López Obrador si estará en la boleta electoral de 2021. No lo hará como candidato, tampoco sujeto a revocación de mandato sino sometiendo a consulta ciudadana la realización de un juicio en contra de algunos ex presidentes de México. Así, más allá de los cargos de representación popular en disputa, el Presidente convertirá la elección en un plebiscito: votar por los candidatos de Morena es votar por llevar a juicio a los ex Presidentes corruptos, será el eje de su campaña.
Desde el inicio de su gobierno, el mandatario se propuso volver a aparecer en la boleta electoral de 2021 con la única intención de repetir el fenómeno que lo llevó a Palacio Nacional y que permitió que cientos de candidatos absolutamente desconocidos lograran ocupar gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales así como cientos de cargos edilicios. Sin López Obrador, eso hubiera sido imposible.
Sin embargo, en una de sus deliberaciones más importantes, el Congreso federal logró contener las pretensiones presidenciales de aprobar la figura de revocación de mandato y que esta se realizara el mismo día de la jornada electoral, lo que evidentemente hubiera cargado los dados a favor de los anodinos candidatos de Morena. De realizarse la consulta, esta se celebrará hasta la primavera de 2022, ya con un nuevo Congreso federal y la mitad de los estados del país estrenando Gobernador.
Hasta hace algunos meses, incluso la iniciada la pandemia, López Obrador insistió en adelantar la consulta y realizarla junto con la elección constitucional. Pero nos abrazó la tragedia del Covid19, la crisis económica se extendió como gangrena y aparecieron los videoescándalos. La carnaza de la rifa del avión dejó de ser útil, al grado de tener que empezar a regalar los boletos entre miles de escuelas.
Y entonces, ante los frentes de batalla que ha abierto con los ex Presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña y Vicente Fox, le llegó la gran idea. Si no era él, serían las historias de corrupción –hasta ahora ninguna comprobada- las que estarían en la boleta electoral para rescatar a sus candidatos. Como parte de su engaño, López Obrador ha sugerido que la aplicación de la justicia puede ser sometida a consulta popular.
En el frenesí de su estrategia, López Obrador ha dicho que está en sus facultades convocar a una consulta ciudadana para enjuiciar a los ex Presidentes, pero que de hacerlo, votaría en contra. De ellos se encargarán sus hordas con hambre y sed de venganza, no de justicia.
¿Qué pretende en realidad López Obrador? Este lunes el Presidente dijo que no descarta solicitar una consulta ciudadana para que la población avale que se enjuicie a ex presidentes. De acuerdo con la ley, para hacer una consulta sólo hay un plazo para iniciar un proceso de este tipo, que es del 1 al 15 de septiembre de cada año. Legalmente no se podría solicitar en otra fecha.
El tiempo se le agota. En cuestión de días tendría que pedir al Congreso de la Unión que convoque a la consulta popular en los términos del artículo 35 de la Constitución que le otorga esta facultad, aunque también pueden hacerlo el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o a los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores equivalente a un millón 600 mil firmas.
En el caso que la solicite el Presidente o los legisladores, debe ser aprobada en el Congreso, mientras que de tratarse de una solicitud ciudadana, ya no requiere la ratificación del Legislativo. Después sería el INE el que aplique la consulta el día de elecciones federales o el 1 de agosto.
Pero hay un detalle que el Presidente López Obrador ha pasado por alto deliberadamente. Aun cuando decida hacer la solicitud o pedirla a los grupos parlamentarios de Morena en ambas Cámaras, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, es decir, el juicio a los ex Presidentes.
La constitucionalidad tiene que ver sobre si efectivamente puede convocarse una consulta popular para la impartición de justicia, una de las primeras obligaciones del Estado. Es decir, de haber pruebas en contra de los ex mandatarios, las autoridades tienen que iniciar el juicio correspondiente sin mediar consulta alguna; o de lo contario, tampoco se podrá enjuiciar a los ex Presidentes si no hay elementos de prueba en su contra.
En su desvarío, el Presidente ha dicho que al mismo tiempo que la Fiscalía resuelva sobre la responsabilidad de los ex presidentes, se puede hacer una consulta ciudadana para que sea la población la que decida porque “no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza”. Si ya estuvieran sujetos a juicio, ¿cuál sería entonces el propósito de la consulta popular? Los votos.
Que nadie tenga dudas. López Obrador sí estará en la boleta electoral del 2021.
Las del estribo…
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