Qué nos seas eterna má. Felicidades
Alejandra Garnica Sánchez, una ácida crítica del Presidente López Obrador y su Cuarta Transformación, logró su ratificación como Gerente Regional Zona Sureste de Telecomm-Telégrafos, tras aceptar imponer a los trabajadores telegrafistas a su cargo la eliminación de algunas de sus prestaciones laborales.
Lo que parecía un caso aislado, empieza a convertirse en un modus operandi de algunos titulares de dependencias del gobierno federal para amedrentar a los burócratas y ordeñarles sus nóminas, so pena de despido para quien se niegue a realizar la ‘aportación voluntaria’ o denunciarlo ante las autoridades.
Apenas el lunes pasado, Animal Político publicó desde marzo de 2019 –es decir, cuatro meses después de iniciado el gobierno-, la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta 4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo. Por esta denuncia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación apenas este 23 de abril.
En el caso de Telecomm-Telégrafos -un organismo público descentralizado del gobierno mexicano, que forma parte de la Secretaría de las Comunicaciones y Transportes- se ha empezado a realizar la misma práctica, sólo que en este caso no como una ‘aportación’ para un programa social, sino con el retiro obligado de prestaciones establecidas al amparo de la Ley Federal del Trabajo.
En realidad se trata de un entramado a nivel nacional orquestado por María del Rocío Mejía Flores, Directora General de Telecomm, impuesta por el nuevo gobierno a partir de septiembre pasado. Desde su llegada, inició una persecución de los trabajadores encargados de las oficinas del organismo en todo el país, suspendiendo unilateralmente y sin notificación alguna, el pago que se hacía cada tres meses como bono de productividad, el pago de puntualidad, además de suspender los permisos económicos.
En Veracruz, esa fue la tarea encomendada a Alejandra Garnica, quien para cumplirla ha proferido amenazas de denunciar sin fundamento –o fabricando delitos- al personal administrativo o llevarlos a largos juicios laborales en caso de que se nieguen a aceptar los descuentos.
El argumento de las funcionarias –quienes exhiben una vez más el falso empoderamiento de la mujer, hoy convertidas en ejecutoras de violaciones flagrantes a la ley laboral-, es que se trata de personal de confianza que no tiene derecho a esos incentivos, cuando en realidad se trata de personal de base que han sido habilitados como responsables de las oficinas, sin que esto afecte sus derechos y percepciones.
Con ello, el gobierno morenista pretende desconocer logros laborales reconocidos desde hace más de 20 años; sólo la desesperación de un gobierno que se desfonda financieramente explicaría la razón por la que el gobierno ha decidido hacer lo que ningún otro: llevar la falsa ‘austeridad republicana’ hasta el bolsillo de los trabajadores. Al menos en Veracruz, ni Javier Duarte se atrevió a tanto.
Algunos de los trabajadores de Telecomm en el estado también han denunciado que la institución está al borde de la extinción. Desde el inicio del gobierno de Morena, dejaron de fluir los insumos de oficina y las carencias se han cubierto precisamente con recursos de los propios trabajadores promovidos a jefes de oficina.
Por desgracia, la institución agoniza. En Veracruz ya solo hay entrega con moto en ciudades como Xalapa, Veracruz, Coatza, Poza Rica y Córdoba; en cada sucursal ya sólo trabaja una sola persona que es el Jefe de Oficina y en algunas otras con un solo auxiliar. Son ellos quienes al terminar su turno tienen que hacer entrega caminando del servicio de telegramas oficiales que son de los juzgados y administraciones municipales.
Ante las amenazas directas de Garnica Sánchez, los jefes de oficina han manifestado su temor a realizar la denuncia ante las autoridades, aunque han empezado a gestar un movimiento nacional. En un escrito dirigido a este columnista, los trabadores acusan que “acciones como estas nos hacen pensar que esto sólo es la punta del iceberg de la tendencia a un cambio radical hacia la destrucción de las instituciones”.
En el caso del DIF Nacional, las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF. Es decir, el programa no existe y el dinero va a parar al bolsillo de la gran amiga de la esposa del Presidente.
Sin duda, la reciprocidad de la burocracia federal también habrá de manifestarse el 6 de junio.
La del estribo…
1. ¿La movilización ‘voluntaria’ de la burocracia estatal y municipal de este domingo a favor de la candidatura de Ricardo Ahued fue con su consentimiento? ¿Tan desesperados están? Podría sentarse a charlar con Rosario Piña para conocer la respuesta de los trabajadores cuando son obligados a hacer campaña.
2. Pregunta al OPLE: ¿Cuántos siervos de la nación, pagados con dinero público, trabajan como activistas de las campañas de Morena en el estado. Ricardo Ahued y Ana Miriam Ferráez suman al menos medio centenar. ¿Acaso dirán, como Dolores Padierna, que “no son parte de su equipo”?