Mérida, Ver.- Dora María, madre de José Eduardo –joven de 23 años detenido, golpeado y violado por policías municipales en Mérida, Yucatán– se reunió con el alcalde Renán Barrera, quien les propuso encontrarse para acordar la reparación del daño de la muerte de su hijo.

De acuerdo con lo que comentó a Quadratín, le ofrecieron 2.5 millones de pesos para resarcir el daño por la tortura, muerte y violación de José Eduardo, y para retirar la denuncia que interpuso ante la FGE contra los policías involucrados.

Al salir de Palacio Municipal de la capital yucateca, acompañada de su hijo mayor y su abogado, la mujer expresó a los medios locales que el daño que le hicieron a su hijo no se puede reparar, por lo que la cita con el alcalde “solo sirvió para escucharlo defender a sus policías municipales”.

“Lo que menos me interesaba era que me diera dinero, lo que yo quería es que me dijera que iba a hacer justicia y a la mera hora sale con que sus policías no son las personas que le hicieron tanto daño a mi hijo”, aseguró a Quadratín.

El abogado del caso de José Eduardo, Andrés Nieves, admitió a los medios presentes afuera del Palacio Municipal que había sido mandado a callar por Renán Barrera, quien le dijo que había entrado a la reunión como ‘un invitado’.

Nieves aclaró que no será intimidado y anunció que viajarán a la Ciudad de México, para pedir el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un principio el alcalde invitó solamente a Dora María y a su hijo a discutir la indemnización, sin abogado ni defensa. Ella sostuvo frente a los medios que ya no tiene confianza en las autoridades municipales, sino solamente en la Fiscalía Estatal, que es la que se ha encargado de reunir evidencias.

José Eduardo, joven de 23 años proveniente de Veracruz, falleció el pasado 3 de agosto por síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo, causado por los golpes y la violación que experimentó durante su detención.

El 21 de julio el joven fue aprehendido por los elementos municipales en el centro de Mérida, quienes se lo llevaron por “parecer sospechoso”, aseguró a medios locales su mamá, Dora María Echavarría.

Un día después se puso en contacto con su mamá para expresarle que había sido golpeado y abusado sexualmente por los agentes. De acuerdo con el testimonio de Dora María, los uniformados habrían abusado de su hijo en la patrulla y de nueva cuenta en los separos de la cárcel municipal.

Suspenden audiencia para que defensa de policías presente pruebas

La audiencia para vincular a proceso a los cuatro policías presuntamente implicados en la detención, tortura, violación, y posterior muerte de José Eduardo Ravelo Echavarría fue suspendida por falta de evidencias.

Medios locales informaron que la audiencia, agendada para este 12 de agosto, fue postergada debido a que la defensa de los policías no contaba con videos que tiene en su posesión la Fiscalía General del Estado (FGE).

Estos videos podrían servir como pieza clave para confirmar la inocencia de los elementos, sostuvo el abogado de los imputados; pero hasta un día antes de la audiencia, la Fiscalía no se los había entregado, pese a haberlos solicitado con anterioridad.

El juez, apegándose al principio de “igualdad”, suspendió la audiencia para el viernes 13 de agosto, señaló el Diario de Yucatán.

En caso de resultar la no vinculación a proceso, los agentes recuperarían su libertad; sin embargo, no estarían exonerados de los cargos, sino que se admitiría que no existen elementos suficientes para llevar a cabo un proceso en su contra.

Cabe recordar que los cuatro elementos fueron detenidos el pasado 7 de agosto e imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.

Como respuesta al caso de José Eduardo, asociaciones, colectivos y personas activistas defensoras de derechos humanos señalaron que hasta noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) documentó en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas (municipal y estatal), los cuales oficialmente se atribuyen a diversas causas, entre ellas ‘el suicidio’ en cárceles municipales.

Por su parte, Amnistía Internacional invitó a que se ponga en el centro del diálogo a la familia de José Eduardo, y pidió a las autoridades municipales que se respete el proceso de investigación, y “que no se ventile la información que tienen o no, puede ser riesgoso para el proceso e irrespetuoso para la víctima”.

Con información de El Diario de Yucatán y Quadratín.

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