Cuando Irma Eréndira Sandoval se desempeñaba en el gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como secretaria de la Función Pública, en tiempos cuando la pandemia permea el país y la bandera de la Austeridad Republicana se pregona desde los altos niveles de gobierno, fue dado a conocer que ella y su pareja, el investigador John Ackerman, contaban con millonarias propiedades.

Cuando en la Ciudad de México gobernaba el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Eréndira Sandoval recibió como regalo un terreno de 253 metros cuadrados al sur de la capital que hoy está valuado en seis millones de pesos, reportó el portal LatinUS. Además, se encontró que la pareja cuenta con otras cinco propiedades adquiridas en tan solo nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todas ellas fueron pagadas de contado. Estos departamentos y casas se encuentran en zonas de alta plusvalía e la capital y en el municipio de Tepoztlán, Morelos. El costo total de las propiedades asciende hasta los 60 millones de pesos, según lo valuado en el mercado. Esta cifra es cinco veces mayor que lo que la funcionaria reportó en sus bienes inmuebles como parte del gabinete de López Obrador.

El lugar que obtuvo como obsequio de la administración de Ebrard fue trasladado a Eréndira Sandoval en agosto de 2007, 13 años después de que el gobierno capitalino lo escriturara como propio. Al recibir el millonario terreno, Irma Eréndira Sandoval era coordinadora de Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Mientras que su esposo, John Ackerman, era trabajador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para ese entonces, ambos personajes habían hecho explícitas su aceptación y apoyo a López Obrador.

Pero además Irma Eréndira Sandoval fue corrida de la Secretaría de la Función Pública, por haberse prestado a proteger delincuentes que laboran como importantes funcionarios al lado del presidente López Obrador, como son los casos de Ana Gabriela Guevara y Manuel Bartlett Díaz. Además en su calidad de secretaria, una empresa sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) pruebas rápidas para detectar Covid a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas, de acuerdo con un cotejo realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV. Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

Estas son las ratotas de la 4T.