El desvarío ideológico por el regreso al monopolio estatal de la producción de energéticos le podría costar a Veracruz más de 6,400 millones de dólares en inversiones y la pérdida de más de cinco mil empleos, lo que llevaría al estado a un retroceso económico de al menos una década.
Al amparo del estigma de corrupción de la gigante brasileña Odebrecht, el Presidente López Obrador anunció que su gobierno no renovaría el contrato para el suministro de gas natural al complejo petroquímico ubicado en Nanchital, mismo que significó una inversión de 5,200 millones de pesos y que actualmente da empleo a más de cuatro mil personas e ingresos a decenas de empresas del sureste del país.
Para justificar su decisión, el Presidente acusó la firma de contratos “leoninos” que lastimaron las finanzas públicas. Sin embargo, la realidad es que el monopolio estatal de Pemex en la producción de gas natural y sus derivados –entre ellos el etano, motivo de la disputa- ha tenido una caída sistemática en estos dos años y hoy es incapaz de abastecer la demanda nacional, no sólo la de Etileno XXI.
México no produce, tampoco permite la inversión privada para producir y ha establecido una serie de restricciones para que las empresas puedan importar los energéticos que necesitan. No gana el gobierno, no ganan las empresas y tampoco gana el consumidor. Como en cualquier parte del mundo, el gobierno debería regular el mercado, no apoderarse de él.
Precisamente ante la advertencia de que no abastecería gas natural para la construcción de una central termoeléctrica de ciclo combinado en Tuxpan, la empresa española Iberdrola decidió cancelar una inversión de 1.200 millones de dólares en Veracruz. El proyecto de la planta generaría 1.204 megavatios (MW) y que habría representado la creación de dos mil empleos para la región.
En respuesta a las acusaciones del Presidente, el consorcio Braskem Idesa –dueña del complejo Etileno XXI- negó la existencia de actos de corrupción en el contrato de suministro de etano con Pemex, e indicó que la fórmula de precios que incluye y que ha sido criticada por el gobierno incluso es utilizada por otras subsidiarias de la petrolera, refiriendo que la única solución ante la insuficiente producción de etano en el país es la inversión.
En su defensa, La compañía refirió que el contrato entre Pemex y Braskem Idesa se rige por un modelo take or pay/deliver or pay, que es “típico en suministros de largo plazo asociados a inversiones de infraestructura”, en el que la empresa se obligó a comprar cierta cantidad de gas etano a Pemex, y Pemex a suministrarlo, por lo que el incumplimiento supondría penalidades para cualquiera de ambas partes. De aquí deriva gran parte del problema, ya que ante la incapacidad de entregar el etano, Pemex acumula multas de al menos 2,800 millones de pesos (mdp) desde 2016.
Ante el riesgo del cierre de operaciones, el consorcio ha propuesto al gobierno federal financiar la única alternativa posible: realizar inversiones para desarrollar una terminal de importación de etano y con ello dejar de comprar el derivado de gas natural a Pemex y poder adquirirlo del mercado internacional. Pero Pemex, incapaz de garantizar el abasto, tampoco quiere se le compre el etano a nadie más.
Con los mismos criterios de una falta soberanía energética –ni Pemex ni la CFE son capaces de generar los combustibles y la energía que el país necesita-, la nueva política del gobierno federal es el viejo monopolio de Estado. Sin embargo, a pesar de no tener competencia, las paraestatales siguen acumulando pérdidas históricas por la falta de inversión, corrupción y deficiente operatividad.
En el caso de Iberdrola más bien parece tratarse de un asunto personal del Presidente. Casi desde el inicio de su gobierno, López Obrador ha lanzado una serie de ataques contra las energéticas españolas con presencia en el país, dirigidos particularmente a Iberdrola. Incluso calificó de «saqueo» la acción de las compañías ibéricas del sector en el México durante los últimos años, con precios «elevadísimos» en la energía eléctrica.
Sin embargo, el gobierno no liberó a la población el cobro desproporcionado de la energía eléctrica. Durante los meses de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad ha sido denunciada miles de veces por recibos de luz que superaron hasta en diez veces el consumo de los meses previos al confinamiento. La respuesta de la paraestatal no fue negociar sino cancelar millones de contratos que le dejaron grandes ganancias por los servicios de reconexión.
Y en medio de esta crisis se encuentra un gobierno estatal indolente y sumiso ante las acciones del Presidente. El mandatario veracruzano ni siquiera ha emitido opinión alguna sobre la pérdida de millones de dólares en inversión y miles de empleos. Ya habrá tiempo de cobrar en las urnas los “favores” que Rocío Nahle ha hecho a Veracruz.
Las del estribo…
- Pero en eso de la inversión privada también hay aliados y adversarios. Al menos tres pozos petroleros en Veracruz emplearon la fracturación hidraúlica (fracking) para la explotación de hidrocarburos de 2019 a 2020, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), algo que el Presidente aseguró que no ser permitiría. ¿Quiénes son los favoritos?
- Durante la sesión de este jueves en el Congreso local –la última del año- se presentará la iniciativa para derogar la ley de educación del estado y aprobar una nueva a imagen y semejanza de la 4T, con lo que armonizarían los cambios a nivel federal que enterraron la reforma educativa. Ya encarrilados, hasta pretenden convertir en súper secretario al titular de la SEV.