Prefacio.

Fernando Charleston Hernández fue, durante la administración estatal del 2010 al 2016, uno de los personajes más cercanos a Javier Duarte y a Karime Macías. *** Cuentan que en sus tiempos de juventud, fue él quien fungió de “cupido” entre Javier y Karime, lo que lo convirtió en merecedor de toda su confianza y lo llevó a ser nombrado secretario de Finanzas del gobierno estatal. *** La “magia” se acabó –cuentan- cuando Fernando Charleston aceptó firmar aquella minuta (7 de marzo de 2014) en la que admitía, ante representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “la existencia de recursos de origen federal que deben ser depositados por el Estado a las cuentas bancarias específicas que este tiene aperturadas (sic) respecto de los fondos del Ramo 033 y del Seguro Popular”, recursos que superaban los 4 mil 770 millones de pesos. *** La admisión de la obligación por parte del gobierno estatal de reintegrar tales recursos, significaba aceptar que habían sido desviados de su fin original. *** Esta semana el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Veracruz confirmó el auto de vinculación a proceso en contra de aquel gran amigo de Javier Duarte, por su probable participación en el desvío de más de 138 millones de pesos destinados al Sector Salud cuando se desempeñó como Secretario de Finanzas. *** En el Proceso Penal 29/2019 se le acusa de haber desviado ese recurso que estaba etiquetado para el equipamiento de 14 centros de salud, de un centro de salud de atención integral para pacientes con diabetes, y tres unidades de vida saludable en Xalapa y Río Blanco. *** El extesorero del gobierno estatal y testigo de la Fiscalía General de la República (FGR), Tarek Abdalá, aseguró que dicho desvío fue realizado para beneficio de Javier Duarte, y en la operación participaron Fernando Charleston y de Carlos Aguirre Morales, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Finanzas y Administración. *** La operación –explicó Tarek Abdalá- implicó transferir esos fondos a la Secretaría de Educación, desde donde se retiraron en efectivo, con el argumento de que servirían para pagar una nómina de docentes de escuelas rurales en lugares en donde no existían bancos. *** Así se las gastaban en aquel entonces.

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“De 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentados aumentos: el feminicidio, que creció en 13 por ciento; la extorsión, que aumentó en 28 por ciento, y el robo en transporte público, que creció 12 por ciento”.

Así de breve, sin más explicaciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió, en parte, su fracaso en materia de combate a la delincuencia.

Para la mitad del presente año México registró un promedio de casi 10.5 mujeres asesinadas por día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El organismo del gobierno federal documentó mil 899 mujeres asesinadas de enero a junio, de las que mil 391 fueron víctimas de homicidio doloso y 508 de feminicidio, como clasifican las fiscalías a los asesinatos motivados por violencia machista o de género.

La cifra es menor a las mil 945 víctimas registradas durante el primer semestre de 2020, cuando asociaciones civiles alertaron de un incremento de violencia en el hogar agudizada por el confinamiento para contener la pandemia.

Por estado, las mayores cifras de feminicidios, hasta la primera mitad del año se registraron en el Estado de México (68), Jalisco (44), Veracruz (40), Ciudad de México (33) y Chiapas (28).

Sobre este punto el Presidente argumenta que ese 13% se debe a que “antes ese delito no se clasificaba”, pero pasa por alto que el INE registra desde hace tres décadas homicidios contra mujeres, sin necesidad de que fueran tipificados como feminicidio, pues esa definición es apenas desde el 2012, y depende del Código Penal de cada Estado.

En Veracruz poco o nada se ha hecho para abatir las cifras de los crímenes contra mujeres. El tema está muy vinculado con la problemática de la búsqueda de personas desaparecidas, rubro en el que el gobierno estatal no ha conseguido convencer a los grupos colectivos de que se sumen a las acciones oficiales en esa materia.

Este miércoles se manifestaron frente a Palacio de gobierno integrantes de los colectivos de búsqueda de desaparecidos para exigir que en la designación de titular de la Comisión de Atención a Víctimas no exista imposición.

“Si hay una comisión de víctimas es porque nosotros como colectivos hemos peleado por esas leyes, no se vale que quieran imponer a gente que no sabe nada de trabajar con víctimas”, advirtieron.

La terna que remitió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Congreso local, para nombrar a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) está integrada por Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores.

Los colectivos advirtieron que desde la Secretaría de Gobierno tratan de imponer a Yuliana Aguilar Rodríguez y demandaron que Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, actual encargada de despacho, sea ratificada en el cargo.

El problema es que Mendoza Sánchez fue nombrada en septiembre del 2017 por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y laboró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el periodo de Duarte de Ochoa (2010-2016), pecados que para el gobierno de Morena son imperdonables.

Feminicidios y personas desaparecidas, dos piedras que no se ha podido sacar del zapato el gobernador Cuitláhuac García.

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Epílogo.

El secretario de Finanzas del gobierno estatal José Luis Lima Franco, le está vendiendo muy caro a la magistrada Isabel Inés Romero el rescate financiero del Poder Judicial del Estado. *** Este miércoles, abordado por los medios de comunicación, Lima Franco advirtió que para asignarle al Tribunal Superior de Justicia los 500 millones de pesos que pidió de ampliación presupuestal, se tendrán que cancelar algunos proyectos de dependencias del Poder Ejecutivo. *** “Sería de la contención de gasto, muchas dependencias tienen presupuesto por ejercer, entonces se podrían cancelar o posponer y de ahí saldría”, explicó. *** Ya lo puede dar como un hecho: Los días de Isabel Inés Romero al frente del Poder Judicial están contados. *** El número de fallecimientos por Covid-19 en México ascendió a 260 mil 503, luego de que este miércoles se registraron mil 177 nuevos decesos notificados en las últimas 24 horas, una cifra no vista desde febrero, al término de la segunda ola en el país. *** La Secretaría de Salud reportó 17 mil 337 nuevos contagios de la enfermedad provocada por el coronavirus para registrar un acumulado de 3 millones 369 mil 747 casos confirmados desde que inició la pandemia en el país. *** Por otra parte, la Secretaría de Salud aplicó 429 mil 038 vacunas contra Covid-19 al corte del 31 de agosto. Al cierre del octavo mes de 2021, el gobierno federal afirma haber sumado 85 millones 375 mil 481 dosis suministradas a nivel nacional como parte de la estrategia nacional de vacunación. *** Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ya han llegado al país más de cien millones de vacunas, por lo que muchos se preguntan dónde están los 15 millones de dosis que no aparecen en las cuentas de la Secretaría de Salud.

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