Prefacio.
Un escándalo mayúsculo se avecina en el Poder Judicial de Veracruz. *** La bomba será tan fuerte, que incluso afectará a varios de los que integraron la pasada Legislatura local. *** Con base en documentos conseguidos a través de los sistemas de transparencia y acceso a la información, un grupo de abogados ha armado un expediente con documentos que demuestran un desfalco a las arcas del Tribunal Superior de Justicia del orden de los 15 mil millones de pesos. *** En la investigación (para la que han pedido el respaldo del jurista Tomás Mundo Arriasa) aparece involucrado el extitular de ese Poder, Edel Álvarez Peña, lo mismo que los magistrados Pedro Luis Reyes y Andrés Cruz Ibarra, así como la exmagistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo y los consejeros Carla Rodríguez González y Edgar Mauricio Duck Núñez. *** A todos ellos se les atribuye responsabilidad en la aprobación de acuerdos que tuvieron como consecuencia una considerable merma en los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. *** En la carpeta que está por ser presentada ante las autoridades, figuran, además, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura. *** Nombres, cifras, operaciones… todo está documentado y muy pronto se estarán solicitando las primeras órdenes de aprehensión.
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Surge un nuevo debate en Veracruz, en materia electoral.
Este jueves, en sesión extraordinaria del Pleno, los diputados de Veracruz aprobaron nuevas reformas al Código Electoral del estado, entre las que destacan que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) recupere, concentre y reutilice el material electoral que será empleado en los comicios; también se establece que ese mismo organismo –ya no una empresa privada- sea el que ejecute el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Muchas de estas medidas tienen como principal argumento la tarea de optimizar los recursos que se dispongan para la jornada electoral, por lo que también le encargan al OPLE que organice los debates, que podrán ser virtuales o presenciales.
Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, celebró en redes sociales la aprobación de dichas reformas y afirmó:
“Aprobamos una importante reforma al Código Electoral, porque garantizará la seguridad y certeza jurídica del próximo proceso electoral. Veracruz se construye con la participación de la ciudadanía y hoy en el Poder Legislativo dimos un gran paso en la recuperación de nuestra democracia”.
No es esta, sin embargo, la misma opinión de otras fuerzas políticas.
El presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, advirtió que “con las reformas antidemocráticas que está aprobando el Congreso, podría realizarse una solicitud para que el INE (Instituto Nacional Electoral) atraiga las elecciones locales, y se garantice piso parejo para todos los partidos políticos”.
Marlon Ramírez participó en una conferencia de prensa conjunta, con los dirigentes del PAN (Joaquín Guzmán Avilés) y del PRD (Sergio Cadena Martínez), quienes manifestaron su desacuerdo con esas reformas.
El dirigente panista dijo que “ante el fraude electoral 2021-2024 que Morena está preparando con cuatro reformas en materia electoral en menos de medio año, los veracruzanos nos fortalecemos para evitar que cumpla con su objetivo de robar el voto para mantenerse con trampas en el poder”.
En su intervención, el Presidente del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, cuestionó el uso del presupuesto del OPLE y coincidió en el reclamo por una política falsa de austeridad en las elecciones.
Es cierto: No es algo distinto a lo que hayamos vivido en otras etapas políticas de Veracruz y del país. Lo triste es que muchos creímos que estos episodios de autoritarismo y avasallamiento habían quedado en el pasado.
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Epílogo.
Las cosas no le están saliendo del todo bien al presidente municipal de Misantla, Othón Hernández Candanedo. Pensó que sería fácil sacar del camino al empresario refresquero Rubén Carrasco y muy tarde se dio cuenta de su error. *** El alcalde movió a la prensa que tiene en su nómina, para que golpearan al propietario de la embotelladora Coyame y la inmediata consecuencia fue que su propio hermano –y exalcalde de Misantla- Javier Hernández Candanedo, lo acusara públicamente de corrupción. *** “El Alcalde (o sea, su hermano Othón) se ha encargado de condicionar y coaccionar a la militancia (panista). No hay una democracia real. Se habla de que ya ofreció dinero para la candidatura y que está aliado con priistas. Corrupción pública comprobada por todos nosotros”, dijo. *** Javier Hernández anunció este jueves, en conferencia de prensa, su renuncia como militante del PAN y como coordinador de los distritos locales de Misantla y Martínez de la Torre. “Donde gobierna el PAN ya es una constante saber de actos de corrupción. Estamos hablando de 18 Ayuntamientos que me tocaba coordinar. Vemos que los alcaldes panistas se han encargado de coaccionar y comprar a la militancia para que se presten a lo que ellos digan”. *** Esta es apenas la punta de la madeja. Contra Othón Hernández hay carpetas de investigación que se encuentran en trámite (por daño patrimonial y violación a leyes estatales) y que en cualquier momento lo podrían llevar a la cárcel. De verdad, no supo con quién se metía. *** El doctor Tomás Mundo Arriasa, por cierto, está participando –a distancia- en el Curso de Especialización “La Prueba Testifical desde el Razonamiento Probatorio y la Psicología del Testimonio”, que imparte la Universidad de Girona, España y en la que participan exponentes de la talla de Jordi Ferrer y Carmen Vásquez. Bien. *** “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. *** Esa es la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso para la consulta ciudadana a través se pretende llevar a juicio a los expresidentes del país. La nueva pregunta fue aprobada por 8 de los 11 ministros. Se opusieron a ella Luis María Aguilar, Norma Piña Hernández y Javier Laynez. *** Horas antes, la SCJN declaró “constitucional” y por tanto aprobó la consulta ciudadana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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