Apenas dos días después de reprochar al Banco de México (Banxico) que este año no haya entregado remanentes debido a la fortaleza del peso frente al dólar durante 2020, el presidente López Obrador decidió adelantar una venganza política y anunció que en diciembre propondrá a un nuevo Gobernador de la institución que tenga una “dimensión social y sea partidario de la economía moral”.

La pérdida de su autonomía y la certidumbre en los indicadores macroeconómicos –tipo de cambio, tasas de interés, manejo de las reservas internacionales, etc.- podría agudizar aun más la crisis financiera provocada por el pésimo manejo de la pandemia y la obsesión presidencial por gastar más de los recursos disponibles.

La advertencia presidencial de que Banxico podría operar bajo criterios ideológicos y no financieros empieza a causar preocupación entre los inversionistas y los mercados. El Banco Central estaría a merced de la economía (in)moral de la 4T.

Contrario a lo que pudiera pensar el Presidente, el Banco de México no es un fideicomiso que pueda desaparecer por decreto ni las reservas internacionales son dinero en caja, sin destino fijo, listo para destinarse a cubrir el déficit cada vez mayor del gobierno federal. La autonomía plena de Banxico le permite cumplir con sus funciones con criterios técnicos y no políticos.

Un Gobernador partidario de la economía moral pondría al Banxico al servicio de López Obrador y su mal llamada Cuarta Transformación. La última vez que las decisiones sobre la inflación y el tipo de cambio surgían de la presidencia de la República, el país vivió crisis económicas cíclicas cada fin de sexenio. Las devaluaciones fueron inevitables y los índices de inflación rebasaron lo imaginable.

El último conflicto con el Banco de México –cuya mayoría de la Junta de Gobierno fue propuesta por el actual Presidente- fue a causa de los remanentes por la actividad financiera y cambiaria. Hace un año López Obrador se atrevió a pedir un adelanto de ese remanente, hasta que alguien le explicó que no podían recibir abonos de algo que no conocían el resultado final.

Y así fue. El 23 de abril pasado, Banxico informó que “no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos ni resultó un remanente de operación”, en el ejercicio fiscal 2020. Esto significa que no se registró una utilidad suficiente para transferir un remanente de operación a la Tesorería de la Federación.

El Presidente sabe muy bien que el Gobernador de Banxico no toma decisiones de manera unilateral, sino a través de su Junta del Gobierno. Hay reglas y normas que definen la actuación del Banco Central y de ello se rinde cuentas al Congreso. Esta es la razón por la que las decisiones de política monetaria se toman de manera consensuada, pública y transparente.

El propio subgobernador Gerardo Esquivel descartó que no haber entregado remanentes al gobierno federal haya sido una decisión tomada en función de criterios políticos, pues solo se consideraron elementos técnicos y legales. Esquivel fue uno de los asesores del Presidente durante su campaña presidencial.

Por ley, el Banco Central está obligado a entregar –si lo hubiera- ese remanente al Gobierno, específicamente a la Secretaría de Hacienda. Por tanto, esto no fue decisión del Banxico sino resultado del tipo de cambio, algo que el propio López Obrador ya había anunciado en las primeras semanas del año. Un peso fuerte hizo que el Presidente se quedara con las manos vacías.

Esa fue la razón por la que, de manera por demás prematura, el mandatario descartó reelegir a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México, cuyo periodo vence hasta el mes de diciembre. Incluso acusó de que “el Banxico no ve con buenos ojos al gobierno”, cuando en realidad es al Presidente a quien resulta arrogante e insoportable la autonomía que le concede la Constitución.

La relación entre el Presidente López Obrador y el Banco de México ha estado marcada por un incontrolable injerencismo. En su reiterada ignorancia financiera, ha dicho que Banxico sólo sirve para controlar la inflación y favorecer a las grandes empresas, cuando en realidad es la Constitución la que establece sus deberes.

En diciembre pasado, el Senado aprobó reformas a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, pero fue congelada en la Cámara de Diputados. Esta reforma permitiría a los bancos y casas de cambio de nuestro país la compra libre e ilimitada de dólares, al mismo tiempo que obligaría al Banxico a comprárselos sin importar su origen.

De aprobarse en sus términos actuales, se romperían todos los controles establecidos para evitar el ingreso de “dólares sucios” al sistema financiero, convirtiendo al Banxico en la moderna lavadora “chaca-chaca” de dólares de la 4T, como se explicó hace algunos meses en este mismo espacio.

Si el Banco de México pierde su autonomía, es muy posible que terminemos defendiendo el peso como un ganso.

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