El 20 de junio se conmemora el día mundial de los Refugiados, fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas en 2001 con el propósito de concientizar a los gobiernos de todos los países sobre la importancia de adoptar un enfoque basado en el reconocimiento de derechos humanos y la empatía con este sector a quien la ONU define como personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, y que por ende requieren protección internacional.

Este día mundial fue adoptado hace veinte años en conmemoración del cincuenta aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual tuvo lugar en Ginebra Suiza como respuesta a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y cuyo objetivo principal fue garantizar asilo y protección a las víctimas.

Si bien es cierto que, en sus inicios la citada Convención se limitaba a proteger a las personas europeas en condición de refugiadas como consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, también lo es que, la adopción de su Protocolo en 1967 logró ampliar los alcances de este instrumento, eliminando las limitaciones geográficas y temporales.

Dentro de las obligaciones de los Estados Parte establecidas por la Convención, se encuentra la de cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo objetivo principal es proteger y buscar soluciones permanentes a los problemas que enfrentan estas personas, teniendo como principio fundamental la no devolución, referente a que, no deben retornar al lugar en el que sus derechos y su vida corren peligro.

Por cuanto hace a nuestro país, ACNUR cuenta con sede en dieciséis entidades federativas, entre ellas Veracruz, cuya oficina se ubica en el municipio de Acayucan y su cobertura se extiende al estado de Oaxaca; desde estos espacios se promueve la correcta aplicación de la normativa internacional en beneficio de este grupo vulnerable.

En el ámbito nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), es el organismo intersecretarial responsable de conducir la política en la materia, así como de gestionar acciones de asistencia basadas en el pleno respeto a los derechos humanos.

A pesar de que, la creación de la COMAR se remonta a 1980 y de que, México se adhirió a la Convención internacional en el año 2000,  fue hasta el 27 de enero de 2011 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, cuyo objeto es regular el otorgamiento de asilo político y  el  reconocimiento de la condición de refugiado.

Es preciso destacar que, en ese mismo año, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos incorporó un importante avance en la materia al agregar al artículo 11 de la Constitución un párrafo en el que se reconoce el derecho humano a solicitar asilo.

Con estos avances, México ha logrado fortalecer la protección a refugiados, situación que va de la mano con el papel que actualmente desempeña en este fenómeno social, pues de ser un país de tránsito se ha convertido en uno de recepción; Naciones Unidas señala que, entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo aumentó de 2,137 a 70,302, lo que equivale a un 3,000 por ciento.

Ante esta situación, nuestro país se encuentra frente al reto de reforzar los esfuerzos legislativos y las políticas públicas en la materia a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar y en todo momento.