La Fiscalía General del Estado (FGE) no contaba con pruebas para detener al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto; y el juez que ordenó, como una medida cautelar, que no podía asumir ningún cargo administrativo en el municipio, se excedió en sus funciones.
Así quedó confirmado con el último amparo federal que ganó el panista 417/2020, en el que se echó para atrás todo el proceso judicial en contra del alcalde suplente, que fue detenido el 19 de agosto por el supuesto delito de amenazas contra el periodista Celestino Ruiz.
El abogado Francisco Spinoso confirmó que el juez federal determinó que no existía ningún delito, pues la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no logró acreditar las amenazas contra el panista, por lo que no debía ser detenido, ni se le debió iniciar el proceso legal.
En ese sentido, mencionó que para aplicar la detención la carpeta de investigación que se abrió cuando el periodista denunció los hechos debía contar con un dictamen de comprobación de que había sido víctima de amenazas, pero no se tiene.
El periodista habría mencionado en la denuncia presentada que López Carreto, quien fungía como Secretario del ayuntamiento, le pidió que no publicara noticias en su contra, o procedería legalmente por difamación.
«El decir que vas a demandar o llevarlos a las instancias correspondientes por difamarme es un derecho que tenemos todos los mexicanos, no es una amenaza. El delito de amenaza se puede aplicar cuando a la persona que se le amenaza le sucede algo seguido de haber recibido la amenaza», expuso el abogado.
Para justificar la detención, el juez ligó el delito de amenaza con daños que le hicieron al vehículo del periodista un año antes de presentar la denuncia correspondiente, lo que fue irregular.
Otra de las medidas cautelares emitidas por el juez fue que López Carreto no pudiera ejercer en un cargo público en el ayuntamiento, con la intención de echar abajo la sentencia de magistrados federales que ordenaron que rindiera protesta como suplente, “el tema era político”.
Por lo anterior, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los legisladores locales, quienes se han negado a darle el nombramiento como alcalde a su representado; magistrados locales, que dilataron el proceso de impugnación; y contra los actuales administradores del municipio, por el gasto del recurso público a pesar de que no tienen legitimidad.
AVC