“Para el gobierno hay avances. Pero para nosotros, como padres y madres, no los hay porque a siete años seguimos sin saber el paradero de nuestros hijos. Necesitamos respuestas”.

Quien habla es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada la noche del 26 de septiembre de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La mujer, que estuvo presente en el encuentro del viernes en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y otras autoridades, explica que salió de la reunión de casi cuatro horas con una mezcla de emociones.

Por un lado, plantea que, “en comparación con el gobierno pasado, que se dedicó a obstaculizar las investigaciones y a echarnos a la policía encima”, la presente administración, al menos, les ha abierto las puertas y el diálogo.

“Todo sigue siendo muy lento y desgastante, pero sí están trabajando”, reconoce la mujer.

Pero, por otro lado contrapone de inmediato, el paso del tiempo continúa su curso implacable, y la respuesta a la pregunta de qué fue lo que les sucedió a los 43 estudiantes aquella noche en Iguala, Guerrero, continúa siendo una incógnita que los mantiene viviendo en un calvario permanente y en un desgaste físico y emocional tremendo.

“Son ya siete años sin saber nada de mi hijo y de sus compañeros. Eso es lo más triste hoy para nosotros. Siete años de lucha, de caminar, de protestar… Ha sido un gran desgaste. Cuatro de nuestros compañeros ya no están, se fueron sin tener justicia para sus hijos ni castigo para los culpables”, plantea Cristina, que recuerda a doña Minerva, a don Tomás, a don Saúl Bruno, y a don Leonardo Campos. Todos fallecidos.

Además, Cristina asegura que otros padres del grupo ya enfermaron como resultado de tantos años de búsqueda sin resultados claros. Una situación que les está “pegando” mucho en el ánimo.

“Es muy triste ver que se van compañeros sin saber qué les pasó a sus hijos”, lamenta Cristina, que, no obstante, asegura: “No nos vamos a rendir hasta encontrarlos, o hasta saber qué pasó realmente aquella noche”.

Un reunión “tensa”

La reunión del pasado viernes en Palacio, en la que también estuvieron presentes el fiscal general Alejandro Gertz Manero, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, fue un encuentro “tenso”, donde Cristina Bautista y otros padres de los normalistas expresaron su “insatisfacción” por el ritmo de las investigaciones, a siete años del caso y a tres de que entrara la presente administración, ya en su ecuador.

“Presidente, usted se ha referido al gobierno como un elefante reumático echado, y nosotros vemos que ese elefante sigue siendo la Fiscalía, que no se pone las pilas”, reclamó Mario González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández.

“Vemos la voluntad de usted, presidente, pero el secretario de la Defensa y el Fiscal general tienen que redoblar esfuerzos, y si no lo hacen, hay que poner a otros”, reclamó por su parte doña María Elena Guerrero, madre del joven Giovanni Galindes Guerrero.

López Obrador, por su parte, se mostró “atento” y expresó su “comprensión hacia el dolor de los padres y madres, dijeron fuentes que estuvieron presentes en el encuentro. Aunque respaldó al fiscal de la República, asegurando que la dependencia ha conseguido “avances” significativos.

Por ejemplo, las autoridades expusieron que en el presente gobierno se identificaron plenamente -y científicamente- los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Parte de sus restos fueron hallados en una nueva investigación iniciada en el presente gobierno, y enviados al Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se confirmó que pertenecían al joven normalista.

También se confirmó plenamente la identidad de Jhosivanny Guerrero de la Cruz, tras un nuevo análisis en Innsbruck.

Estos dos casos confirmados se suman al de Alexander Mora Venancio, el primero en ser identificado en 2014.

Otro avance expuesto fue el inicio de procesos penales por delincuencia organizada en contra de elementos de seguridad federales, incluyendo a un capitán del Ejército mexicano y elementos de la Policía Federal, por su relación con el grupo criminal que controlaba la zona de Iguala y que participó en la desaparición de los normalistas. Estas detenciones, apuntaron las autoridades, desmontaría el argumento de la antigua administración de Peña Nieto de que este grupo solo tenía “alcance local”.

También destacaron la investigación y el ejercicio de la acción penal por delitos de tortura cometidos en contra de personas involucradas en el caso para que apoyaran “la verdad histórica” de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, misma que, insistieron, “no tiene sustento científico”. De hecho, los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre no fueron hallados en ese basurero, ni en el río San Juan, sino en otro punto de Cocula conocido como ‘Barranca de la Carnicería’.

Además, por el caso Ayotzinapa están bajo proceso dos elementos de la Marina, así como dos elementos de la Policía Federal Ministerial y su antiguo titular, que se encuentra prófugo de la justicia mexicana en el estado de Israel.

“Nosotros, como abogados y defensores de derechos humanos, podemos ponderar que se están dando pasos en la dirección correcta”, planteó en entrevista con Animal Político Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el caso. “Pero hay que entender que, a un padre y a una madre, que llevan siete años sin respuestas, esos pasos le saben a muy poco”.

Por ello, aunque los familiares reconocen en su mayoría los avances que planteó el gobierno, el reclamo sigue siendo el mismo que hace siete años: necesitan que se intensifiquen las labores de búsqueda y respuestas basadas en evidencia científica y en nuevas acusaciones para determinar responsabilidades, y no solo una nueva narrativa.

Los reclamos a FGR y Sedena

Por ejemplo, los familiares criticaron ante el presidente López Obrador que las instituciones que participan en la investigación del caso “no están alineadas en un mismo esfuerzo para esclarecerlo”, y pusieron especial énfasis en la Fiscalía General de la República y en la Sedena.

A la Fiscalía de Gertz Manero la acusan de cometer “errores graves”, como el reciente abatimiento, el pasado 23 de septiembre, de Juan Salgado Guzmán, alias el Indio, presunto líder de Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Indio ya había sido detenido por el caso Ayotzinapa en 2016, pero salió libre. Ahora, la FGR buscaba detenerlo de nuevo, pero en un operativo en Metepec, Estado de México, el presunto delincuente puso resistencia y los elementos de la Fiscalía lo mataron a balazos, por lo que, a decir de los padres, se perdió un testigo clave en el caso.

Otro más, ya que, de hecho, según expuso ayer el subsecretario Alejandro Encinas hasta 21 personas relacionadas con el caso Ayotzinapa fueron asesinadas, abatidas, o murieron por COVID-19, como el reciente caso de Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, que falleció por el virus el pasado 25 de julio mientras estaba internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

Los familiares también reclamaron la lentitud en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien es investigado por el caso Ayotzinapa y se encuentra en Israel, cuyo gobierno ya sabe que hay una orden de aprehensión en su contra.

“Los padres están enfadados con la Fiscalía porque se enteraron que, en parte, México no termina de culminar el papeleo burocrático que Israel espera para que se produzca la extradición”, apuntó el director del Pro, Santiago Aguirre, que agregó que otra molestia de los familiares es con el Ejército mexicano, al que acusan de no entregar toda la información que tienen del caso. “Eso es algo muy grave, máxime por todo el poder que acumula el Ejército en este gobierno”, recalcó Aguirre.

El pasado viernes, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo tras el encuentro con las autoridades que se enteraron de que un testigo declaró ante instancias judiciales que al menos de los 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron conducidos al 27 Batallón de Infantería, situado en Iguala. Esto reforzaría la tesis de la presunta responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43.

“Se debe realizar una investigación exhaustiva”, subrayó el abogado, en referencia a la Secretaría de la Defensa.

Este domingo 26 de septiembre está previsto que a las cuatro de la tarde haya una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, hacia el Zócalo, para exigir la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada hace siete años.

Animal Político

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