La reforma energética propuesta por el Presidente López Obrador representa una expropiación disfrazada para reconstruir un monopolio estatal auto regulado, una regresión tecnológica y ambiental, comprometer una cantidad abismal de recursos públicos para subsidiar las tarifas, debilitar las finanzas de la CFE y, lo peor de todo, proveer al consumidor final de electricidad más sucia, más cara y cada vez más ineficiente.

La creación de un monopolio auto regulado no tiene otro propósito de obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a generar energía a partir del uso del combustóleo que genera la refinación del petróleo pesado por parte de PEMEX y que hoy no tiene mercado por su alto costo y la contaminación que genera.

La narrativa oficial respecto de las alcances de esta contrarreforma es un campo minado de mentiras. El Presidente López Obrador ha dicho que de aprobarse, la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, “para que haya una auténtica y verdadera competencia.”

Falso. En el cuerpo de los transitorios se establece que la participación de la CFE será de “al menos” el 54% -lo que le permitiría hacerse de facto de hasta del 100%- y de los particulares “hasta” el 46%, es decir, también podría quedarse en cero. Sólo en la teoría económica de la 4T se sugiere que el monopolio es libre mercado.

La otra mentira es que la Comisión Federal de Electricidad se encuentra en crisis y deba ser rescatada por una reforma constitucional que en realidad busca darle salida a la obsesión ideológica del Presidente de que el país debe recuperar su “autonomía energética” a partir de refinar su petróleo pesado, a pesar de que esto resulte más caro y ambientalmente suicida.

La reforma eléctrica de 2014 –la que como Senador de la República voté a favor-, permitía a la CFE adquirir a particulares electricidad más barata a partir de energías limpias y sustentables, y distribuirla al resto del país en un precio razonable, lo que le garantizaba obtener rendimientos y mantener estables los recibos de la luz.

La Comisión pierde mucho dinero por utilizar combustóleo y diesel pero debe hacerlo porque Pemex no tienen a quien venderlo. Obligar a la CFE a generar electricidad a partir de estos combustibles, como pretende la reforma, ha obligado al gobierno de la 4T a destinar más de 70 mil millones de pesos en subsidios para mantener las mismas tarifas.

Esa es la razón por la que se pretende eliminar la competencia de la inversión privada en energías limpias, para no quebrar a una empresa estatal que había sido financieramente viable gracias a la reforma energética de 2014.

La industria eléctrica se ha convertido en una desafiante obsesión para el Presidente. En febrero de este año, López Obrador envío una iniciativa al Congreso para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que establecía un nuevo despacho de energía que le daba prioridad a las hidroeléctricas y otras plantas de la CFE. Aprobada un mes después, un juez federal suspendió indefinidamente su entrada en vigor luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra.

La reforma se sustenta en tres argumentos falaces: se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad –en realidad sólo comprometerán sus finanzas-, se combatirá la corrupción de empresas extranjeras –lo que se pretende es que la CFE no tenga competidores- y bajará el precio de la energía eléctrica al consumidor final –la generación a partir de combustóleo y diesel es la más cara de todas-.

Esa fue la razón por la que el juez –sujeto a investigación por capricho del Presidente- concedió el amparo que evitó se convierta en norma vigente.

López Obrador pretende utilizar la Constitución para recuperar el viejo monopolio estatal de la electricidad, y al mismo tiempo, eliminar todos los órganos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que le impedían asumir ese control debido a la competencia privada en generación y venta de energía.

Los precios no bajarán por decreto ni restableciendo un monopolio estatal. El principio del “despacho económico” establecía que las centrales con menor costo de producción, es decir, las más eficientes, eran las primeras en subir su electricidad a la red. Este principio favorecía a las renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos de privados, casi siempre más baratas.

La reforma eléctrica satisface el capricho del Presidente, sin embargo, nos obligará a todos los mexicanos –a excepción de sus paisanos en Tabasco- a adquirir energía de la CFE, sin importar que sea más sucia, más cara e cada vez más ineficiente.

Morena no cuenta con los votos necesarios para lograr la contra reforma. La plural composición del Congreso –lo mismo en la Cámara de Diputados y de Senadores- evitará que saltemos al pasado, mientras el resto del mundo adopta una nueva generación de energías limpias y eficientes.

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