Este domingo, el semanario Proceso publicó un extenso reportaje (“Caso Regina Martínez: las dudas y contradicciones que la 4T debe esclarecer”) sobre el homicidio de quien fuera su corresponsal en el estado de Veracruz.
El reportaje forma parte del “Proyecto Cartel” que realiza el consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories, una nueva investigación sobre el homicidio de la periodista de Proceso “en busca de su esclarecimiento”, como parte del un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluyendo a Proceso, señala la publicación incluida en su versión electrónica.
Esta serie de reportajes también se incluye en otros medios tan influyentes como The Washington Post, quien bajo el título «A murder in Veracruz: Slain journalist’s story a portrait of a violent, corrupt era in Mexico» (Un asesinato en Veracruz: la historia de una periodista asesinada, un retrato de una era violenta y corrupta en México), pondera la labor que Regina realizó previo a su asesinato. The Washington Post es parte de ese conglomerado de medios que este domingo destacó el homicidio de Regina Martínez.
A pesar de las numerosas publicaciones tanto a nivel internacional como en México –referidas SHCPtambién por la prensa estatal-, hay al menos cuatro datos clave de la investigación que han sido poco explorados por los periodistas y los medios que participaron en este proyecto.
El primero de ellos es que hay una sentencia firme en contra de uno de los co partícipes del homicidio. Si bien la mayoría de los medios cuestiona su responsabilidad en los hechos que llevaron al asesinato de Regina, su efímera libertad fue resultado de la presunción de que su declaración se obtuvo mediante tortura, argumento que se invalidó luego de que se aplicara el protocolo de Estambul -el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes- y resultara negativo. “El Silva” volvió a prisión donde actualmente purga una sentencia de 38 años.
El segundo elemento es que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó su propia investigación “espejo”, es decir, mediante acuerdo institucional, los elementos de la investigación de la Procuraduría estatal eran compartidos con la PGR y viceversa. En ese sentido, ambas Procuradurías tenían acceso a la misma información.
De hecho, el consorcio envió unas preguntas dirigidas al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la investigación, debido a que en ella participó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): se le preguntó si la FGR cuenta con más información sobre quién mató o pudo ordenar el asesinato de Regina. Y esto respondió la oficina del fiscal:
“A la fecha, las investigaciones de los hechos dentro de la averiguación previa radicada en el fuero común han dado lugar a que una persona haya sido sentenciada a 38 años de prisión por el homicidio de la periodista Regina Martínez en el estado de Veracruz. Asimismo, se ha establecido la participación de una segunda persona que se encuentra identificada y se encuentra prófuga de la justicia con una orden de aprehensión en su contra”, como testimonia Proceso.
Es curioso que los reporteros que realizaron la investigación no hayan preguntado a Laura Borbolla -quien dirigía en ese entonces la fiscalía especializada en delitos contra la prensa (FEADLE)- los resultados de su propia indagatoria, sino sólo su opinión sobre el trabajo de la Procuraduría estatal, a pesar de la que la PGR, de quien dependía la FEADLE, llegó a la misma conclusión.
El tercer tema es que la indagatoria nunca se archivó, sino que por el contrario, se quedó abierta para que se incorporaran nuevos elementos de prueba que fortalecieran cualquiera de las líneas de investigación que se plantearon.
En la respuesta, fechada el 26 de octubre pasado, la FGR confirmó que esta averiguación previa “se encuentra en trámite e integración, por lo tanto lo solicitado, haría pública la información que se recopila en la investigación que llevan a cabo los agentes del Ministerio Público de la Federación, para acreditar el delito, la probable responsabilidad de el o los indiciados, la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, por lo tanto el riesgo real, demostrable e identificable se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”. Si hubiera nuevos elementos, podrán ser incorporados sin restricción alguna.
El cuarto asunto es que en todo momento la revista Proceso tuvo acceso a la carpeta de investigación en calidad de coadyuvante. Más allá de su convencimiento sobre la integración de la carpeta, siempre pudo aportar los elementos de prueba que pudieran resultar de la investigación que ha dicho realizó por su cuenta. Hasta la fecha, ocho años después, no ha encontrado un móvil distinto.
Por su carácter reservado, es difícil saber qué pensaría Regina sobre el uso y usufructo que le han dado a su nombre, a su trabajo y a su fatal desenlace.
Las del estribo…
- El viernes pasado, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco hizo un llamado a combatir la pobreza que priva en el sureste del país, olvidada durante décadas por los gobiernos anteriores. El veracruzano acompañó al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante la XLIX Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. Lima Franco empieza a demostrar que no sólo es un buen técnico, sino que entiende el sentido social de los números.
- A partir de hoy, el estado de Veracruz estará en semáforo verde -se permite realizar todas las actividades, incluso el regreso a clases-, en medio del llamado de las autoridades de salud a no realizar celebraciones decembrinas y cuando las se preparan para un rebrote durante los meses de diciembre y enero. La ineptitud nos llevará al matadero.