en irregularidades administrativas que deben ser investigadas por los órganos internos de control y, en caso de acreditarse algún delito, se deberán presentar denuncias penales contra quien resulte responsable.
Este miércoles la mayoría del Congreso local (Morena, PRI, Verde, MC y diputados independientes) avalaron el dictamen por el que se aprobó la cuenta pública del año 2020, que es el segundo de la administración municipal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín acusó que al menos una decena de alcaldes se acercaron con él a fin de que se les limpien las cuentas públicas, como ocurría en el pasado.
¿Cuáles son las irregularidades en las que incurren los municipios?
Según el informe general, las irregularidades más comunes en el ámbito financiero y presupuestal son: que se autorizan anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados.
Además, hay traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, la conocida licuadora; se reportan saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental de que liquidaron los pasivos.
También, se hicieron erogaciones sin comprobación documental: pagos y donativos sin evidencia de los trabajos realizados y/o que hayan sido recibidas por los beneficiarios; además de gastos que se justifican con comprobantes que no cumplen con los requisitos de autenticidad.
Se hizo adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia; y saldos no ejercidos de recursos de programas y/o fondos federales.
Respecto de la obra pública, no se hizo la validación de proyectos de las dependencias normativas, es decir, se hacen sin autorización, falta o actualización de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas.
No tiene autorización para hacer descargas de aguas residuales; sin documentación comprobatoria del gasto; incluso, falta de actas de entrega-recepción a las instancias correspondientes.
Recursos aplicados en rubros no autorizados en la fuente de financiamiento, es decir, desvió de recursos públicos; además falta de acreditación de la propiedad del predio donde se realizaron obras o acciones; pagos en exceso por costos elevados; así como diferencia entre lo pagado y comprobado.
Además, se reportó obras sin operar; obras ejecutadas de forma irregular; obras sin terminar; pago en exceso por volúmenes no ejecutados; obras con deficiencias técnicas constructivas.
En los 212 municipios se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de mil 671 millones 385 mil 720 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones que se integran en cada informe individual del resultado.
De manera adicional, las 14 paramunicipales reportaron un presunto daño patrimonial por un total de 11 millones 87 mil 144 pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones que se integran en cada informe individual del resultado.
El top ten del daño patrimonial municipal
Diez municipios concentran el daño patrimonial por 519 millones de pesos. Entre ellos se encuentran Veracruz con 88.9 millones de pesos, Tres Valles con 75.1 millones de pesos, Pánuco con 62.2 millones de pesos, Alvarado con 56.8 millones de pesos, Minatitlán con 56.3 millones de pesos, Santiago Tuxtla con 53.3 millones de pesos, Boca del Río con 34.1 millones de pesos, Ixhuatlán de Madero con 32.3 millones de pesos, Córdoba con 30.6 millones de pesos y San Andrés Tuxtla con 29.9 millones de pesos.
¿Qué fue lo que observaron?…
Veracruz pagó 37 mdp a empresa de Oaxaca
El municipio de Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, tiene un presunto daño patrimonial por 88 millones de pesos. De ese total, 37 millones de pesos fueron pagados a la persona moral Laynher Estevia, SA de CV., pero no se justificó el pago.
El municipio panista emitió 25 cheques por los servicios de contratación abierta para el servicio de administración del plan privado de pensiones y asesoría jurídica contable y financiera de enero a diciembre, así como el pago de aguinaldos.
La persona moral, según datos que son públicos en la red, se dedica a promover espectáculos artísticos, culturales deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos.
La dirección fiscal de Laynher Estevia, SA de CV., es la ciudad de México, sin embargo, en el Registro Nacional de Comercio, la persona se incorporó en el Estado de Oaxaca, y los datos de los socios sólo se pueden obtener con el pago de 200 pesos.
En el 2019, trabajadores del DIF de Veracruz denunciaron que el municipio les pagaba a través de la empresa Laynher Estevia, SA de CV.
Tres Valles pagó en nómina más de 9 mdp que no justificó
El Ayuntamiento de Tres Valles, administrado por el panista José Manuel Díaz Rodríguez, fue observado por el manejo de 75 millones 172 mil pesos. De ese total, la observación más alta es por nueve millones 320 mil pesos que usaron para el pago de nómina, sueldos de agentes municipales y trabajadores de confianza a lo largo del 2020.
Según la observación FM-207/2020/017 DAÑ: la tesorería usó cuatro cuentas bancarias para hacer las erogaciones, pero no justificó el gasto del recurso público, ni existen comprobantes de que el dinero llegó a los empleados municipales.
Otro monto importante que no se justificó, según la observación: FM-207/2020/004 DAÑ fue el gasto de siete millones de pesos que se transfirieron de una cuenta a otra, sin reintegrarlo a las cuentas originales, por lo que el dinero se tendrá que regresar a la hacienda federal.
