Eduardo* accedió por rapidez y necesidad, a un préstamo en efectivo por parte de la financiera que repartía volantes afuera de su centro de trabajo para pagarlo a través de descuentos quincenales de su nómina, lo hizo sin imaginar lo que viviría los próximos seis años a consecuencia de tal decisión; hoy, después de un procedimiento legal que duró dos meses logró pagar lo justo.

En el año 2015, Eduardo optó por el crédito de la financiera que tenía “convenio” con la secretaría de salud de Veracruz, tenía un apuro económico de menos de treinta mil pesos que requería solventar por lo que no dudó en comprometer su sueldo como fuente de pago, considerando que podía pagar sin mayores contratiempos.

Por aquellos años y derivado de causas desconocidas la secretaría dejó de hacer el descuento, se puso entonces en contacto con la financiera para que le indicaran la cuenta a la cual debía depositar mientras se restablecía el descuento automático a fin de no quedar mal y evitar el pago de intereses.

Hizo un par de pagos, hasta que en la ventanilla del banco en donde la financiera tenía su cuenta le indicaron que ésta había sido cancelada, se dirigió de nuevo a la financiera a realizar los pagos de manera directa, pero como no siempre podía desplazarse hasta dicho domicilio, volvió a solicitar una cuenta bancaria para continuar los abonos. De nuevo le dijeron que la cuenta no correspondía y que verificara la información.

Esto despertó su desconfianza sobre a quién le estaba pagando y descubrió entonces que los anteriores vouchers no correspondían al mismo nombre de la financiera que le había dado el crédito, sino a una diversa; por lo cual solicitó una aclaración sobre el por qué mientras la financiera “A” le había prestado el dinero, debía pagarle a la financiera “B”.

Comenzó entonces su amarga experiencia a consecuencia de la cobranza que ambas financieras hacían ostentándose como las dueñas de la deuda y las titulares del derecho de cobrar.

Solo quien ha vivido algo así sabe que se necesitan “nervios de acero”, mucha estabilidad emocional, apoyo familiar y empatía por parte de los compañeros de trabajo, para resistir las incesantes llamadas a su centro de labores, sobre todo si como en el caso de Eduardo el despacho de cobranza actúa fuera de la ley maltratando con palabras altisonantes, amenazas y ofensas a los compañeros que atienden las llamadas, incluso dándoles a conocer la problemática privada de la deuda. Imagínese Usted, que estos hechos además acontecieron en un hospital público de salud en nuestro Estado, en plena contingencia de salud en donde como Eduardo muchos más hombres y mujeres se enfrentan con valentía al virus, al velar por nuestra salud, y en justicia no deberían de tener ninguna otra preocupación.

Máxime que en el caso de Eduardo la falta de pago obedecía a la carencia de certeza sobre a quién debía pagar, sin riesgo de un doble cobro a futuro. Así fue que llegó al Barzón para buscar ayuda y una solución que terminara con esos 6 años de incertidumbre esperando que alguna vez las financieras cumplieran su advertencia de embargo de bienes.

Después de agotar el respectivo procedimiento legal recibimos la oferta de pagar el veinte por ciento del total que le exigían, -solo el capital- en acta certificada ante la autoridad competente. Así pusimos fin a una historia que pudo terminar peor.

Eduardo tuvo la oportunidad de beneficiarse de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar. Pero, ¿cuántos Eduardos más estarán allá afuera en estos momentos sufriendo por un caso similar?

El salario de los trabajadores no debe ser considerado una fuente de pago de créditos, porque permite la comisión de abusos y atropellos que lamentablemente no siempre llegan a obtener justicia.

*Pseudónimo utilizado con fines de resguardo de la identidad

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