El presidente López Obrador perdió la paciencia. Decidió que intentará ganar en las calles y en los tribunales donde Morena no ganará en las urnas, así tenga que someter a la Fiscalía General de la República (FGR) y enfrentarse abiertamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Instituto Federal Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) o a quien se le ponga enfrente. Este martes confirmó que se trata de una elección del Estado.

Mientras en Guerrero el presidente pide que sea el pueblo quien decida y no las instituciones electorales que retiraron la candidatura de Félix Salgado Macedonio (Morena), en Nuevo León, donde las encuestas favorecen a los candidatos de MC, Samuel García, y del PRI, Adrián de la Garza, ahí el pueblo no manda; decidió aplicar la ley, su ley, para despejar el camino a Clara Luz Flores, la candidata de Morena.

Resulta que la elección de Nuevo León parecía de mero trámite. Clara Luz Flores, ex priista y ex alcaldesa de Escobedo, inició la campaña con una muy cómoda ventaja, hasta que vino el sectagate por su vínculo con la organización NXIVM y entonces la candidatura se vino a pique. Lo que primero negó, se confirmó con un video difundido por el candidato priista, enviándola al cuarto lugar de las encuestas.

Ante la inminente y escandalosa derrota, el presidente decidió salir al rescate y utilizar directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar sendas investigaciones en contra de los candidatos del PRI y MC, quienes hasta hoy se disputan la gubernatura. Fue la misma Fiscalía que archivó las denuncias de violación en contra de Félix Salgado y de otros tantos personajes morenistas.

En Nuevo León ya no sería “la voluntad del pueblo” la que decida quién será el próximo gobernador sino el capricho de López Obrador. Aunque eso está por verse.

Los indicios sobre los que se abrieron las investigaciones -en efecto, la sombra de la coacción del voto y el financiamiento ilícito estaban a discusión-, para el mandatario son sentencias firmes para sacar a ambos candidatos de la contienda. No quería correr el riesgo de que, ante la salida de uno de ellos, los votos emigraran en favor del otro, sentenciando definitivamente la elección.

Apenas el 20 de abril, la senadora de Morena María Merced González dijo a sus compañeros -durante una transmisión previo al inicio de la sesión en el Senado- que al presidente “le interesa mucho” la elección en los estados de Jalisco y Nuevo León.

“El senador Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora, que les hiciéramos este comentario: que al presidente le interesa mucho los Estados de Jalisco y Nuevo León”, dijo la legisladora a micrófono abierto.

Y aunque después lo negó, ayer López Obrador se encargó de confirmarlo sin pudor alguno, tomando el control de las campañas de Morena y reconociendo abiertamente su intervención en el caso Nuevo León. ¿Tendrán la Suprema Corte, el INE y el TEPJF la fuerza suficiente para atajar al presidente? Eso lo veremos muy pronto.

Cuitláhuac reconoce acarreo a favor de Ricardo Ahued

En la aldea las cosas no marchan mejor. Ante el acarreo evidente y vergonzoso, ha sido el Gobernador y no el candidato Ricardo Ahued quien ha tenido que reconocer que en la marcha organizada este domingo participaron funcionarios y servidores públicos, según él, en el ejercicio de sus derechos y preferencias políticas.

En conferencia de prensa dijo que “los secretarios de despacho, así como el resto de trabajadores del Gobierno del Estado, tienen la libertad de participar en eventos partidistas, siempre y cuando lo hagan fuera de su horario laboral y sin desviar recursos públicos”, con lo que justificó la marcha dominical.

Habría que explicarle al Gobernador que los secretarios y los trabajadores del gobierno del estado no tienen esa libertad. La tienen cuando actúan como ciudadanos en ejercicio de sus derechos, lo que no ocurrió el domingo debido a que fueron convocados precisamente por los funcionarios del gabinete estatal y en su condición de servidores públicos.

Tropezó una y otra vez. Cuitláhuac García dijo que la instrucción es que, en los horarios laborales, los secretarios de despacho no deben hacer pronunciamientos en favor de candidatos o fuerzas políticas. ¿Sabrá que eso ya está en la ley, que se trata de un delito y que, por tanto, sus instrucciones sólo son una muestra de su ignorancia jurídica?

“Estamos evitando lo que había antes, como Ejecutivo firmé el Acuerdo por la Democracia». El chiste se cuenta solo. Por cierto, ¿alguien sabrá cuál es la opinión de don Ricardo Ahued al respecto?

La del estribo…

1. “Si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago”, dijo ayer el presidente municipal de San Andrés Tuxtla en Veracruz, Octavio Pérez Garay, luego de darse a conocer el secuestro de su mamá, la ex diputada Marina Garay. Por desgracia, es la expresión del Estado postrado ante la delincuencia.

2. El presidente promovió personalmente las denuncias en contra de los candidatos a gobernador en Nuevo León. A los responsables del derrumbe del metro les ha brindado protección e impunidad; no han perdido ni el empleo.