Úrsulo Galván, Ver.- El Ingenio La Gloria y su Destilería de Alcohol denunciaron ante la instancia conciliadora de la STPS, que las demandas de un grupo de trabajadores de la sección 20 del sindicato azucarero son ilegales, falsas y atentan contra la economía de la empresa y de la región.
El pasado 8 de septiembre, representantes legales de la empresa explicaron a funcionarios de la Secretaría del Trabajo, que los autodenominados miembros del Comité Ejecutivo de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), mintieron en las cartas que enviaron a la Secretaría del Trabajo al describir situaciones que son falsas.
En el acta levantada en la reunión, los funcionarios de la STPS hacen constar que los firmantes de las cartas “se dicen” miembros del Comité Ejecutivo y secretario general, respectivamente, de la sección 20, lo que muestra que no se les reconoce como tales, además de que en dichas cartas ellos mismos reconocen que no siguieron los canales institucionales para emplazar a huelga al Ingenio, sino que “asumieron el estado de huelga” al tomar las instalaciones y poner banderas rojinegras.
Por ello, la empresa denunció que dichos trabajadores al “asumir el estado de huelga”, incurren en “un hecho ilícito, que incluso entraña la comisión de un delito”, que además causa daños graves a la economía del Ingenio, al resto de los trabajadores y a la comunidad en general.
Los representantes de la empresa aclararon que las demandas sobre días de descanso carecen de sustento, ya que las decisiones sobre guardias y reemplazos las toma el propio sindicato. Y en el caso del reparto de utilidades, señalaron que el monto de este año ya ha sido pagado en tiempo y forma, por lo que la pretensión de obtener de parte de la empresa 20 millones de pesos adicionales carece de sustento, ni hubo jamás el compromiso de la administración del Ingenio de desembolsar esa cantidad, cuyo destino es, además, oscuro.
La empresa dejó claro que los despidos a quienes infringieron el reglamento del Contrato Ley y las denuncias penales por allanamiento y despojo contra los que tomaron las instalaciones, siguen firmes y serán las autoridades las que determinen las sanciones que correspondan.
Por último, solicitaron a las autoridades que realicen una inspección a las instalaciones del centro de trabajo en el Municipio de Úrsulo Galván para que constate la veracidad de los hechos, que se llegue a una solución inmediata y regresar a las actividades normales.
AVC
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