Prefacio.
Este jueves la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) recortó en medio punto el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria por sexta ocasión consecutiva en el año para dejarla en 4.5 por ciento. *** Con esta decisión -que fue tomada por mayoría, con un solo voto a favor de un recorte de 25 puntos base- la Junta de Gobierno del Banxico completó una reducción de 375 puntos base en la tasa en exactamente un año, al llevarla desde 8.25% a 4.50% donde se encuentra hoy. *** En esencia, la decisión se toma para cumplir con una de las encomiendas del Banco de México, que es mantener estable y “manejable” la inflación. *** A pesar de que el índice inflacionario se mantiene en niveles aceptables, preocupa que, por el contrario, la economía se contrajo 18.9 por ciento durante el segundo trimestre de este año, lo que significó su peor caída de la historia. Aunque el crecimiento económico no está establecido dentro del mandato del Banxico, este factor sí influye en sus decisiones de política monetaria. *** Una tasa de interés más baja fomenta el consumo interno, entre otras cosas porque los créditos son más baratos. Sin embargo, esta medida favorece también la salida de capitales, que ya no ven tan atractivo invertir en el país. *** El próximo anuncio sobre la política monetaria está programado para el 24 de septiembre. Después habrá dos más, en noviembre y diciembre.
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Como las cartas en un castillo de naipes, así se están cayendo las resoluciones que el Poder Legislativo ha tomado sin acatar disposiciones jurídicas vigentes.
Primero fue el magistrado Marco Antonio Lezama Moo quien gestionó –y consiguió- que la justicia federal apercibiera al Poder Legislativo de Veracruz, por haber incumplido una suspensión dictada por un juez de distrito.
El Congreso de Veracruz deberá convocar a sesión extraordinaria para dar marcha atrás al nombramiento de la magistrada que fue propuesta, de forma indebida, por el gobernador Cuitláhuac García, para sustituir al magistrado Lezama Moo.
Pero el tema no queda ahí. Otro magistrado de los seis que fueron removidos, Roberto Dorantes Romero, quien ya había ganado un amparo para no ser retirado de su cargo, acudió una vez más a la justicia federal para denunciar que el Poder Judicial de Veracruz desatendió la suspensión dictada por el juez de distrito y lo removió de su puesto.
“Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérasele (al Poder Judicial de Veracruz) para que en el término de tres días, legalmente computado, justifique el total cumplimiento al fallo protector o bien comunique el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que, de no cumplir, se le impondrá una multa”, le ordenan al Poder Judicial de Veracruz.
El Tribunal Superior de Justicia trató de evadir su responsabilidad y le respondió a juzgador federal que “se topó” con la Gaceta Oficial del Estado del 7 de julio en la que se plasma que el Congreso del Estado determinó que existen “vacantes definitivas” de las Magistraturas del Poder Judicial del Estado, entre las que incluyeron la de Dorantes Romero, por lo que pretendió “echarle la bolita” al juez de distrito, toda vez que le pide que “emita los lineamientos a seguir, para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito”.
La respuesta del juzgador federal fue contundente:
“Al respecto, se le reitera lo acordado el 6 de agosto actual, en el sentido que en la sentencia de amparo dictada en este juicio se expusieron de manera clara los efectos de la concesión; por lo cual corresponde a la autoridad responsable actuar en consecuencia, o en su caso, informar la imposibilidad legal que tenga para ello, para estar en aptitud de proveer lo conducente en este juicio”.
En pocas palabras, que estudien la sentencia emitida y la acaten en sus términos.
Y atrás de estos dos amparos viene el de la magistrada Gladys Pérez Maldonado, quien también consiguió una suspensión provisional para no ser removida de su cargo, pero que –lo mismo que sus colegas- fue víctima del desdén del Poder Legislativo a las sentencias de la justicia federal.
Es evidente, por las graves pifias en las que han incurrido los Poderes Legislativo y Judicial, que nadie les ha advertido a sus titulares de las graves consecuencias que tiene incurrir en el desacato de una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Son multas, inhabilitaciones y hasta sanciones penales.
Y entonces no habrá poder divino que los proteja.
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Epílogo.
Apenas se hizo público que municipios del sur de la entidad señalaban al secretario de Fiscalización del Congreso local, Everardo Domínguez Landa de estar pidiendo “moches” para ayudar a los ayuntamientos a solventar las observaciones de la Cuenta Pública 2018, y ahora resulta que le acaban de “ordenar” que audite, de manera extraordinaria, a 46 tesorerías municipales “con la finalidad de transparentar el uso correcto de los recursos públicos”. Como reza el dicho: “La Iglesia en manos de Lutero”. *** Era obvio que el gobernador Cuitláhuac García se iba a pronunciar por que no se apliquen sanciones económicas a aquellos ciudadanos que no porten cubrebocas cuando transiten por lugares públicos. Sería como señalar a su jefe político, el Presidente López Obrador, quien ha sido el más renuente ára isar esa medida de protección contra el coronavirus. *** Podrán decir misa nuestras autoridades y jurar que están haciendo las cosas “muy bien”, pero lo punico cierto es que el número de contagiados –y el de fallecidos- a consecuencia del Covid 19, sigue a la alza. *** El reporte técnico diario emitido por la Secretaría de Salud informó este jueves que los contagios acumulados son 505 mil 751, con 7 mil 371 casos notificados en las últimas 24 horas. El registro acumulado de fallecimientos llegó a 55 mil 293, con 627 confirmados de miércoles a jueves. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que en el tema de ocupación de camas generales, la media nacional se mantiene en 40 por ciento, es decir, con un punto porcentual menos, y por segundo día consecutivo todas las entidades tienen al menos 30 por ciento de disponibilidad, y más de la mitad tienen un 50 por ciento de disponibilidad. *** En el caso de camas con ventilador también se presenta una disminución de la demanda de uno por ciento, para alcanzar una tasa de 34 por ciento a nivel nacional, por lo que 92 por ciento de los estados tienen 50 por ciento o más de disponibilidad de camas para atender pacientes críticos de Covid-19.