Pánuco, no transfirió el ISR a pesar de que lo retuvo
Pánuco, administrado por Fernando Molina Hernández -de Acción Nacional-, se pidió aclarar el manejo financiero de 62 millones 246 mil pesos del ejercicio 2020.
La observación más importante es la FM-123/2020/010 DAÑ que se reporta como pasivo del municipio que retuvo ocho millones 70 mil pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), solo transfirió al Sistema de Administración Tributario un millón 424 mil pesos y se quedaron pendientes de pago seis millones 646 mil pesos.
Alvarado desvió dinero de una cuenta a otra
El municipio de Alvarado, en el que es presidente municipal Bogar Ruiz Rosa, tiene un daño patrimonial por 56 millones 827 mil pesos.
La observación más importante es la FM-011/2020/004 DAÑ, que calcula un daño patrimonial por nueve millones 751 mil pesos, el municipio transfirió recursos de una cuenta a otra, y aunque el dinero se regresó a las cuentas de origen, no se explicó el presunto desvío de recursos públicos.
Minatitlán incurrió en subejercicio y no regresó a Tesofe
Minatitlán, gobernador por Nicolás Reyes Álvarez, recibió observaciones por el manejo de 56 millones 377 mil pesos. De ese monto, la observación FM-108/2020/002 DAÑ reporta el gasto irregular de 19 millones 484 mil pesos de recursos que fueron transferidos por la federación.
El dinero, que se tenía que destinar para acciones y obras, tampoco se reintegró al gobierno federal, por lo que el ORFIS planteó la posibilidad de que la federación exigiera la devolución del dinero.
Santiago Tuxtla, también dejó de ejercer presupuesto federal
El municipio de Santiago Tuxtla, administrado por Argenis Vázquez Copete del PRD, tiene observaciones por 53 millones 327 mil pesos. De ese total, 28 millones de pesos se refiere a que el municipio no ejerció el recurso público.
Las dos observaciones más importantes son la FM-143/2020/001 DAÑ y FM-143/2020/002 DAÑ, en el primer caso fueron 19 millones 84 mil pesos y otros nueve millones que fueron transferidos de la cuenta de origen a una segunda, y no se regresaron a la federación.
Boca del Río no justificó pago de luminarias y recolección de basura
Boca del Rio, administrado por Humberto Alonso Morelli, deberá justificar el gasto de 34 millones 190 mil pesos. las observaciones más importantes son por 20 millones 486 mil pesos que se destinaron para el pago de luminarias, pero no se acreditó la inversión.
Además, se pagaron facturas por 11 millones 658 mil pesos a la empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos SA de CV., servicio de confinamiento de basura que no se acreditaron a tiempo.
Ixhuatlán debe justificar gasto en obra pública
Ixhuatlán de Madero, que administra el perredista, Ader García Escalante tendrá que justificar el manejo financiero de 32 millones 313 mil pesos. Según la observación TM-083/2020/020 DAÑ, el monto más alto de una de las observaciones es de tres millones 794 mil pesos.
El dinero se invirtió para gastos Indirectos para el seguimiento de la supervisión de Obra Pública, en el Municipio de Ixhuatlán de Madero; para asignar el contrato se invitó a tres empresas.
Córdoba, sigue siendo observado por el programa de seguridad
La panista Leticia Landero deberá justificar el gasto de 30 millones 607 mil pesos. De ese monto, destinó 14 millones -la observación con el mayor monto- para implementar la segunda etapa del programa Blindaje Córdoba, que incluye la colocación de cámaras de videovigilancia y arcos detectores de matrícula.
Según la auditoría del ORFIS, que emitió la observación FM-044/2020/016 DAÑ, el municipio no exhibió evidencia de las pruebas o evaluaciones hechas a las 30 cámaras o equipos, avaladas por un técnico o experto, que den seguridad razonable.
En San Andrés no acreditaron la contratación de servicio de recolección de basura
San Andrés Tuxtla, gobernado por Octavio Pérez Garay, debe justificar el manejo de 29 millones 920 mil pesos del año 2020. El monto más alto de las observaciones que emitió el ORFIS está relacionado a la contratación del servicio de limpia pública.
El monto que se debe justificar, según la observación FM-141/2020/018 DAÑ, es de 10 millones 440 mil pesos, por no exhibir el contrato de prestación de servicios y un informe detallado de los trabajos realizados firmado por las autoridades correspondientes.
Además, cuentan con otra observación, de siete millones 911 mil pesos por la construcción del camino sacacosechas Los Órganos-Úrsulo Galván (1er. Etapa), en la localidad de Los Órganos.
AVC