Aunque desde su toma de protesta como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador ha venido reiterando que no es hombre de odios ni rencores –“no es mi fuerte la venganza, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia”, expresó hace dos años ya investido con la banda presidencial ante el Congreso de la Unión–, lo cierto es que las circunstancias adversas que ha debido enfrentar en materia de economía, seguridad pública y sobre todo las ocasionadas por la inédita pandemia del Covid-19, lo han ido forzando a olvidarse de sus palabras ante el riesgo inminente de que su partido y aliados pierdan la hegemonía que actualmente tienen en la Cámara de Diputados, lo que hasta el momento, junto con su mayoría en el Senado, le ha permitido un amplio margen de gobernabilidad.

Y es que este martes, coincidentemente, dos de los columnistas políticos nacionales mejor informados, Carlos Loret, de EL UNIVERSAL, y Raymundo Riva Palacio, de EL FINANCIERO, con versiones diferentes, revelaron que López Obrador habría tomado la decisión para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite orden de aprehensión en contra del ex presidente Felipe Calderón, a quien aún no le perdona haberle “robado” la elección presidencial de 2006, lo que al parecer determinó que el tabasqueño no felicitara inmediatamente, a principios de noviembre, al virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el triunfo del ex candidato demócrata impugnado por el mandatario saliente Donald Trump.

Loret, también fundador de la plataforma digital Latinus, reveló que desde el mes pasado, “de manera informal, la FGR presentó ante las instancias judiciales el expediente con el borrador de la solicitud de orden de aprehensión”, detallando que “el motivo tiene que ver con el presunto mal uso de la ‘partida secreta’ de la Policía Federal en el sexenio en que Calderón fue presidente de México y la cabeza de esa corporación era Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública”.
A su vez, con el título “López Obrador, tras Calderón”, Riva Palacio, autor de la columna Estrictamente Personal, comenta que AMLO “tiene una fijación” con la Operación Rápido y Furioso –un operativo sobre tráfico de armas que en 2009 montaron autoridades de Arizona con el consentimiento del gobierno calderonista–, y que “le ha servido para denostar sistemáticamente” a Calderón.

El columnista de EL FINANCIERO señala que el ex panista “ha negado las imputaciones y afirmado que esa operación fue secreta, y que su gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que se hicieron públicos los detalles de la operación, que dio origen a una exigencia al gobierno de Estados Unidos para que frenara el flujo de armas a México”, y apunta que “una nota diplomática que se envió a Washington por instrucciones de López Obrador en busca de explicaciones sobre el operativo fue respondida hace meses con un simple ‘es un asunto cerrado’”.

Sin embargo, revela que AMLO “no se quedó con ello” y que instruyó a la FGR y a la Consejería Jurídica de la Presidencia “para que judicialicen el caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la extinta PGR, de homicidio por haber dejado pasar las armas…”

Rápido y Furioso –refiere el columnista– fue autorizada por el Departamento de Justicia y se colapsó el 14 de diciembre de 2010 cuando en una ruta de contrabando de drogas en Arizona, cerca de la frontera con México, un escuadrón táctico especial de la Patrulla Fronteriza se enfrentó con narcotraficantes, y murió el agente Brian Terry, con la bala de una arma que habían dejado que compraran criminales mexicanos.

Riva Palacio hace la siguiente cronología: “El asesinato de Terry reveló uno de los más grandes fiascos de las agencias estadounidenses, la Operación Rápido y Furioso, que tuvo como precursor el Proyecto Gunrunner, implementado entre 2005 y 2008 para frenar el flujo de armas a los cárteles de la droga mexicanos desde Estados Unidos. Su predecesor, la operación Wide Receiver, en 2006 y 2007, vigilaba las compras de armas rumbo a México, y detenía a los contrabandistas antes de cruzar la frontera. Rápido y Furioso fue un escándalo para el gobierno de Barack Obama. El entonces procurador Eric Holden se negó a entregar los documentos de la operación a un panel que la investigó en la Cámara de Representantes, por lo cual lo acusaron de desacato. Finalmente, tras seis años de negociación del Departamento de Justicia con el Capitolio, se publicaron los documentos”.

Según Riva Palacio, “López Obrador va a revivir todo el caso”, y afirmó que el mandatario de Morena “originalmente quería conocer si Calderón había violado la Constitución y si el gobierno de Estados Unidos había realizado operaciones ilegales en México”.

“En cualquier caso, no le alcanzaba para procesar al ex presidente. Ahora, con la acusación de homicidio, ha visto una posibilidad real de ponerlo ante un juez”, comenta el periodista, quien advierte que “la Fiscalía y la Consejería Jurídica van a tener dificultades para ligar a Calderón con la operación, pero tiene posibilidades para encauzar a Medina Mora, no sólo por el presunto delito de homicidio, sino por el presunto delito de traición a la patria, aunque tendrá que escarbar la documentación de Estados Unidos”.

“La ATF hizo una revisión de la Operación Rápido y Furioso en noviembre de 2012, donde Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, dijo que la oficina de la agencia en México y la policía mexicana –no la PGR–, se mantuviera ‘en la oscuridad’ sobre esa operación que estuvo a su cargo. Uno de sus agentes, John Dodson, le reveló a la cadena de televisión CBS que todo fue mantenido en secreto para que no se enterara el gobierno de México.

“Medina Mora también ha negado siempre haber conocido de Rápido y Furioso, pero Dolia Estévez, una veterana periodista en Washington, encontró el memorando de una reunión en Washington en noviembre de 2007 entre los procuradores Michael Mukasey y Medina Mora, donde hablaron de investigaciones conjuntas de ‘entregas controladas’ en las que participaran agentes mexicanos. No se sabe si aquello se concretó, pero esa es la prueba que el ex procurador mexicano sí fue enterado de lo que iban a hacer. Lo único es que cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya había sido sustituido, el año previo, por Arturo Chávez y Chávez, y en las operaciones previas, el procurador involucrado era Daniel Cabeza de Vaca, cercano hoy a Palacio Nacional.

“Así que la obsesión de López Obrador contra Calderón tiene que estar muy bien armada judicialmente y documentada, para que se sustente la acusación de homicidio. De otra forma quedará todo en lo que hasta ahora parece, la persecución política de quien le ganó la Presidencia en 2006”, concluye Riva Palacio.

¿Recurrirán entonces al presunto mal uso de la “partida secreta” de la Policía Federal en el sexenio en que Calderón fue presidente de México y el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, tal como lo anticipa Loret?