Cd. de México.- El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Fiscalía General de Veracruz reabrirá el caso de Ernestina Ascencio, indígena que falleció en 2007 tras la agresión sexual que según sus familiares sufrió por parte de militares.
«Queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado Mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el Presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos», señaló en conferencia.
«Por ello y una vez conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría general de Gobierno de ese Estado, con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas».
Apenas hace seis días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al estado mexicano para entregar en los próximos 30 días información justificada y sustentada por el cambio de peritaje médico sobre el deceso, con lo cual el caso fue reabierto.
Durante la audiencia pública del caso, los comisionados de la CIDH cuestionaron a la cancillería mexicana y a la Fiscalía General de Veracruz, las razones de haber variado el dictamen de la necropsia de Ernestina que en un inicio atribuyó la muerte como consecuencia de la violación sexual y luego se modificó para señalar que fue causada por una anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo.
Los comisionados hicieron al menos un veintena de preguntas ante la postura del estado mexicano sobre este caso, así como la del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; también por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para lograr un nuevo peritaje forense; además, solicitaron información sobre las actividades del 64 Batallón de Infantería durante el día de los hechos en febrero de 2007, las bitácoras de estas, quién estaba a cargo, así como si existían denuncias previas contra los integrantes de este batallón.
La comisionada presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró que en México hay ya otros casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas lo cual dijo es un tema con trasfondo de política pública que debe revisarse, ya que dijo “cuando se violan los derechos de mujeres indigenas se violan los derechos de un colectivo”.
AVC
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