Prefacio.

Veracruz es uno de siete estados de la República que contempla la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. Así lo establece el artículo 42 del Código Penal, tema que recogen los artículos 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se señala el proceso a seguir para sancionar penalmente a las personas jurídicas. *** ¿Por qué es esto importante? Justo porque serán esos instrumentos incluidos en la Ley, los que se utilizarán, a partir del “Criminal Compliance Program”, para sancionar a las personas jurídicas (organismos de gobierno y empresas) que violaron la ley en la construcción de las Ciudades Judiciales. *** El equipo de abogados que se dio a la tarea de investigar los procedimientos aplicados para la realización de estas obras, presentó ya una primera denuncia, en la que parte de la responsabilidad que le corresponde a quien fungía como Director de Administración del Poder Judicial del Estado, el ingeniero Humberto Rodríguez Losilla. *** Viene una segunda denuncia (será una trilogía, anticipan) en la que se reseña el papel que jugaron el Consejo de la Judicatura y sus integrantes. Para ello los abogados están en posesión de varias cajas de documentos que respaldan el expediente. *** A partir de las reformas a la ley que permiten sancionar penalmente a las personas jurídicas, se han derribado mitos como aquel que expresaba “societas delinquere non postest” (las sociedades no delinquen), pues ahora ha quedado demostrado que sí delinquen y que sí se les puede sancionar. *** Con base en estos preceptos jurídicos y con apoyo del Criminal Compliance Program (un catálogo mínimo de estándares normativos con el que debieron cumplir los organismos y empresas involucrados) es como actuará el equipo de abogados encabezado por e doctor Tomás Mundo. *** La denuncia –por otra parte- pone una camisa de fuerza a la Fiscalía del Estado, pues la obligará a hacer una análisis de la responsabilidad de las empresas y sus socios a la luz de la teoría de la Imputación Objetiva, lo que de suyo significa una argumentación extra. *** Estas actuaciones permitirán confirmar que la fuerza de la Ley está muy por encima de las motivaciones políticas.

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Utilizando la frase que está de moda entre los funcionarios emanados de Morena, el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, “le cayó como anillo al dedo” a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta hace ocho años “el partido” de Andrés Manuel López Obrador.

El PRD (dirigido a nivel nacional por Jesús Zambrano y en Veracruz por Sergio Cadena) tiene una larga lista de momentos coyunturales en los que se ha traicionado a sí mismo.

En Veracruz, por ejemplo, en 2016 fue duramente criticado por sumarse a una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) para impulsar la campaña de Miguel Ángel Yunes Linares, a pesar de que ese mismo personaje, en su papel de secretario de Gobierno (entre 1992 y 1997) orquestó la más feroz campaña de persecución y acoso contra los perredistas, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien le envió “reventadores” para boicotear un par de conferencias de prensa.

Nada de eso pesó. La nueva ola del perredismo veracruzano enterró los agravios y entregó el partido a Yunes Linares, quien se mantiene en poder de esa franquicia, guardada para ser utilizada como “Plan B”, en caso de que el PAN no le dé la candidatura al gobierno estatal, en el 2024, a alguno de sus hijos.

En el 2017, y gracias a su alianza con Acción Nacional, candidatos del PRD obtuvieron la victoria en 43 ayuntamientos, sin embargo la fuerza de este partido en Veracruz fue a la baja, tanto por la salida de López Obrador y la creación del partido Morena, como por su irracional alianza con la derecha.

En esas circunstancias, suena –por decir lo menos- “poco inteligente” por parte del gobierno de Cuitláhuac García, iniciar una campaña en contra de los alcaldes emanados del PRD, pues no representan una fuerza significativa, que ponga en peligro su proyecto electoral del 2021.

Y, sin embargo, al secretario de Gobierno Éric Cisneros no le hace falta una estrategia global, un acuerdo con el gobernador o un pretexto para amenazar, para extorsionar o para dictarles órdenes tajantes a los presidentes municipales, a los que concibe como sus subalternos.

Fue, pues, la soberbia, la prepotencia de este servidor público, lo que provocó la crisis política –y de seguridad- que vive la entidad. Las circunstancias se engranaron de manera casi mágica y de pronto el tema “reventó”.

El PRD denunció de manera específica a Éric Cisneros de amenazar y presionar a sus alcaldes para que apoyaran a los aspirantes de Morena en las próximas elecciones municipales, y a los pocos días la alcaldesa de Jamapa, (cuya policía se quedó sin armas por decisión del gobierno estatal) fue “levantada” y su cuerpo ya sin vida fue arrojado a orillas de la carretera.

Y a los pocos días, el domicilio particular del alcalde de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, fue atacado con una ráfaga de disparos con armas de alto poder.

Hoy la víctima es el PRD y de nada servirá la arrogancia del gobernador y su subalterno, negando cualquier injerencia en los hechos. Un político con experiencia y dominio de la escena, ya se habría sumado al reclamo de justicia y habría ofrecido todas las garantías que se requieran para el óptimo desempeño de las autoridades municipales.Eso sería demasiado pedir al actual gobierno de Veracruz.
La culpa es nuestra. Nosotros los elegimos.

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Epílogo.

Las mujeres no fueron escuchadas en la elaboración del presupuesto federal, denuncia Magdalena García Hernández, especialista en presupuestos públicos. Advierte que los recursos siguen siendo “insuficientes, desequilibrados y no pertinentes” y con ello se contraviene el principio de progresividad al asignar para 2021 solo el 2.8% de todo el recurso presupuestado. *** Ese es sólo uno de la gran variedad de temas tratados en el Foro Veracruz: Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, que fue convocado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Legislatura local, a cargo de la doctora Mónica Mendoza Madrigal. *** La Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura federal, Dulce María Sauri Riancho denunció que a las mujeres se les hace vivir en forma diferenciada el Covid-19, pues incrementan la carga de trabajo debido al sexismo en las tareas de cuidados a la familia y al hogar. Dijo que es momento de hacer valer la paridad, para que esta se traduzca en un presupuesto que sea sensible a la realidad de vida de las mujeres. *** Aurora Aguilar Rodríguez, Directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Legislatura federal señaló que aun cuando por ley no pueden reducir los presupuestos para mujeres, sí hubo recortes. *** “La violencia es un ejercicio desmedido del poder, si no atendemos las causas jamás se podrán erradicar las acciones”, señaló Aurora Aguilar en relación a las cifras de violencia contra mujeres y feminicidios, mismos que sin un presupuesto que garantice su atención, será imposible erradicar. *** Un encuentro enriquecedor y una enorme tarea: aterrizar estas reflexiones en acciones específicas para corregir las fallas.

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