El caso de Veracruz es de una discriminación vergonzante. La entidad es una de las diez en el país que no contempla en su legislación el voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero. Sin haber perdido la ciudadanía por su condición de migrantes, han sido despojados de un derecho fundamental: votar y ser votados. Se trata de ciudadanos de segunda desde la lógica del gobierno y las leyes.
Cada año, los veracruzanos migrantes en Estados Unidos envían a sus familias más de 30 mil millones de pesos –el equivalente a la cuarta parte del presupuesto del estado-. Esta cantidad equivale a ¡5 veces el presupuesto de la Universidad Veracruzana y más de 10 veces el presupuesto del Congreso y el Poder Judicial juntos!
A cambio de sostener la economía estatal, los migrantes veracruzanos no reciben absolutamente nada. Se han cancelado los programas de apoyo para el desarrollo de infraestructura en sus comunidades y para aquéllos que desean regresar y emprender un negocio o incorporarse al sector laboral. Se eliminó el apoyo jurídico y consular en aquél país, mientras el gobierno federal festina como un logro evitar ocasionalmente que los atraquen cuando vienen a visitar a sus familiares.
Las oficinas del emblemático programa de asistencia a expatriados “Paisano” cerraron en Los Ángeles, Chicago y Houston después de casi 30 años de existencia.
A finales del año pasado, el propio presidente reconoció que los mexicanos migrantes en Estados Unidos le inyectaron al país más de 40 mil millones de dólares en remesas, lo que evitó el colapso económico tras la pandemia. Sin embargo, López Obrador decidió desaparecer de manera definitiva el Programa 3×1 para Migrantes, destinado a financiar obra pública, proyectos sociales y negocios; y también el Fondo de Apoyo a Migrantes, dedicado a apoyar la reinserción de retornados al sector productivo mexicano.
A pesar de que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero ha sido un largo proceso que se reconoce en los procesos federales desde hace dos décadas, los mecanismos no incentivan una mayor participación. En 2018 apenas unos 98 mil mexicanos emitieron su voto, 140% más que en la elección presidencial de 2012. Hasta ahora, los migrantes salvan la economía pero no inciden en la política.
Como decíamos, en Veracruz no tienen derecho al voto y menos a ser votados. Los partidos políticos se han enfocado en impulsar la equidad de género en las candidaturas y los cargos de representación popular, así como acciones afirmativas a favor de la población indígena y los jóvenes. Hoy hasta la comunidad lésbico-gay reclama espacios de representación política, menos los migrantes.
Los veracruzanos que no han dejado de serlo por vivir en Estados Unidos, no tienen representación formal en las candidaturas ni en los cargos de elección popular; ni el Congreso federal, los congresos estatales, ni los ayuntamientos de todo el país tienen representantes que lo sean por su condición de migrantes.
A nivel federal y en la mayoría de los estados donde ya se reconoce el voto de residentes en el extranjero, se ha venido trabajando en reformas para incorporar la figura de diputado migrante. En efecto, una de las razones que los vuelven inelegibles es que no pueden demostrar su residencia, sin embargo, se busca reconocerlos bajo la figura de la representación proporcional.
En estados como Michoacán y Zacatecas –dos de los principales receptores de remesas y donde prácticamente todos sus habitantes tienen un familiar que emigró a Estados Unidos- se ha propuesto que sus Congresos tengan al menos el diez por ciento de diputados que puedan acreditar esta condición.
En cambio, en el Congreso de Veracruz se encuentra congelada la única iniciativa que busca reconocer el voto de nuestros paisanos que radican en el extranjero. El rezago legislativo sólo podría resolverse si se incluye de una buena vez la figura de diputado y edil migrante para que haya un reconocimiento pleno de sus derechos.
Mientras, sólo seguirán siendo el salvavidas de la economía de cientos de comunidades… y del gobierno.
Las del estribo…
- Al día siguiente de su entrada en vigor, un juez determinó ayer la suspensión temporal de la aplicación de la reforma energética morenista tras el amparo presentado por una empresa fotovoltaica. La decisión final se tomará en una fecha emblemática para la 4T: el 18 de marzo.
- En lo que enderezan al jorobado, el Congreso decidió ayer postergar la votación sobre el juicio político en contra de la ex presidenta del TSJE, Sofía Martínez Huerta. Tampoco se han nombrado a los nuevos magistrados que ocuparán las vacantes existentes. Después del quemón, le soplan hasta al jocoque de la SCJN.