Posicionamiento respecto a la declaración de inconstitucionalidad de la Reforma Electoral emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En Unidad Ciudadana nos congratulamos con la declaración de inconstitucionalidad de la Reforma Electoral de Veracruz, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aplaudimos la resolución emitida por el Máximo Tribunal de México, porque restituye el estado de derecho en Veracruz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución, sentencia y expone violaciones graves a los procedimientos llevados a cabo por el Congreso del Estado de Veracruz.
En Unidad Ciudadana consideramos que el máximo tribunal de nuestro país ha devuelto las garantías a las instituciones y nos permite, con mayor impulso, continuar con nuestra lucha diaria por trazar un nuevo rumbo para Veracruz.
El proyecto concluye que existen violaciones en el procedimiento legislativo con el potencial suficiente para anular de manera total el decreto impugnado, porque genera una afectación substancial al principio de democracia deliberativa.
Un gran aspecto a destacar fue la falta de consulta indígena, en cuanto a que el Poder Legislativo de Veracruz no la llevó a cabo, previo a la emisión del decreto impugnado; vedándoseles la oportunidad de opinar sobre el tema que es susceptible de impactar su cosmovisión, lo que implica una forma de asimilación cultural, por lo tanto la SCJN declararó la invalidez de la totalidad de la reforma impugnada.
Esta reforma del Congreso del Estado de Veracruz también pretendía que la figura de los consejos municipales, encargados de realizar la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones en el ámbito municipal, desaparecieran del ordenamiento legal. Sin embargo, se violenta de forma flagrante la Constitución, pues como se sostiene, el poder reformador nunca consultó respecto de la viabilidad de desaparecer la figura de consejos municipales y, en general, de la reforma.
Debido a lo anterior, en Unidad Ciudadana celebramos que el acto inconstitucional que pretendía realizar el Congreso del Estado de Veracruz y que violentaba los principios de certeza, legalidad, independencia, debido proceso y aplicación de cadena de custodia en materia electoral, ya no será aplicado, y que toda la legislación electoral respectiva regrese al estado inicial en el que se encontraba, con antelación a esta malintencionada reforma.