En los círculos judiciales se comenta que ostentando su investidura de “testigo protegido”, en el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, el extesorero Tarek Antonio Abdalá Saad, el mismo que desde el Congreso federal habría usado los “Tokens” bancarios para seguir operando las cuentas bancarias y la licuadora del Gobierno del Estado de Veracruz, fue quien “empinó” a la subdirectora de la Tesorería en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Carolina Estrada Acosta, por lo que la Fiscalía General de la República le giró una orden de aprehensión por el presunto delito de peculado.

Todo esto trascendió luego de que la ex funcionaria promoviera un amparo contra su detención, mismo que fue admitido a trámite por un juez federal, luego de que se constató que sí existe la orden de captura en su contra.

Estrada Acosta es señalada como probable responsable de autorizar en 2014 la transferencia de 857 millones 300 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples a diversas cuentas del gobierno veracruzano, con el fin de desviar recursos ­federales.

Este caso ha llamado la atención porque trasciende después de que el pasado miércoles 21 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República realizar, en un plazo de tres meses, una amplia auditoría a los 109 fideicomisos que el Congreso de la Unión aprobó desaparecer ese mismo día,  pidiendo además que todas las evidencias de mal manejo fueran presentadas en forma de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

 

Hipólito, desesperado por recursos 

Desesperado, el alcalde de Xalapa lanzó este jueves un dardo contra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras.

Al edil no le gustó que le rechazaran la solicitud de un adelanto de participaciones por 37 millones de pesos y usó sus redes sociales para pedir la intervención del presidente de la República, a efecto de que Banobras le autorice al Ayuntamiento de Xalapa un crédito para construir 4 tanques de almacenamiento de agua, “que permitan compensar el tandeo en las colonias más pobres del municipio”.

“El pueblo de #Xalapa no merece el trato que le está dando el @Banobras_mx, así que, ante la negativa de su Departamento Jurídico de aceptar el Acuerdo emitido por la mayoría de los miembros del Cabildo, hacemos un llamado al presidente @lopezobrador_para que interceda en favor de los xalapeños para que podamos acceder al crédito de 37 millones de pesos y enfrentar la próxima temporada de estiaje con nueva infraestructura”, indica el mensaje de Rodríguez Herrero.

El alcalde xalapeño expone que el Cabildo solicitó a Banobras un adelanto de sus participaciones de 2021. Explica que a favor de esa propuesta votaron 9 de los 14 ediles, y que aun así, el banco informó que para acceder al crédito, el Ayuntamiento debe contar con el voto de dos terceras partes de los ediles; es decir 10.

Rodríguez Herrero habla de un bloqueo “a nuestra posibilidad de iniciar en diciembre con las obras requeridas para enfrentar la próxima temporada de sequía”.

Lo que llama la atención, al margen de la solicitud de apoyo a López Obrador y de la denuncia pública contra Banobras, es que la petición de recursos extraordinarios sale de un Ayuntamiento, Xalapa, cuya principal característica administrativa es el regreso de recursos a la Federación, porque durante estos tres años, millones de pesos que estaban etiquetados para obras en la capital de Veracruz fueron reintegrados a la tesorería federal porque, al parecer, el gobierno local consideró que no era necesario aplicar ese dinero.

@luisromero85