Con sus asegunes y lo que gustes y mandes lector, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz era ejemplo de hacer bien las cosas o de no hacerlas tan mal. Ser magistrado era un timbre de orgullo para cualquier jurista amén de que tenían el respeto y la confianza de la ciudadanía. Pero eso cambió abruptamente a partir del 12 de diciembre del 2019.
Ese día fue nombrada Presidenta Magistrada la señora Sofía Martínez Huerta, que apenas seis semanas antes había sido designada togada y asignada a la Segunda Sala. Esa era toda su trayectoria judicial.
Lo anterior motivó que Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, una de las magistradas más brillantes que ha tenido el Tribunal, le espetara en su cara: “Fue un dedazo su nombramiento” y más adelante soltó un exabrupto que quedó para la posteridad: “Ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”.
Pero además, agregó palabras que están resultando proféticas: “Esto fue una puñalada a los veracruzanos, el Poder Judicial se está hundiendo y se va hundir más, lo van a ver ustedes”, dijo a los periodistas.
Sofía no duró ni un año porque no cubrió las expectativas del gobernador Cuitláhuac García, ni del Secretario de Gobierno Eric Cisneros a los que les debía el cargo. En octubre del 2020 quienes contra viento y marea la impusieron, contra viento y marea la chisparon violando la ley.
Y violando la ley sentaron en la silla de la presidencia a Isabel Inés Romero Cruz que ha resultado lo que le sigue a una nulidad, pero que ha puesto al TSJE a los pies del Gobierno estatal e incluso de la Legislatura local.
En una sesión amañada, con los dados cargadísimos y sin oposición, Isabel Romero protestó a las 8:30 del viernes 23 de octubre del 2020 como nueva magistrada presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura. Y como primeras providencias ordenó abrir (con un cerrajero) la oficina que había sido de Sofía Martínez.
Y a la debacle del Poder Judicial con Sofía, siguió el desastre y la hecatombe con Chabela que, obediente a las órdenes del gobernador, recortó salarios a los magistrados y cerró juzgados. Pero que a espaldas de su jefe (el gobernador, por supuesto) se gastó en seis meses 500 millones de pesos del presupuesto (o se los echó a la bolsa. Ve tu a saber, lector) que ahora desea que el Congreso local le autorice y restituya para llegar a fin de año.
La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros volvió a la carga y la llamó desmemoriada (dijo que se le olvidan las cosas y se tiene que apoyar en un ayudante), sugirió que es corrupta y súbdita del gobernador, le dijo ignorante y la acusó de que los magistrados pagarán con sus sueldos recortados lo que otros se han robado.
Y en respuesta la echaron cuando anunció que renunciaría. Y la echaron de muy fea manera. Isabel Romero recurrió nuevamente a un cerrajero que abrió la oficina de Yolanda y literalmente le puso sus cosas en la calle.
El Tribunal, lector, aquel ente respetado y respetable, se ha convertido en menos de dos años en una vecindad de barrio bajo y sus integrantes (salvo una que otra honrosísima excepción), en filibusteros de la peor ralea y candidatos a prisión porque han prostituido las leyes, están vaciando las arcas y cada quién hace lo que se le antoja.
Son, para decirlo en palabras claras y contundentes, un eructo pestilente. Vergüenza de Veracruz, los veracruzanos y el país entero.