La elección de Estado está en marcha: programas sociales, violencia política promovida desde el gobierno, movilización de la burocracia estatal de los tres poderes y los Ayuntamientos morenistas, persecución de autoridades municipales desde el Orfis y la Fiscalía Anticorrupción, así como un gobierno totalmente en campaña.

El objetivo: garantizar al menos 15 de las 20 diputados federales al Presidente López Obrador, y al mismo tiempo, mantener la mayoría en el Congreso local que les permita transitar con tranquilidad la reforma constitucional para incluir la figura de revocación de mandato del Gobernador del estado que aún está pendiente. De no lograrlo, será un cataclismo para Morena.

Si la burocracia estatal pensaba que ya la había librado con asistir a la marcha de Ricardo Ahued y de algunos otros candidatos en el estado, se equivocaron. Resulta que desde el war room morenista ya afinan la estrategia para obligar a los empleados de gobierno -de los tres poderes y los organismos autónomos-, a demostrar que ejercieron su voto mediante el registro fotográfico dentro de la urna, una práctica que se ha vuelto común en los últimos comicios.

Las instrucciones no están llegando a través de las autoridades de la administración estatal –tratando de prevenir cualquier sanción ante la comisión flagrante de un delito electoral- sino a través de los sindicatos y los mandos medios. Nadie podrá señalar al Gobernador o a los miembros de su gabinete de esta operación electoral.

La sanción a quien no confirme fehacientemente su voto por Morena va desde una sanción económica –acreditando inasistencias o faltas administrativas-, cambios de adscripción, reducción de compensaciones y salarios, hasta la pérdida del empleo. Ni siquiera en los tiempos de Fidel Herrera, Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes se habían atrevido a tanto.

Mientras se llega la hora de la jornada electoral, durante este fin de semana continuaron los acarreos del personal del gobierno estatal, el Congreso y hasta el Poder Judicial para que ejercieran con “absoluta libertad” –como ha justificado el gobernador- sus derechos políticos y preferencias partidistas.

Desde la Subsecretaría de Finanzas se ha ordenado a las áreas administrativas de los tres poderes para que movilicen al personal en marchas y mítines de los candidatos de Morena que no logran convocar ni a su familia.

En el Poder Judicial, donde la autonomía sólo se ha quedado en buenas intenciones, desde directores, subdirectores y jefes de área han sido enviados a diversos municipios –donde por supuesto ni siquiera votan- para engrosar los desangelados eventos del morenismo. Lo mismo ha pasado en el Congreso, donde están operando a través del sindicato de trabajadores.

Ayer por ejemplo, se documentaron al menos dos casos de acarreos de burócratas en los municipios de Perote y Coatepec, donde la alianza “Vas por México” encabeza las preferencias electorales con el candidato y ex senador José Yunes Zorrilla.

En Perote, supuestos militantes de Morena realizaron una marcha en apoyo a los candidatos Paul Martínez Marié, aspirante a diputado local, Carmen Mora García a diputada federal y Baruch Ortiz Herrera para presidente municipal, todos ellos de la alianza MORENA-PT-PVEM.

No hubiera tenido nada de extraño aún en medio de la pandemia si no fuera porque los propios pobladores denunciaron que en esta marcha se observaron a cientos de personas que participaron pero no eran del distrito electoral y menos del municipio de Perote, según documentaron algunos medios estatales.

Fueron los mismos participantes dijeron que a ellos los mandaron sus jefes para apoyar a estos candidatos y se presentaron como trabajadores de las diferentes secretarías de despacho del Gobierno estatal, e incluso expresaron que los obligaron a viajar desde la ciudad de Xalapa y los gastos corrieron por su cuenta. (“Ni son de Perote”, acusan acarreo en marcha en apoyo a MORENA. AlCalorpolitico.com).

Lo mismo sucedió en Coatepec, donde ciudadanos denunciaron que durante la marcha realizada este domingo por el candidato de MORENA a la presidencia municipal, Raymundo Andrade se presentó otro acarreo de personas provenientes de Xalapa y de algunos municipios cercanos.

De acuerdo al mismo medio de comunicación, los propios burócratas “simpatizantes” denunciaron que “son acarreados, amenazados, gente que ni siquiera es de Coatepec. Son las mismas prácticas de siempre, obligaron a muchos de Xalapa a venir porque si no les descontaban el día. Hay trabajadores de la SEV”. Por medio de fotografías, ciudadanos exhibieron autobuses que trasladaron a las personas al pueblo mágico y que fueron dejadas en la entrada del municipio.

¿También vendrán a votar de otros estados? La elección de Estado está en marcha.

Las benditas redes…

1. ¿Cuál es la distancia entre Marcelo Ebrard y la silla Presidencial? Un Metro.

2. “Soy el mejor Presidente del planeta”: AMLO. “De los simios…”, el público.