La permanencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez está en riesgo ante el incumplimiento de sentencias judiciales que obliga al pago de “decenas y decenas de millones de pesos” a proveedores y prestadores de servicios, que se dejaron de pagar en el período de Javier Duarte.

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, mencionó que con la reapertura de juzgados federales se les empezó a notificar “en cascada” decenas de sentencias que los obligan a liquidar pasivos heredados.

En algunos casos no hay pruebas de que se realizó la obra o servicio de la factura que se quiere cobrar, sin embargo, la pasada administración no “defendió” los procesos judiciales y hoy una sentencia judicial les obligará a pagar montos que van desde los 100 hasta los 300 millones de pesos.

“Es un sinfín de temas que venimos cargando como pasivos (…) y no nos queda más que pagar” lamentó el funcionario estatal, quien señaló que esas sentencias no se pueden negociar.

“Muchos de ellos ya traen amenazas para el gobernador, multas y que podría ser retirado de sus cargo. Lo que hemos visto en esas sentencias, de la Suprema Corte de Justicia, nos hemos dado cuenta que las demandas no fueron defendidas”, respondió a Jorge Morena Salinas.

Las sentencias echaron abajo la planeación para cumplir al sector empresarial, y se ha tenido que redirigir el dinero para poder atender el mandato de los jueces, “no tenemos mucho que hacer”.

Cubrir los adeudos ya no depende de la voluntad, pues si no se cumple puntualmente empezarán a tener sanciones, multas, o la remoción del cargo de diferentes funcionarios, entre ellos el Gobernador, secretarios de despacho y directores de área.

Los otros pasivos

El funcionario pidió el apoyo de los diputados locales, pues a la fecha el gobierno del estado tiene sentencias en el ámbito laborales pendientes por mil 500 millones de pesos, que también tendrá que pagar en breve.

Reconoció que en el pasado, como en la actual administración se dio el despido “mal hecho” a ex burócratas y se les tendrá que pagar, pues también hay mandatos judiciales.

El funcionario consideró urgente el poder reformar la ley del Servicio Civil de Carrera, con la intención de hacer responsable del pago a quien realice el despido sin justificación a trabajadores al servicio del estado.

Además, mencionó que se ha avanzado en el pago de las controversias constitucionales que ganaron algunos municipios, sin embargo, se prevé que para el 2021 se tendrían que cubrir otros 800 millones de pesos.

AVC

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